Las cosas que el Kiki nos enseñó

La muerte del Kiki llenó la esporádica demanda social de linchamiento, al son de nuestros miedos. Y luego otra vez a adormecernos, detrás de más cerraduras y muros, mientras el cáncer crece en las entrañas.

Hubo cierta caída de las rapiñas denunciadas en 2016 y 2017, por primera vez en más de tres décadas, después de mucho esfuerzo e inversión. Sin embargo, la cantidad de delitos sigue siendo indecente bajo cualquier criterio. La mayor parte de América Latina está peor, suele argumentarse, pero cada pueblo se compara consigo mismo y con lo que pudo ser.

Uruguay está muy mal consigo mismo. En 1984 se denunciaron 763 rapiñas y 100 homicidios, antes de que se recuperaran plenamente las garantías personales (y comenzara a perdérsele el miedo a la Policía). En 2017 se denunciaron 19.418 rapiñas y 283 homicidios. Ese aumento de 2.445% en las rapiñas y de 183% en los homicidios son la medida exacta del fracaso.

También es una prueba de que el delito sigue una ruta relativamente independiente de la pobreza, pues sus causas son complejas. La delincuencia tiene una dimensión cultural que es tan o más importante que la dimensión económica. En todo caso, se explican recíprocamente. Los indicadores económicos suelen variar radicalmente según la coyuntura, pero el delito es mucho más persistente.

El discurso dominante era que el delito se desplomaría apenas se erradicaran sus causas socio-económicas. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ha dicho que esa mirada forma parte de la "ingenuidad galopante" de la izquierda, que olvidó asuntos cruciales como la prevención, la disuasión y la represión.

En el Ministerio del Interior, con buen criterio, examinan cómo la ciudad de Nueva York redujo los homicidios 85% desde 1990, cuando el apogeo del crack y del delito.

La pobreza suele medirse solo según una línea de ingresos. Es mucho más difícil evaluar otros factores decisivos: trama familiar, nivel educativo de padres e hijos, aptitudes laborales, calidad de la vivienda y de otros servicios.

Medida por ingresos, la pobreza y la indigencia alcanzaban a alrededor del 40% de la población uruguaya en 1986, después de la gran crisis de 1982. En los años siguientes se fueron reduciendo, hasta alcanzar un mínimo de 11,7% en 2001. Tras dar otro gran salto durante la crisis de 2002-2003, un nuevo ciclo de auge hizo que la pobreza y la indigencia cayeran a menos de 10% de la población.

Pero hay mucho espejismo en todo eso. Un amplio sector de los empobrecidos en 1982 y 2002 tenía herramientas familiares y culturales para salir del pozo apenas la economía rebotara, como efectivamente sucedió. Por el contrario, muchos de los uruguayos que viven en una subcultura marginal, que crece con más rapidez que los sectores integrados, no se hunden en tiempos de crisis, porque ya están muy abajo, pero tampoco emergen en los períodos de auge, aunque consuman más.

La fractura es evidente. La mayor parte de los jóvenes no termina siquiera la enseñanza secundaria, y solo puede aspirar a empleos de bajísima calificación y fácil reemplazo. La desesperanza es un gran aliado de la delincuencia.

Las "políticas sociales" uruguayas no están siendo evaluadas de manera abierta y crítica, para corregirlas. Ya no pueden sacar personas de la pobreza: más bien tienden a mantenerlas en ella.

Los sistemas de bienestar o desarrollo social se crean con un fin. Andando el tiempo, esa misión se olvida, y el aparato se transforma en un fin en sí mismo. El aparato burocrático tiende a convertirse en una herramienta de sectores políticos para emplear a sus militantes y amigos, y para consolidar fidelidades.

La exclusión social se perpetúa y el narcotráfico se expande como un miasma, con sus territorios liberados, y sus ejércitos de consumidores, sicarios y prostitutas. Uruguay no es la excepción latinoamericana, sino que, como en otros aspectos, va un poco por detrás de las catástrofes que sufren los demás.

Solo una cultura de tolerancia cero ante las transgresiones, junto a una enseñanza eficaz e integradora, al pleno empleo, una Policía eficaz y respetada y a un sistema carcelario modélico pueden reducir drásticamente la delincuencia. Y además se requiere paciencia, pues los resultados se ven en el largo plazo. Eso es lo que muestra la experiencia internacional exitosa. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Uruguay parece haber tomado el camino inverso: superabundancia de diagnósticos y justificación permanente del fracaso, más un discurso hipócrita.

Lo único seguro es que el año próximo estaremos un poco peor.