El exministro de Defensa Nacional, Javier García, aseguró que el gobierno de Yamandú Orsi basó su "relato" para rescindir el contrato con el astillero español Cardama en el informe de una consultora sancionada por Estados Unidos.
"El departamento de justicia de Estados Unidos sancionó en enero de este año con casi 6 millones de dólares a esta empresa que hizo este informe que fue utilizado políticamente para tirar abajo el contrato", sostuvo García, que era ministro cuando se decidió la compra de dos patrullas oceánicas a Cardama, en rueda de prensa luego de comparecer en la comisión investigadora de Diputados.
El senador nacionalista tildó de "una gravedad muy importante" el accionar del gobierno, al punto de preguntarse si existe un delito en este proceder.
La información a la que hizo referencia García refiere a un informe realizado por la consultora estadounidense Dun & Bradstreet, dedicada a evaluar el riesgo crediticio y la solidez de las empresas. El informe, tal como había informado El Observador en su momento, había sido encargado por un grupo de militares retirados y concluyó que Cardama era una empresa con una "alta probabilidad de quiebra".
Según García, el gobierno —que desde la oposición en el pasado gobierno se opuso a la firma del contrato con Cardama y cuestionó las credenciales y antecedentes de la empresa— "construyó un relato" y utilizó "políticamente" el informe de la consultora.
Archivo, astillero Cardama previo a la construcción de las OPV
Cardama Shipyard
El exministro de Defensa agregó que para el momento en el que se encargó ese informe, la Federal Trade Comission (FTC) de Estados Unidos había denunciado a la consultora por "prácticas comerciales engañosas", según surge en un documento con el resumen del caso que llevó el senador blanco a la comisión.
García agregó que la consultora "hacía cosas peores" como elaborar informes negativos contra las empresas para después venderles informes "para salvarlos". "Los hundía y después les daba el salvavidas", resumió.
Y agregó que este informe no fue contemplado durante la decisión de adjudicar la compra, pero que "se introdujo" en la investigación administrativa que encomendó la nueva administración de forma sospechosa. "No sabemos por quién, como si se hubiera 'plantado' para darle oficialidad", dijo.
Según García, las autoridades de Defensa del gobierno anterior decidieron comprar las dos patrullas oceánicas a Cardama basándose en informes de la Armada Nacional. "No hubo uno, hubo dos informes técnicos de la Armada Nacional que recomendaron la decisión que adoptamos", defendió.
El gobierno de Orsi resolvió rescindir el contrato y presentar una denuncia penal —además de iniciar reclamos a nivel internacional— por presuntas irregularidades en las garantías que presentó Cardama para obtener el contrato por US$ 92 millones.
