La eventual reforma del sistema previsional volvió a instalar el debate político en torno a las AFAP y la edad de retiro, a partir de las recomendaciones que prepara el Diálogo Social y que serán elevadas en los próximos días al Poder Ejecutivo.
El documento final, que la comisión ultima tras meses de trabajo, incluirá también cambios en políticas sociales y en el régimen de retiro, en un contexto marcado por la falta de consensos globales entre los distintos actores.
El borrador —aún en elaboración— no plantea eliminar las AFAP, pero sí modificar el esquema de ahorro individual con un mayor protagonismo del Estado. La propuesta apunta a centralizar los aportes de trabajadores y empresas a través del Banco de Previsión Social (BPS) o de un nuevo organismo público, lo que implicaría cortar el vínculo directo entre los afiliados y las administradoras. En ese escenario, las AFAP pasarían a cumplir un rol acotado, limitado a la gestión de inversiones, sin relación directa con los usuarios.
En paralelo, se evalúan cambios en la edad de retiro, con el objetivo de mejorar las jubilaciones más bajas a partir de los 60 años e incentivar a quienes perciben mayores ingresos a extender su vida laboral hasta los 65, mediante un esquema progresivo.
Además, el paquete de propuestas incluye una reformulación del sistema de transferencias sociales, con la intención de unificar prestaciones, ampliar la cobertura y mejorar los montos, así como avanzar hacia la universalización del sistema de cuidados y la creación de una prestación mínima para mayores de 70 años sin ingresos.
A nivel político, el tema genera tensiones. Mientras en el Frente Amplio aún no se definió una postura pública, desde la oposición surgieron cuestionamientos y advertencias. El presidente de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, adelantó a El País que no acompañarán iniciativas que contradigan lo resuelto en el plebiscito de 2024 y aseguró que no respaldarán medidas que impliquen “terminar con el ahorro individual”.
En esa línea, el senador colorado Robert Silva cuestionó el proceso y advirtió que “se pretende avanzar sobre aspectos centrales del sistema jubilatorio pese a que en el plebiscito de octubre de 2024 la ciudadanía rechazó cambios que implicaban debilitar el sistema mixto y el rol de las AFAP”. También sostuvo que generar dudas sobre el ahorro previsional es “de una irresponsabilidad sin precedentes” y alertó por posibles efectos en el riesgo país y el costo del financiamiento.
A estas críticas se sumó el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, quien cuestionó a través de sus redes sociales los entendimientos entre el gobierno y el PIT-CNT. El senador recordó que el plebiscito impulsado en 2024 no alcanzó los votos necesarios y afirmó: “Perdieron en las urnas, pero lo ganaron en un acuerdo con el gobierno del Frente Amplio”.
“Ellos perdieron el plebiscito y ahora también pierde la gente. ¿Quiénes? Los trabajadores que no podrán elegir quien administre su dinero de ahorro para cuando se jubilen”, agregó.
Ojeda también apuntó contra los cambios en discusión y señaló que “logran eliminar una función clave de las AFAP, la de administrar cuentas de los trabajadores”, en referencia a la propuesta de “desvinculación de las AFAP de la administración directa”.
Asimismo, cuestionó la posibilidad de adelantar la edad de retiro: “Logran que la edad de retiro vuelva a los 60 años, aunque lo disfrazan de ‘jubilación anticipada’”.
El dirigente advirtió, además, sobre el impacto fiscal de las medidas y sostuvo que “logran el incremento del gasto público con otras partidas”, además de alertar que “se pone en riesgo la reputación del Uruguay hacia afuera y se cambian reglas de juego, lo que golpea directamente el clima de inversión”.
Las críticas también llegaron desde el sector empresarial. La Asociación Nacional de AFAP (Anafap) calificó la propuesta como un “retroceso” y advirtió que podría derivar en una “estatización” del sistema. Según dijeron desde la gremial a El País, el cambio eliminaría el vínculo directo de los afiliados con las administradoras y trasladaría los costos al Estado, con eventuales impactos fiscales.
Desde el Partido Nacional, el senador Javier García sostuvo que la iniciativa implica desconocer el resultado del plebiscito y cuestionó que se pueda “poner en riesgo” el ahorro individual de los trabajadores.
A su vez, desde el ámbito académico y técnico también surgieron cuestionamientos. El economista Ignacio Munyo advirtió en Radio Carve que los cambios en discusión implican una transformación estructural del sistema y sostuvo que “es mentira que habrá mejores jubilaciones con la propuesta de Diálogo Social”.
