La declaración de independencia de Cataluña, realizada este viernes por el Parlamento catalán, genera tanta incertidumbre como escenarios posibles al momento de proyectar el futuro inmediato de una de las regiones más prósperas de España y que aporta cerca de 19% al Producto Interno Bruto del país.
El gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular) se apresuró a calificar de ilegal y antidemocrática la declaración, como lo había hecho en los últimos días apenas estalló la crisis catalana luego del referéndum independentista del pasado 1 de octubre.
La declaración de Cataluña implicó una inmediata intervención por parte del gobierno central. Ello en los hechos supone la aplicación del controvertido artículo 155 de la Constitución, vigente desde 1978, y que nunca fue aplicado hasta este momento.
De hecho, el Senado español autorizó al gobierno a poner en práctica ese artículo, casi al mismo tiempo que el Parlamento catalán proclamaba la existencia de la república independiente.
Al aplicar el artículo, Madrid tomará las riendas del gobierno catalán, lo que implica el cese de todas sus autoridades, con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont a la cabeza, la asunción de distintos servicios públicos, la disolución del Parlamento catalán y la convocatoria a elecciones regionales anticipadas, lo que se prevé realizar de aquí a seis meses.
De todas formas, la intervención no será sencilla porque si bien la población de Cataluña –de unos 7,5 millones de habitantes- está profundamente dividida en torno a la secesión, las muestras de apoyo a la independencia volvieron a ser palpables este viernes.
Cientos de miles de personas se volcaron a las calles para celebrar, al tiempo que ya hubo anuncios de parte de organizaciones sociales y de un influyente sindicato docente respecto a que apenas se produzca la intervención se llamará a una "desobediencia civil".
Precisamente, ese puede ser un problema serio. Por un lado, parte de la población civil está dispuesta a resistir -aunque pacíficamente- en las calles; por otro, el gobierno está en condiciones de enviar nuevamente a la Guardia Civil a Cataluña, como ya ocurrió el pasado 1 de octubre.
Y ese factor, nada menor, puede ser el desencadenante de protestas, fricciones, tensiones y, sobre todo, incidentes, entre policías mandatados para hacer respetar el orden institucional y ciudadanos molestos por la intervención y la pérdida de la autonomía de la que los catalanes se han preciado de mantener con orgullo desde que terminó el franquismo.
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