Gobierno apura leyes y decretos para cumplir compromisos con UPM

El gobierno rubricó el acuerdo marco de inversión con la empresa finlandesa UPM para la instalación de una nueva planta procesadora de pasta de celulosa y ya comienza a moverse para poder cumplir con los plazos previstos para la segunda y tercera etapa del proceso.

Un punto que ocupa especialmente al gobierno es la puesta en marcha de la construcción del ferrocarril. Tras efectuarse la apertura de la licitación y tener la constatación -desde hace tiempo- que hay varios interesados, la prioridad ahora es que el proceso no se empantane.

En ese marco es que el Ejecutivo envió este martes al Parlamento un proyecto de ley que autoriza la transferencia de recursos económicos desde el Fondo de Estabilización Energética (FEE) a Rentas Generales para utilizarlos en las obras de infraestructura que requiere el país.

El Fondo de Estabilización Energética fue diseñado para mitigar subas de tarifas cuando se registran sequías. Pero dicho fondo generó excedentes por US$ 180 millones que, según anunció en junio el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, se usarán para facilitar la operativa de los privados cuando se comience con las obras de infraestructura.

"Nos parece que disponer de esa ayuda para financiar algunas inversiones fundamentales de UPM de las que Uruguay necesita para instalar la nueva planta es muy importante", señaló el ministro en La Mañana de El Espectador.

Además del proyecto de ley mencionado, el gobierno se movió rápidamente esta semana con dos decretos que establecen cambios normativos que se instrumentaron a petición de UPM.

En el contrato entre las partes se establece que Uruguay "habilitará a operadores privados y públicos de licencias a largo plazo con un plazo inicial de mínimo 20 años que podrán renovarse por periodos subsiguientes".

Un decreto del Poder Ejecutivo del 6 de noviembre –un día antes de la firma del acuerdo- modifica el plazo de las licencias que se otorgan para los operadores ferroviarios públicos o privados, que pasó de dos a 20 años. En Uruguay las vías son propiedad del estado y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es el organismo encargado de conceder licencias de operación que se renuevan cada dos años.

El decreto, entonces, se hace "considerando que es necesario adecuar el plazo referido a fin de adaptarlo a la nueva realidad del modo ferroviario estableciendo un plazo más largo de las licencias de operadores ferroviarios a fin de posibilitar nuevas inversiones en material rodante ferroviario".

En el contrato entre el estado uruguayo y la empresa finlandesa se establece el diseño, financiamiento, ingeniería, construcción, operación y mantenimiento de una terminal portuaria especializada y exclusiva para celulosa y sus productos derivado, productos químicos, otros insumos necesarios para la producción de celulosa y otros productos forestales.

La empresa exigió que hubiera un "proceso competitivo" para otorgar una concesión portuaria por un plazo de 50 años a cambio de la construcción de la infraestructura referida.

Igual que con el caso del ferrocarril, el gobierno respondió a esta solicitud con un decreto por el cual amplía el plazo de concesión portuaria de 30 a 50 años "en mérito a que debe permitirse que los eventuales y futuros concesionarios exploten la obra otorgada durante un término que permita cubrir la inversión, las cargas del capital, amortización e intereses", según establece el decreto.