En la nota se señalaba que el artículo 47 del Código Tributario -que resguarda la información tributaria- quedaba relevado por el contenido de la requisitoria. “No se pretende saber la situación tributaria, adeudos, pagos o la expectativa jubilatoria de quienes figuran en el listado” sino que se consulta si “han completado la declaración jurada de no ejercicio y desde cuándo”.
También se mencionaba la ley de datos personales y se justificaba que la información que se pedía era “en el ámbito del ejercicio de la función asignada a este servicio público y en virtud de una obligación de los funcionarios de origen normativo”.
Esa solicitud que fue respondida favorablemente por el directorio de la Caja de Profesionales, pese a que la oficina de Jurídica había recomendado no entregarla y advertía de que se estaba violando el secreto tributario.
Según surgen de las actas del directorio de la Caja de Profesionales, que son públicas, uno de los directores Odel Abisab planteó que no podían decir que no a la Fiscalía General “en función de un informe jurídico de un subalterno” y “rebelarse ante una autoridad como esta”. “Honradamente no se me ocurre decirle no al Fiscal General de la Nación a partir de un informe de estas características y de este nivel en la estructura jerárquica institucional”.
El director Fernando Rodríguez Sanguinetti coincidió en que era relevante tener en cuenta quien lo pedía y aludió a que la caja próximamente informará en su página web una aplicación a través de la que se pueda saber si un profesional está en ejercicio o no, como información de interés.
Fachada Caja de Profesionales Universitarios
Foto: Leonardo Carreño
Por su parte, el director Gustavo Rodrígue Azcúe argumentó que el Derecho “no puede ser absurdo”, “no dando la información estamos negando a la Fiscal General de la Nación a hacer lo que el legislador le habilitó”.
El sumario a una fiscal y su defensa
Como consecuencia del reporte de la caja la Fiscalía General tomó conocimiento de que la fiscal titular de la Dirección de Cooperación Internacional, Gabriela Aguirre, tenía declaración de ejercicio ante la caja.
Aguirre tiene 21 años de aportes a la Caja de Profesionales con el objetivo de tener una doble jubilación. Según informó Eduardo Preve en M24, quien dio a conocer lo que generó el tema en fiscalía, cuando Aguirre ingresó a la fiscalía designada en ese cargo por el entonces fiscal de Corte Jorge Díaz, tenía 15 años de aportes y decidió seguir aportando pese a que no ejerce.
Al conocer esa situación la Fiscalía General consideró que la funcionaria estaba violando el artículo 50 de la ley orgánica de la Fiscalía y decidió iniciarle un sumario.
Ese artículo establece que “el desempeño del cargo de fiscal es incompatible con el ejercicio profesional, remunerado o no, con el desarrollo de actividades industriales, comerciales o agropecuarias y con el desempeño de toda otra función pública o privada retribuida, salvo el ejercicio de la docencia en la enseñanza superior”.
La ley habilita en cambio a ejercer la defensa en el caso de asuntos propios o de su cónyuge o concubino, parientes consanguíneos en línea recta y colateral hasta segundo grado y de representados legalmente, previa comunicación a la Fiscalía General de la Nación.
Aguirre considera que la Caja de Profesionales violó el secreto tributario al entregarle la información a la Fiscalía General de la Nación y entiende que el sumario iniciado en su contra no tiene fundamento debido a que ella no ejerce realizó ningún acto liberal de la profesión, por lo tanto recurrió se opuso a la resolución de inicio del sumario con los recursos de revocación ante la propia Fiscalía (que la lo desestimó) y ahora planteó la nulidad de anulación ante el Poder Ejecutivo.
Actualmente el recurso, que fue presentado por el abogado especializado en Derecho Administrativo Miguel Pezzutti, está a consideración del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) por ser el que ejerce el contralor de la Fiscalía General.
El jurista explicó a El Observador que si bien su clienta ha preferido no hablar sobre el tema, considera necesario hacer algunas aclaraciones dado el estado público que tomó el asunto.
En primer lugar consideró que a su juicio, si la Fiscalía quería acceder a la información debía de la Caja de Profesionales, debió pedirle a cada fiscal que relevara el secreto tributario y ahí recién cursar el pedido a la caja o pedirle a cada fiscal que entregara copia de la declaración presentada ante el organismo. Pero al pedirlo directamente al ente previsional, entiende que “se cometió un exceso, puesto que la Fiscalía sabe que esa información está protegida por un secreto de fuente legal”.
No obstante, el abogado puso el foco en los argumentos esgrimidos por la Caja de Profesionales para entregar la información basados en que “por su posición, la Fiscalía tiene un halo de defensora de la legalidad”. En opinión de Pezzutti que sea la Fiscalía la que está atrás no da lugar a relativizar la clara letra del Código Tributario. “Se trata de cumplir la ley siempre, porque es la garantía de los derechos de todos frente al ejercicio del poder público”, indicó.
