El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) anuló la resolución de la fiscal de Corte Mónica Ferrero por la cual le había impuesto a la fiscal letrada adscripta Gabriela Aguirre, quien ocupaba el cargo de encargada de Relaciones Internacionales de Fiscalía General de la Nación, una sanción de 15 días por considerar que había cometido falta grave.
La fiscal Ferrero había sancionado a Aguirre luego de pedir información a la Caja de Profesionales Universitarios (Cjppu) y constatar que estaba haciendo aportes a la caja, lo que podía implicar que estaba ejerciendo la profesión en forma liberal, algo que los fiscales tienen prohibido. Sin embargo, se supo que lo hacía en forma voluntaria.
La resolución del MEC, a la que accedió El Observador y de la que informó Eduardo Preve en X, afirmó que “se observan razones de ilegitmidad” en la resolución de Ferrero. Se aclaró que no es procedente analizar el mérito de la resolución sino tan sólo si se verifican supuestos de ilegitimidad por violación a un regla de derecho o si fue dictada con abuso, exceso o desviación de poder.
El MEC, siguiendo la recomendación del área jurídica de la cartera, afirmó que la declaración jurada de la fiscal Aguirre que revierte una anterior de no ejercicio y por la que se inició el sumario “no constituye una prueba de cargo suficiente como para sancionar disciplinariamente”. En definitiva opinó que no existe incompatibilidad y que la Fiscalía debió probar que efectivamente la fiscal ejerció la profesión en forma liberal por fuera de la fiscalía, cosa que no ocurrió.
Agregó que no basta con “presumir”. “La culpabilidad de aquel al que se le imputa la coisión de una falta administrativa debe ser probada de manera efectiva y es carga exclusivamente de la Administración lograrlo”.
Por no haber realizado el trámite correcto ante la Caja a efectos de realizar “aportes voluntarios" no se la puede tachar de falta grave.
Por ese tema el Frente Amplio había intentado convocar a Ferrero al Parlamento. El senador frenteamplista Eduardo Brenta había cuestionado a la fiscal Ferrero por pedir "información reservada" y protegida por el secreto tributario, pero criticó que de todas formas la Cjppu aprobó la solicitud y le entregó la información.
