Fiscales priorizan los delitos resonantes sobre los simples hurtos

La aplicación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) y algunos desajustes que deben corregirse en la comunicación entre la Policía y los fiscales, y estos con los jueces, continúa causando malestar en algunos ciudadanos víctimas de delitos menores, como el caso de los hurtos. Entre las aproximadamente 28 mil denuncias mensuales que ingresan a la Fiscalía General de la Nación siguen habiendo casos como el de Javier, un ciudadano de Maldonado al que el 8 de febrero le robaron la moto, y supo durante una semana dónde se encontraba gracias a un chip que le había instalado, pero no pudo recuperarla.

"Cuando me tomaron la denuncia –contó Javier– me dijeron que no podían hacer mucho, que tenían las manos atadas, porque estaba el tema de los mexicanos". Es decir, hacía dos días que 14 mexicanos –todos cumpliendo hoy prisión preventiva en Uruguay– se habían llevado cerca de US$ 3 millones de dólares en mercadería de la joyería Sensation du Temps del hotel Enjoy de Punta del Este, y eso tenía a la Policía de Maldonado muy focalizada.

La orden de allanamiento, según Javier, no se habilitó sino hasta el 15 de febrero, aunque el fiscal del caso, Rodrigo Morosoli, sostuvo que fue antes de esa fecha. Como sea, cuando la policía entró a la vivienda el delincuente ya había destruido el chip, y había desaparecido. Javier, incluso, le había pasado las coordenadas exactas de la ubicación de su moto a la Policía: estaba en un hangar en los alrededores el barrio Cerro Pelado. "Y ellos mandaron un patrullero para inspeccionar el lugar, pero no hicieron nada, porque no tenían autorización", contó Javier. Por su parte, Morosoli dijo a El Observador que "ni bien" recibió la notificación de la denuncia solicitó un allanamiento al juez, que se realizó de inmediato, "pero sin resultado positivo". No obstante, dijo que "condicionó que hubiera una sobrecarga de trabajo, debido al robo de las joyas". Y agregó: "Intuyo que puede haberse generado algún retraso en alguna denuncia, porque la Policía estaba, obviamente, abocada a resolver el caso del asalto" al hotel Enjoy.

La nueva unidad de Depuración, Priorización, Asignación (DPA)que distribuye las denuncias entre los fiscales que ingresan al ministerio público, maneja, entre otros criterios, el "impacto" del delito implicado, priorizando crímenes graves como los homicidios y rapiñas, según dijo la responsable de implementación del CPP, Patricia Marquisá.

Por eso la banda de mexicanos que asaltó la joyería de Punta del Este, la de chilenos que asaltaban cajeros automáticos, o la de argentinos que clonaban tarjetas electrónicas fueran capturados en pocos días, mientras que otros casos de menor publicidad no han sido resueltos, o las víctimas no fueron indemnizadas. Este también es el caso de Federico, a quien el mismo jueves 8 de febrero por la noche, un ladrón le entró a su casa de Malvín mientras su familia no estaba, se robó un sillón de mimbre y otras pertenencias que nunca recuperó. El mismo individuo intentó entrar en dos oportunidades al otro día hasta que los vecinos lo atraparon y llamaron a la Policía. "Envié todo el material visual que tenía de mis cámaras de seguridad, pero nunca se comunicaron conmigo, y encima me enteré que al otro día lo dejaron libre", dijo Federico. El fiscal de este caso, Carlos Negro, dijo a El Observador que pactó con la defensa la "suspensión condicional del proceso". Es decir: dejar sin efecto el juicio a cambio de que el imputado se sometiera a un tratamiento contra las drogas.