“Es grave porque la ley es clara y no cumplirla le implicó la afectación de sus los derechos de la fiscal sin que haya sido consultada”, apuntó en relación a que para defenderse tuvo que renunciar a sus derechos y entregar la información protegida por lo que, asegura, quedó en estado de “indefensión”.
Opinó que es saludable que distintos dirigentes políticos se hayan preocupado sobre el respeto al secreto tributario e insistió en que el Poder Ejecutivo cuenta con una herramienta constitucional para solucionar esta situación, anulando el acto que da inicio al sumario.
El representante de la fiscal aclaró que la fiscal no desarrolló ningún acto como abogada que es lo que la ley prohíbe. Sin embargo, la ley 17.738 de la caja admite lo que en la jerga de la Caja de Profesionales se llama “afiliación voluntaria”, que implica hacer los aportes a la caja aunque no se ejerza la profesión, para lograr una doble jubilación.
Recordó que la propia Caja de Profesionales ha considerado que hay un margen de afiliación de los jueces -que tienen prohibición dispuesta directamente por la Constitución- ya que existe habilitación para actuar en los litigios de ciertos familiares, y por ello, pueden estar afiliados ante la potencialidad de tener que asumir actividad liberal en esos casos.
Por eso el abogado entiende que "no sólo no hay falta, sino que para haber dispuesto el sumario debería al menos haberse generado una mínima certeza de que la fiscal ejercía liberalmente la profesión de abogada, que es lo que habría sido incompatible con su función".
Efectos políticos
Luego de que Preve informó del hecho, el senador del Frente Amplio Eduardo Brenta afirmó que analizarían convocar a Ferrero al Parlamento porque "hay irresponsabilidad” tanto de la fiscal de Corte por solicitar información reservada como de la Caja de Profesionales por entregarla.
Consultado por El Observador, Brenta dijo la bancada frenteamplista decidió avanzar en el llamado y convocarán a Ferrero junto con el MEC. “La va a convocar la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado”, dijo Brenta.
El FA ya había convocado a Ferrero para expresarle cuestionamientos por traslados "poco claros y confusos" de fiscales a cargo de distintas "causas sensibles", planteo que estuvo motivado por el caso Charles Carrera y al que se sumaron otros.
Ante ese planteo Ferrero planteó que no concurriría sin el MEC. Planteó entonces que no era a “común que un fiscal de Corte en ejercicio de la Dirección del servicio descentralizado, haya sido intimado a responder cuestionarios o interpelaciones e forma presencial, urgente y sin presencia del órgano tutelante", es decir del MEC.
El gremio de fiscales que se ha enfrentado a Ferrero en varias oportunidades intervino en este tema y opinó que existió violación del código tributario y de la reserva de los datos personales de los funcionarios.
Jerarca de Fiscalía pidió traslado: "Una función notoriamente incómoda"
Además, como consecuencia de este episodio la directora de la Unidad de Control Interno de la Fiscalía General, Claudia Arriaga, pidió ser trasladada a la fiscalía civil, aduana y hacienda donde se había desempeñado en el pasado. En una carta dirigida a Ferrero con fecha 17 de setiembre planteó que los fiscales deben rotar y en su caso entiende que se hace “prioritaria” esa rotación “a la luz de los acontecimientos”.
Ferrero había decidido en octubre de 2024 concretar la ejecución de esta unidad creada en la ley orgánica de la Fiscalía con el fin de "controlar la regularidad con que funcionan las oficinas, verificar el cumplimiento de los deberes funcionales por parte de los fiscales y recibir quejas de profesionales y particulares respecto del proceder de los fiscales y demás funcionarios de la institución”.
Para el cargo designó a Arriaga, profesora adscripta de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, quien trabajó como asesora del entonces ministro de Educación y Cultura Jorge Brovetto entre 2005 y 2010 en un equipo que también conformaba el actual ministro del Interior Carlos Negro, para crear una defensa del Estado centralizada.
En su carta, Arriaga planteó que cuando asumió habían acordado que sería un cargo transitorio y que cumplió con los objetivos que se había propuesto, entre esos cometidos, mencionó: valorar los servicios dependientes de la Secretaria General, visitar fiscalías del interior (dijo que recorrió 28 fiscalías), verificar el cumplimiento de obligaciones funcionales, revisar la reglamentación de concursos, atender los planteos formulados por los fiscales y abogados, participar en la elaboración de presupuesto, asesorar sobre temas diversos, participar en tribunales de concurso.
“Ha quedado de manifiesto que la función de auditoría y control es notoriamente incómoda para los controlados y provoca reacciones diversas, a veces desmedidas”, expresó y agregó tener “la tranquilidad de haber tratado los asuntos delicados con discreción y respeto por los colegas".
Sin embargo, consideró que no recibió el mismo trato de sus colegas "luego de 27 años en la institución por lo que corresponde un paso al costado y asumir que no se puede estar mucho tiempo en esta materia".
