A las 16.28 del 28 de febrero de 2025 nació Oriana Pereira. Fue por parto natural, tras 37 semanas de una gestación que nunca fue controlada. Dio positivo al test de marihuana y cocaína que le había trasmitido su madre, una veinteañera con una adicción que no podía domar, con sífilis congénita, con compromiso respiratorio y hepático que los propios médicos que la asistieron, en los primeros días en un hospital de Colonia, dejaron en claro: Oriana empezó a morir incluso antes de nacer.
Oriana lloraba mientras su madre, que “pasaba acostada en un sillón” del hospital, no reaccionaba. Cuando la visitaba el padre, pasaba lo mismo. A los médicos les costaba establecer una comunicación, comentan que los familiares iban desprolijos. Todo consta en los detalles que dan los técnicos ante la Justicia el 13 de marzo. Y el informe es contundente: “Surge alarma en cuanto a la situación social y familiar de la bebe, dejándose constancia que los padres no indicaban familiares como referentes de cuidado”.
Ahí la competencia la asume de urgencia uno de los jueces de Familia Especializada y empieza a intervenir el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). El magistrado ordena la hospitalización social de la bebé —que no le den el alta hasta que se sepa quién va a cuidar de ella—, intima a los padres a que documenten a la niña (que seguía sin los papeles básicos), y da unos 10 días para que los técnicos de INAU evalúen quién puede hacerse cargo.
Hay visitas a la pensión en Tarariras (Colonia) en la que vivía el padre de manera temporal con resultados contradictorios. El perito del Instituto Técnico Forense dice “llama la atención la prolijidad e higiene del espacio”. El INAU cuestiona las condiciones habitacionales, y el riesgo que supone la informalidad en la que trabaja el padre, haciendo changas en la construcción, por lo que pide que se busque otro referente más para la tenencia de la niña.
Encuentran a una hermana del padre dispuesta a hacerse cargo. Es una chica de 19 años que vive en un asentamiento de Montevideo, en un pasaje al que ni siquiera el auto de Google Street View detecta.
El juez les da la tenencia al padre y a esa hermana de 19 años. A la madre le exigen que haga un tratamiento contra las drogas.
Solo faltaba que esa tía fuera a buscar a Oriana (desde Montevideo) hasta el hospital en Colonia para llevársela a vivir al asentamiento. El INAU se hacía cargo de los pasajes y le depositan el dinero. La llaman, le dan aviso y se compromete a acudir sin falta. Ya es 2 de abril.
Un día después (el 3 de abril) vuelven a llamar a la tía para asegurarse que iría a buscar a la bebé. No responde el teléfono y le dejan un mensaje de voz. Intentan ubicarla a otro número, de otro familiar. La tía (y nueva tendedora legal) atiende. La respuesta sorprende:
— “Yo ya le dije a mi hermano que no voy, ayer le dije, y le mande mensajes porque no me atendía el teléfono, además tengo muchas cosas para hacer acá, y me agarré gripe, me siento re mal y yo acá tengo mi trabajo”.
—¿Usted se arrepiente de lo acordado en la audiencia de que se haría responsable?
—Sí.
Una educadora firma un informe con una conclusión clara: “No estarían dadas las condiciones para que la bebé quede sola al cuidado de sus progenitores. Agregándose que este equipo en la búsqueda de redes familiares no identifica adultos referentes para acompañar a estos progenitores y responsabilizarse de garantizar los cuidados básicos”.
Por razones que ahora el INAU investiga —y que incluso podría llevar a la apertura de sumarios— el juez no cambia de decisión y la pequeña (y cada vez más abandonada) Oriana va a parar a lo de la tía, en el asentamiento.
El vicepresidente del directorio del INAU, Mauricio Fuentes, no le escapa a la autocrítica de su institución: “Hay una resolución judicial que podría dejar dudas de las garantías de protección. El Poder Judicial es quien tiene la decisión. La pregunta es: ¿acaso el INAU no tendría que haber apelado o intervenido para proteger a esa niña?"
