Gobierno argentino y Monsanto llegaron a un principio de acuerdo

En el preacuerdo Monsanto accede a brindarle al gobierno el control de los granos de soja exportados. El encargado de hacer los análisis correspondientes será el Instituto Nacional de Semillas (Inase), que también delegarán la supervisión a la Bolsa de Cereales de Rosario, entre otros organismos, informó la agencia Bloomberg.

Desde la multinacional señalaron que fue clave en las negociaciones la reunión con Gustavo Lopetegui, coordinador del equipo económico del gobierno argentino, luego de la carta enviada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos pidiendo una resolución al tema. El avance se dio luego de muchos encuentros entre la multinacional y el ministerio de Agroindustria, y de tres reuniones con la intervención de autoridades de la Jefatura de Gabinete.

Desde la compañía no realizaron anuncios formales, pero indicaron que "estamos bien encaminados", y que están teniendo "conversaciones positivas".

En misma línea se manifestaron fuentes del Gobierno: "reconocemos que hay buena voluntad de las partes y buen diálogo, pero somos cautos. En los próximos días habrá definiciones", señalaron.

El conflicto se intensificó cuando la empresa comenzó a cobrar de manera compulsiva por la semilla de soja Intacta (resistente a glifosato y a insectos), que los productores multiplican por cuenta propia y de manera informal. Monsanto acudió a un sistema de control sobre el grano en los puertos a partir de una cláusula en los contratos de compra-venta.

El cobro a través de este medio resulta más costoso que pagar cuando se compra la semilla. El monto en caso de confirmarse la informalidad es de hasta US$ 15 por tonelada.

Lo que criticaron los productores es que la multinacional implementó un sistema propio de control en los puertos, y fue en ese punto en el que el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, apoyó al sector local, ya que una compañía privada no tiene derecho a ejercer descuentos compulsivos.

Por eso Agroindustria dictó la Resolución 140, que obliga a Monsanto a contar con una homologación oficial. De ahí que Buryaile afirmara: "creen que están por encima del Estado y por encima del presidente Macri".

Argentina es el tercer productor mundial de cultivos genéticamente modificados, con 24,5 millones de hectáreas, detrás de Estados Unidos y Brasil, por lo que la resolución de la disputa sienta precedente a nivel global. Brasil y Paraguay realizan el pago de la regalía con el fundamento de reconocer la propiedad intelectual. Pero los productores rurales locales acusaron a Monsanto ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por "posición dominante".

Durante la puja, la justicia se negó a concederle a la Federación de Acopiadores de Granos una medida cautelar para frenar la denominada "cláusula biotecnológica". A la vez, la Cámara de Comercio de Estados Unidos envió una carta en la que pidió al Gobierno que trabajara para llegar a un acuerdo con la empresa. El propio CEO de Monsanto, Brett Begemann, se presentó en el país con el fin de darle una salida al conflicto.

Asimismo, en la escalada Monsanto anunció que suspendía el lanzamiento de la variante Extent, y ordenó a sus proveedores de semillas que destruyan o quemen la semilla que ya había sido incorporada por algunas empresas.