El Ministerio de Salud Pública (MSP) resolvió abrir una investigación administrativa para “esclarecer la situación respecto de los atrasos” en las prestaciones de salud en el marco de la ley 18.596 votada durante el primer gobierno del Frente Amplio para la “reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado” desde el 1968 y hasta el final de la dictadura en 1985.
La resolución del director general de Secretaría, Rodrigo Márquez, a la que accedió El Observador, pone el acento sobre las dificultades durante el gobierno pasado para que los beneficiarios de la ley accedieran al servicio.
La norma en cuestión establece que “tendrán derecho a recibir” prestaciones médicas “de forma gratuita y vitalicia” las víctimas que hayan estado “detenidas por más de seis meses sin haber sido procesadas”, que hayan sido procesadas o que hayan “sufrido lesiones gravísimas” a partir de ello, o niños que hayan sido “secuestrados o hayan permanecido en cautiverio con sus padres” durante ese período.
La ley aclara que si lo solicitan deberán recibir asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica.
La investigación administrativa también indaga sobre un oficio del exdirector general de Secretaría del MSP, Gustavo Cardoso, a fines del 2023 para acceder al “listado de personas comprendidas en la ley 18.033 del Ministerio de Trabajo (de pensión especial reparatoria) y la ley 18.596 del Ministerio de Educación y Cultura”.
La actuación del coronel retirado e integrante de Cabildo Abierto activó en enero del 2025 un expediente del Banco de Previsión Social (BPS) que enlistó los datos de los beneficiarios y catalogó como de acceso “público” el contenido del mismo. La actual administración volvió a restringir el acceso a datos personales y requirió al BPS cuáles fueron los argumentos jurídicos para concederle esos datos al MSP.
La cartera solicitó semanas atrás los créditos al Ministerio de Economía por unos $17 millones para hacer frente a las facturas pendientes, según aseguraron desde la Comisión Especial creada por la ley en el seno del MEC para vigilar el cumplimiento de la norma. Las facturas adeudadas, que según las fuentes totalizan en casi US$ 1 millón, se reparten a medias entre el Casmu –a partir de un convenio sobre salud mental vigente desde el 2023– y otras ópticas y proveedores.
La medida surge a partir de un reclamo de la Asociación de ex presos políticos (Crysol) de que durante el período pasado hubo “trabas” para acceder a las prestaciones gratuitas.
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Crysol planteó modificar el proyecto de reforma jubilatoria.
Leonardo Carreño
Gastón Grisoni, representante de la organización en la Comisión Especial, dijo a El Observador que “la administración anterior no validó una constancia del BPS” que acredita quiénes son beneficiarios de la ley y que “empezó a pedir a cada una de las víctimas que presentaran la acreditación”, cuando “la inmensa mayoría no las había conservado”, lo que conllevaba “dificultosos trámites” que interpretan como “una clara medida impuesta por el coronel Cardoso y (el exministro Daniel) Salinas para desalentar las prestaciones”.
Por otro lado, tanto Crysol como la titular del MEC en la Comisión, Adriana Barros –quien a su vez es la secretaria de Derechos Humanos del Frente Amplio– cuestionan que en 2023 hubo una licitación que asignó a Casmu la atención en salud mental a las víctimas y no otorgó ningún puntaje por experiencia previa a la Cooperativa de Salud Mental y Derechos Humanos (Cosameddhh), prestador que durante los anteriores gobiernos había tenido los convenios para hacerse cargo del servicio.
El caso tuvo varias idas y vueltas con el paso de los años a nivel del MSP e incluyó en el pasado denuncias a la Institución Nacional de Derechos Humanos. El anterior gobierno, ante las constataciones de dificultades con los pagos a Cosameddhh, presentó al organismo documentación respecto a que había recibido un proyecto de convenio sin firmar y que había sido observado el 3 de junio de 2020 por el Tribunal de Cuentas.
Por otro lado, el presidente Yamandú Orsi firmó el pasado 14 de mayo una resolución para asignarle a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) la responsabilidad de brindar las atenciones de salud mental y odontológicas en la atención integral de salud y cuya extensión defina el MSP.
La resolución fundamentó que a la fecha esas prestaciones son brindadas por el MSP “a través de prestadores privados” y que con eso “se han detectado dificultades durante la gestión del otorgamiento” de dicha atención, a la vez que la cartera “no tiene dentro de sus competencias brindar prestaciones de salud”.