Su pregunta retórica va acompañada de una afirmación todavía más tajante: “La urgencia más grande que tenemos como institución tiene que ver con cómo garantizar los mecanismos de protección (de los niños, niñas y adolescentes) de manera prioritaria”. Y eso implica la revisión de protocolos, coordinaciones e investigar todavía más a fondo por lo que pasó unos días (y meses) después.
Desidia y poca protección
Como la pequeña Oriana cambiaba de departamento, desde el INAU Colonia le enviaron la información a Montevideo. Una, dos, tres… hasta cinco hojas mal escaneadas. No se leía nada. No se veían los oficios de la Justicia, siquiera los tiempos de cumplimiento de las medidas.
Como ocurre en las burocracias, en que los papeles pasan de despacho en despacho, que cae semana de Turismo, que hay días no hábiles… los tiempos se dilatan. La vida de Oriana se acorta.
El vicepresidente del INAU insiste: “Hay tiempos que pueden no haber sido los adecuados. Hay procedimientos que cumplir, protocolos que tal vez hay que afinar. Pero la protección del niño tiene que estar incluso por encima de cualquier proceso administrativo”.
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Oriana nunca había sido llevada a un control médico desde su alta hospitalaria. Por eso un pediatra de ASSE llama a la tía (y tenedora) para avisarle la necesidad de fijar una consulta a la brevedad. La tía le responde que el padre y la madre de la beba se la dejaron por unos 15 días, cuando regresaron se la llevaron de forma impuesta y no sabe su paradero.
Es 23 de abril de 2025. Se activan las alarmas institucionales. Aunque esas alarmas parecen no haber sonado tan fuerte como para despertar otras acciones.
Le explican a la tía la gravedad del caso, que ella era responsable a nivel legal y debía radicar una denuncia. Desde ASSE intentan una seguidilla de agendas con pediatra a la que nadie concurre. Los progenitores no atienden.
Recién a fin de mayo hay una respuesta concreta del padre: “Estamos en San Luis nosotros, no hemos ido a Tarariras”. ¿El paraje San Luis de Canelones?, preguntan los técnicos por mensaje de audio de Whatsapp. Un audio que nadie responde.
Unos días después, ASSE intenta comunicarse y no hay respuesta. Tampoco concurren al control pediátrico del 9 de junio.
Se acercaba la fecha de la ecografía de caderas, tampoco asisten.
En todo ese tiempo el INAU estaba al tanto del paradero desconocido de la niña y que no se estaba asistiendo a los controles médicos fundamentales (lo sabía desde el 23 de abril por correo electrónico que consta en la documentación a la que accedió El Observador).
En la mañana del 18 de junio, la departamental de INAU en Colonia toma conocimiento de que la bebé había fallecido. Estuvo abandonada más de 17 horas en una pensión de Tarariras. O "abandonada" desde mucho antes.
La jueza Xenia Pedrozo lo redacta clarito: “INAU tenía conocimiento desde el 23 de abril de 2025 (dos meses antes del correo enviado a la Justicia avisando el fallecimiento de la bebé) que la señora (nombre de la tía) no estaba al cuidado de la niña y no surge de autos si se dio cuenta por dicha institución y quién intervino”.
Dos meses sin saber de una bebé cuya protección y fragilidad había quedado de manifiesto desde su primer llanto. La autopsia determinó la causa de muerte específica, pero la Fiscalía pidió la reserva del detalle hasta que se aclare las responsabilidades penales.
—¿Hubo una falla del INAU?
— Es claro que hubo una falla. La niña falleció. Y falleció en un contexto en que, como Estado, no sabíamos dónde estaba. Existió ese vacío. Eso es indudable. Luego las investigaciones que iniciamos determinarán en qué más específico se falló y si caben responsabilidades —, Fuentes habla despacio, sin querer incidir en los procesos de investigación y haciendo una autocrítica a la que invita al resto de instituciones que intervinieron para “valorar qué se hizo mal y no vuelva a suceder”.
