Cada gobierno suele tener un buque insignia. La actual administración no lo ha publicitado demasiado, pero, teniendo en cuenta las prioridades presupuestales y los discursos de campaña, hay un objetivo clave para el quinquenio: reducir “significativamente” el porcentaje de niños que viven en hogares bajo la línea de pobreza. Es una promesa que, además, cuenta con el aval del sistema partidario.
El Instituto Nacional de Estadísticas publicará en menos de tres semanas los nuevos datos de pobreza y el resultado es para los técnicos una obviedad: la aguja no se va a mover, un tercio de los menores de seis años seguirán viviendo en hogares pobres, y Uruguay continúa a la cabeza regional como el país con mayor infantilización de la pobreza.
La directora de Uruguay Crece Contigo (UCC), Virginia Cardozo, considera que “el gobierno está orientando bien las prioridades”: en captación de las embarazadas más desfavorecidas para ayudarlas antes de que nazca el bebé, en extensión del tiempo de las escuelas, en bridar la alimentación en los centros educativos (incluyendo el liceo), promover el trabajo en las mujeres jefas de hogar, en quizás aumentar las trasferencias (como parece estar saliendo del diálogo social).
La médica, acostumbrada a trabajar desde hace años con los más pobres, entiende las restricciones económicas que les ha explicado el Ejecutivo. Sabe que hay que cuidar las inversiones, los puestos laborales, el equilibrio y que “aquí nadie está planteando la revolución socialista”. Pero, a la vez, dice que “el margen fiscal también es una decisión política”. ¿Cuál es la receta para aumentarlo? No se anima a dar una solución mágica: “puede ser con gravar al 1% de los más ricos o con cualquier otra vía”, pero “está claro que con los recursos disponibles, incluso con los que habilita el nuevo presupuesto que rige desde ahora, no basta para mover los cimientos, la estructura”.
Un mes atrás, en entrevista con El Observador, Hugo Bai, coordinador del diálogo social, admitió que se está “un poco lejos” de la etapa de revisión de las transferencias, pero citó que si el valor de una canasta básica alimentaria cuesta unos $ 6.300, ese debería ser el monto aspiracional del incremento (una duplicación del promedio actual). Y eso que la canasta del INE se calcula en base a calorías y no nutrientes, lo que sube todavía más llegar a la alimentación balanceada y de calidad (como había demostrado del equipo especializado de la Universidad de la República).
Pero tanto con Bai como Cardozo, cada uno en entrevistas distintas y desde distintos roles, coinciden en que la solución no es solo una cuestión de dar dinero y fingir así que se acaba la pobreza medida por ingresos.
Vivienda, chatbot de ayuda a la embarazada y “llegar a tiempo” a los que menos tienen
El Estado uruguayo —incluyendo las instituciones y sus protocolos de acción— parece un puzle enorme. En ese rompecabezas muchas veces están las políticas para darles las garantías a los niños y adolescentes, solo que, al no encajar correctamente una pieza con otra, o no tener en cuenta cómo atender aquellos casos que caen en los agujaron todavía no completados del puzle, se dan muertes que pudieron evitarse, violencias que no son atendidas, fallos judiciales a los que el propio Estado a veces debería apelar y un largo etcétera.
Se supone que para zurcir parte de ese rompecabezas se votó por unanimidad en la legislatura anterior esta ley de garantías (que se la abrevia como Gapia, aunque la prensa también la ha llamado la ley Lustemberg por la hoy ministra de Salud que fue la principal impulsora).
La ley se reglamentó y empezó a funcionar el gabinete que mandata la ley. La médica Cardozo, integra el comité de asesores que le empezó a buscar la vuelta a cómo reparar esos casos en que las respuestas que tiene el Estado no son las que necesita parte de la población, o cómo mejorar los sistemas de alertas, cómo hacer que técnicos apelen decisiones judiciales cuando entienden que hay riesgos graves, cómo mejorar los tiempos de respuesta.
“No es una comisión que se crea como organismo adicional para burocratizar todavía más, sino para lo contrario: para pensar cómo actuar cuando hay vacíos y que ayude a dar las respuestas de instituciones que ya tiene el Estado que ya trabaja con la población objetivo”, dice Cardozo, ahí con un tono más institucional y sabiendo que en repensar algunos protocolos y mecanismos de protección cae el asesinato del adolescente Jonathan Correa el cual pudo evitarse.
La doctora habla por momentos con la clásica jerga técnica de “territorios”, “transversalidad”, “multicausal”, pero cada tanto baja al terreno, a esa policlínica en la que ella misma tuvo que judicializar casos al ver la violencia que padecían algunos pacientes y reconoce la necesidad de seguimiento, de que “el Estado dialogue con el propio Estado”, de que hayan sistemas que disparen alarmas si fuera necesario y hasta “casos en los que no cuajan en ninguna respuesta porque no cumplen algunos requisitos pero son víctimas a las que no vemos y hay que ver”.
En ese Estado que pareciera no dialogar del todo con el propio Estado, Uruguay Crece Contigo empezó a recibir recién este 2026 los datos en tiempo real del Sistema Informático Perinatal (ya sea del control del primer embarazo o de un niño recién nacido si se llenó mal el control o no lo hubo) para, con el número de documento de la madre, cruzar la información que ya posee el Ministerio de Desarrollo Social y actuar con trasferencias y apoyos en tiempo y forma.
El proyecto viene de la gestión anterior y con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas, pero todavía no logró despegar en todo su potencial.
UCC atiende unos 5.000 casos al año. Los nuevos datos informáticos que recibió le dan a entender que hay unos 3.500 nacidos por año que están en hogares que reciben TUS doble (la tarjeta del Mides duplicado el monto y que va a los más pobres). Pero, con la información, también pudieron constatar casos que reciben la TUS simple (hogares pobres, pero no tan extremos) en que hay factores de riesgo que implican dar prioridad: bajo peso al nacer, falta de controles de embarazo, prematurez.
Los técnicos del Mides que trabajan en el área son conscientes de que van a requerir en un momento ampliar su capacidad de acción y, a la vez, determinar mejor brechas que puedan haber en el terreno (entre municipios, localidades, fallas del sistema…).
Y es entonces donde vuelven a conectarse las ideas de Cardozo y Bai: se requiere una inyección de dinero más amplia y más diálogo con otras partes del Estado.
El programa Crece desde el Pie que promueve el gobierno de Yamandú Orsi es por ahora incipiente: “se ha llegado a 80 embarazadas o mujeres que recién parieron, en cuatro departamentos distintos, para darles soluciones antes condiciones habitacionales críticas”. Un piso de material, un baño propio, un techo que no se llueva.
Cardozo dice que es solo el comienzo piloto y que ahora “la idea es escalar con el Ministerio de Vivienda a más departamentos y casos”. Eso no son transferencias concretas, sino “dar condiciones mínimas de dignidad”.
La unidad en que dirige la médica también promete “volver al set de bienvenida universal, para todos los recién nacidos”. En el carnet de la embarazada hay un código QR para informarse, ahora con inteligencia artificial están condensando toda la información clave de crianza para que cualquiera pueda interactuar con un chatbot y hacer preguntas, obtener respuesta y “cuando sea un caso que amerite otra respuesta o actuar con más potencia desde el Estado se pueda derivar a hablar con un humano que lleve el caso”, explica Cardozo.
Son esfuerzos que, vuelve a sacarse el casete, “van en la dirección correcta, en lo que recomienda Unicef y la evidencia científica, pero que no basta para mover la aguja para un país de las características de Uruguay”: una democracia plena en la que cada vez nacen menos niños.
