La integrante del Directorio del Partido Nacional, María de Lima, reconoció este martes que la fuerza política "no sabía" cuáles eran las funciones que cumplía Pablo Leiva, asesor del edil montevideano Gonzalo Gómez, quien fue condenado por lavado de activos en el marco de la Operación Trazador.
Consultada sobre si el partido había verificado qué tareas desarrollaba Leiva, De Lima respondió: "Nosotros eso no lo sabíamos, que no tenía funciones aún esta persona (...) No le preguntamos. O sea, como dijo que él estaba contratado para temas en el territorio... nosotros no sabíamos que él no lo hacía", explicó de Lima en entrevista en Todo Un Tema, un programa de El Observador Streaming.
"Nos sorprendió que no tuviera tareas asignadas"
Consultada sobre si el Partido Nacional había dado por sentado que el asesor efectivamente realizaba las tareas para las que había sido contratado, De Lima respondió que sí. Además, la dirigente aclaró que el control sobre la actividad de los asesores corresponde "a cada edil" y no al partido en cuestión.
Sobre la conferencia de prensa brindada por el edil Gómez, De Lima afirmó que no esperaban "mucho más de lo que pasó", pero que les "sorprendió que no tuviera tareas asignadas".
La dirigente consideró que, pese a las dudas que dejó la conferencia, Gómez había sido sincero al reconocer que Leiva no tenía tareas asignadas: "En el fondo fue sincera. Podría haber dicho Gómez: 'El fulano de tal hacía tal cosa, iba al barrio tal, hacía tal otra'. Dijo la verdad", sostuvo la nacionalista.
La dirigente evitó, sin embargo, adelantar qué consecuencias debería tener el caso para Gómez: "Yo no voy a dar mi opinión en qué creo que le va a pasar a él", respondió al ser consultada sobre si el edil debería renunciar o si corresponde que se limite a tomar licencia. Para De Lima, el episodio debería servir para abrir una discusión entre los partidos: "Creo que es algo que hay que sentarse todos los partidos políticos, sincerarse y hablar", señaló.
"Creo que hay algo que nosotros como partido tomamos la decisión, y que él mismo pidió, que es ir a Comisión (de Ética); donde van a estudiar el caso, donde van a hablar... y luego del veredicto de lo que entienda la Comisión, ahí el Directorio va a tomar decisiones. Porque es el Directorio que toma decisiones", sostuvo de Lima.
"Nosotros realmente estamos preocupados por esto (...) La Constitución dice que tienen que ser honorarios, o sea, hay que hacer un cambio sustancial ahí. Lo que digo es que es bastante perverso para ellos, ¿no? (...) Creo que hay que tomar la decisión de realmente tomar este tema. ¿Es modificar la Constitución? Sí, es modificar la Constitución", concluyó de Lima.
El caso vinculado a la Operación Trazador
La situación tomó relevancia luego de que Leiva fuera detenido y posteriormente condenado por lavado de activos vinculado a actividades de narcotráfico. El operativo permitió incautar 260 kilos de pasta base, más de $3 millones en efectivo, dólares, armas y municiones.
Gómez había contratado a Leiva como asesor en la Junta Departamental de Montevideo. Además, su hijo, Lucio Leiva, también se desempeñaba como colaborador del edil y fue detenido durante el operativo, aunque posteriormente quedó en libertad.
En declaraciones públicas, Gómez sostuvo que desconocía las actividades ilícitas de Pablo Leiva y reconoció que había cometido un "error" al contratarlo. También admitió que el asesor no tenía tareas específicas asignadas, pese a que inicialmente se había previsto que trabajara en territorio, elaborara informes y presentara iniciativas.
A la fecha, el edil Gómez pidió licencia en la Junta Departamental de Montevideo hasta que la Comisión de Ética del Partido Nacional se expida sobre su caso.
Pereira pidió más explicaciones y García respondió que el FA no tiene "autoridad política ni ética"
El caso también generó un cruce entre dirigentes del Frente Amplio (FA) y el Partido Nacional. El presidente del FA, Fernando Pereira, sostuvo que el Partido Nacional debería dar "un poco más de explicaciones" sobre el caso de Pablo Leiva y cuestionó que, a su entender, las explicaciones brindadas hasta ese momento habían sido insuficientes.
Pereira también vinculó el episodio con la discusión sobre el financiamiento de los partidos políticos y afirmó que el Partido Nacional no había acompañado un proyecto que, según sostuvo, establecía controles más fuertes. "Se construyó un proyecto de ley que tenía los votos del Partido Colorado y el Frente Amplio, que finalmente no quiso votar el Partido Nacional", afirmó.
El senador nacionalista Javier García respondió a los cuestionamientos y sostuvo que el Frente Amplio no tiene "autoridad política ni ética" para realizar ese tipo de emplazamientos al Partido Nacional. "Asumir la gravedad de la amenaza narco requiere unir a las instituciones y no dividir en base de una pretendida superioridad moral", escribió.
Por su parte, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, también respondió a los planteos del Frente Amplio. En una publicación en X, afirmó que el Partido Nacional "da la cara y asume plenamente la responsabilidad que este momento exige" y señaló que el caso ya había sido derivado a la Comisión de Ética.
Sobre los cuestionamientos del Frente Amplio, Delgado sostuvo: "Por eso no aceptamos que ningún partido político pretenda erigirse en nuestro juez. El Frente Amplio no tiene, ni le concedemos, autoridad alguna para intimar al Partido de Oribe".
Delgado cerró su mensaje señalando que el narcotráfico constituye "una amenaza para todo el sistema democrático" y sostuvo que enfrentarlo requiere "instituciones fuertes, transparencia, respeto a la ley y mucha responsabilidad de todos los actores políticos".
