La comisión de Hacienda y la de Transporte de la Cámara de Diputados comenzaron este miércoles a tratar el proyecto de ley que plantea reducir el monto de las multas de tránsito por exceso de velocidad en un ambiente de cierto consenso entre oficialismo y oposición.
El proyecto fue presentado por tres diputados opositores pero bien recibido por el Frente Amplio que reconoce que algunos valores de las multas “son excesivos”. “Es un tema que vale la pena discutir con cabeza abierta. En algunos casos los valores son excesivos”, dijo en rueda de prensa el diputado oficialista Sebastián Valdomir.
Cada vez que se aborda el tema, desde el Frente Amplio aclaran que se trata de un tema delicado y que Uruguay tiene un problema de seguridad vial que en 2025 le costó la vida a 470 personas por lo que es necesario abordarlo con prudencia.
“La experiencia práctica en la aplicación del régimen vigente ha evidenciado situaciones en las cuales la cuantía de las multas por exceso de velocidad no siempre guarda una adecuada relación con la entidad de la infracción, las circunstancias del hecho ni el grado de riesgo generado. Tal desproporción no solo puede generar efectos injustos en casos concretos, sino también debilitar la legitimidad del sistema sancionatorio y su aceptación social, elementos esenciales para su eficacia preventiva”, dice la exposición de motivos del texto que fue presentado por el diputado Rodríguez este miércoles en comisión.
Para los promotores de la iniciativa queda claro que “la severidad de las multas” no ha logrado el objetivo esperado de reducir las infracciones de tránsito ni, por ende, la siniestralidad vial. Los datos oficiales, dice el proyecto, revelan un aumento sostenido en el número de siniestros, lesionados y fallecidos tanto en rutas nacionales como en los distintos departamentos.
De acuerdo a los datos de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) en 2025 hubo 22.475 siniestros con 28.326 lesionados y 470 fallecidos. Todos los indicadores empeoraron respecto al año anterior lo que consolida un crecimiento sostenido desde 2020.
El actual monto de las multas fue fijado en 2023 mediante un acuerdo entre las intendencias y el gobierno nacional luego de cerca de seis años de negociaciones que permitieron unificar los valores a nivel nacional. Entre 2023 y 2024 el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) recaudó un total de US$ 144 millones a partir de unas 900 mil infracciones cobradas.
Sin embargo, esos montos están muy lejos de la recaudación potencial ya que actualmente hay un alto nivel de morosidad. Según dice la exposición de motivos del proyecto, en 2023 solo el 32% de las multas aplicadas fueron pagas (330 mil de 1.020.413) y en 2024 fue de 29%. Es decir, dos de cada tres multas que se ponen no se pagan. “La severidad de las sanciones genera evasión en lugar de disuasión”, dice el texto.
Sin embargo, en ese punto la visión del Frente Amplio es distinta a la de la oposición. Para el oficialismo ese nivel de morosidad se generó a partir de que en la administración anterior encabezada por Luis Lacalle Pou se aprobara una normativa que prohíbe a las intendencias atar el pago de la patente con el de las multas. Es decir, hasta entonces las intendencias no permitían pagar la patente si el vehículo tenía deudas por infracciones de tránsito.
Eso se modificó en 2023 a impulso del senador blanco Sebastián da Silva y las tres intendencias que entonces pertenecían al Frente Amplio (Salto, Montevideo y Canelones) presentaron recursos de inconstitucionalidad por separado por entender que se estaba lesionando la autonomía departamental. Con conformaciones distintas, la Suprema Corte de Justicia rechazó en febrero los planteos de Salto y Canelones pero le dio la razón a Montevideo que podría volver a condicionar un pago al otro.
“La morosidad se vio alimentada por la Rendición de Cuentas de 2023. Ahora la Suprema Corte de Justicia la dio la razón a Montevideo”, dijo a El Observador el diputado oficialista y exdirector de Movilidad de la Intendencia capitalina, Pablo Inthamoussu.
De todos modos, desde el oficialismo insisten que las multas no tienen un fin recaudatorio sino que se trata de una herramienta para “corregir una conducta” y por eso, explicó Inthamoussu, es necesario mantener los descuentos que se aplican por pagar rápido.
“No puede pasar mucho tiempo entre que se comete la infracción y el pago de la multa porque pierde el efecto. Si el infractor paga dentro de determinado plazo, asocia la infracción a la sanción”, explicó Inthamoussu. Ese fue un tema que se habló en la primera sesión de la comisión y en el que los impulsores de la iniciativa se mostraron receptivos.
“Es el efecto ‘psicológico’ para llamarle de alguna forma. Creo que lo podemos estudiar”, aseguró el colorado Rodríguez.
Los cambios
El texto presentado por el blanco Sebastián Andújar, el colorado Conrado Rodríguez y el cabildante Álvaro Perrone propone reducir a la mitad el monto de las multas por exceso de velocidad salvo en el caso de que se sobrepase el límite por más del doble de lo permitido.
De aprobarse el proyecto tal como está, si un conductor sobrepasa el límite de velocidad por hasta 20 kilómetros por hora la multa bajaría de 5 unidades reajustables ($9.555) a 2,5 ($4.778), si lo hace por entre 21 km y 30 km pasa de 8 UR a 4 UR y si lo hace por entre 31 km y el doble menos 1 km pasa de 12 UR a 6 UR.
En el caso de superar el límite de velocidad por más del doble de lo permitido la multa bajaría pero no a la mitad: actualmente son 15 UR y pasaría a 12 UR ($ 22.932).
Avanza el Congreso de Intendentes
Por un tema de autonomía departamental, el Parlamento no puede definir el valor de las multas que cobran las intendencias por lo que el proyecto de ley, de ser aprobado, aplicaría solamente para las sanciones que aplica el Ministerio de Transporte en las rutas nacionales.
Es por eso que es clave que el Congreso de Intendentes avance en la misma línea que el Parlamento para que los cambios tengan un efecto sobre todas las multas. Además, tal como planteaba Inthamoussu, para el sistema político es importante mantener una política nacional en este tema y que el monto de las multas sea el mismo en todo el país.
El Congreso de Intendentes viene avanzando en paralelo en el asunto y a fines de febrero conformó una comisión para “readecuar” el monto de las multas.
"Adecuar valores para que sean multas pagables para el bolsillo de un trabajador, pero que persigan el fin que es mejorar la forma en la que manejamos los uruguayos", dijo en ese entonces el presidente del Congreso Nicolás Olivera sobre la intención de este grupo de trabajo.
