“No pidan, ejecuten”. A fines de mayo de 2023 el entonces presidente Luis Lacalle Pou reunió a su gabinete para transmitir los lineamientos de cara a la última Rendición de Cuentas de su mandato que, por normativa, permitía aumentar el gasto. En el marco de la habitual discusión y el reclamo de los ministros a la titular de Economía, Azucena Arbeleche, el mandatario pasaba ese mensaje: no pidan más plata, utilicen los recursos que tienen asignados porque eso les va a permitir “un buen cierre de gobierno”.
Las partidas sin ejecutar son, en cada debate presupuestal, un bolsón de recursos donde poner el ojo para tratar de satisfacer demandas que llegan con insistencia tanto al Poder Ejecutivo como luego al Parlamento durante la discusión legislativa. Y en un contexto en el que el gobierno de Yamandú Orsi se dispone a asumir gastos adicionales a los previstos en el Presupuesto pero sin incrementar el gasto, según adelantó el ministro de Economía, Gabriel Oddone, los recursos sin ejecutar son una alternativa de dónde rascar.
El gobierno decidió asumir un “gasto adicional” de unos US$ 30 millones para cumplir con algunas de las propuestas acordadas en el marco del Diálogo Social y definió priorizar la infancia, la seguridad, las personas en situación de calle y el empleo.
"Los mensajes principales son que se mantienen los compromisos presupuestales respecto al incremento (ya votado) de 2027 y se abre un espacio para las recomendaciones que surgieron del Diálogo Social que se hará mediante una reasignación de recursos al interior del Poder Ejecutivo", resumió Oddone en conferencia de prensa este miércoles 27.
En el año 2025, cuando el gobierno de Orsi tuvo que administrar el Presupuesto que había elaborado su antecesor, más de mil millones de dólares (casi 4% de los créditos disponibles) quedaron sin ejecutar si se suman todos los incisos, según los datos disponibles en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) de la Contaduría General de la Nación consultado por El Observador.
Los motivos detrás de una no ejecución de gastos pueden ser varios: procesos burocráticos más lentos de lo previsto, programas que no se realizan o se postergan, entre otros.
Y hay dos formas de aproximarse a estos datos para entender quién tiene más recursos sin ejecutar. Por un lado están los que tuvieron un bajo nivel de ejecución y por lo tanto tienen bastantes recursos (en relación a su presupuesto) sin utilizar, y por otro aquellos organismos que tienen grandes presupuestos y que cualquier recurso que no utilicen puede ser un monto significativo aunque menor para su propio presupuesto.
En el primer grupo se destacan 12 organismos que ejecutaron menos del 90% de su Presupuesto con dos (la Junta de Transparencia y Ética Pública y el Poder Legislativo) que no gastaron uno de cada tres pesos que se les asignó. Entre los organismos del Poder Ejecutivo los de menor ejecución son el Ministerio de Trabajo, el de Industria, la propia Presidencia y el Ministerio de Educación, todos por debajo del 80% de ejecución.
Desde la Jutep explicaron a El Observador que al asumir a mediados de 2025 se encontraron que muchas vacantes no habían sido llenadas ni durante 2024 ni lo que iba de 2025 y eso generó la baja ejecución. Según la información publicada en SIIF, el rubro servicios personales (que incluye los salarios) explica el 85% del saldo no ejecutado.
“Tuvimos un llamado de contador público que se demoró muchísimo y que recién ahora está abierto”, explicó el vicepresidente del organismo, Alfredo Asti, para ejemplificar el tiempo que lleva llenar esas vacantes. Sin embargo, como la Jutep tiene un presupuesto menor en relación a otros incisos el saldo de ese organismo representa apenas el 0,06% de lo que quedó sin ejecutar a nivel general.
Por eso, la mayor cantidad de recursos sin utilizar no se encuentran en los organismos que menos ejecutaron. El Ministerio de Defensa utilizó el 84% de los recursos asignados y dejó sin ejecutar más de US$ 190 millones. El Ministerio del Interior (92%), en tanto, no utilizó US$ 122 millones.
Sin embargo, la cartera de seguridad no parece ser una a las que echar mano porque las políticas de convivencia y seguridad (que involucran a Interior y otras carteras) están entre las priorizadas por el gobierno para esta Rendición de Cuentas.
Pero a la hora de reasignar, un problema con que se encuentran autoridades y legisladores está en que los excedentes en “servicios personales” suele ser variables. Legisladores consultados explicaron que de esos "bolsones" es muy difícil sacar o trasponer recursos porque pueden ser “créditos asignados a compensaciones que no se pagaron, salarios que no se pagaron por faltas o vacantes disponibles”.
En este sentido, diputados y senadores suelen mirar si algún organismo tiene “subejecución crónica” en “servicios personales”, en referencia –por ejemplo– a que hace varios años que le sobra dinero en este rubro. “Ahí por lo general se puede sacar”, reconoció uno de ellos.
Gastar para no perder
En febrero de este año, el INAU estuvo en el centro de las polémicas por la contratación de un curso a una universidad argentina en la que una asesora del directorio era profesora y referente.
Más allá de esa discusión, el caso ejemplificó cómo a veces los organismos buscan ejecutar créditos vigentes a último momento para evitar “perderlos”. En ese entonces, la asesora Carmen Rodríguez reconoció que el dinero estaba “sin ejecutar” del presupuesto de 2025 por lo que si no lo gastaban quedaba en rentas generales.
La modalidad del presupuesto consiste en que el MEF les va “liberando” el dinero a los organismos a medida que van “afectando” –el verbo que se usa– el crédito. El INAU tuvo en 2025 $58 millones para “formación y capacitación” e utilizó $57,5 millones.
Los 100 años
En el caso del Poder Legislativo, le quedaron sin ejecutar en 2025 unos US$ 101 millones, de los cuales un tercio obedecían a dinero dispuesto para los festejos por los 100 años del palacio. De US$ 44,9 millones disponibles para este fin, solo se usaron US$ 9,4 millones, por lo que quedaron US$ 35,5 millones en la caja.
La no ejecución de estos fondos ha formado parte de los argumentos de la vicepresidenta Carolina Cosse para impulsar el proyecto con reformas que presentó recientemente.
Partidas a reaplicar
Al mirar los datos del SIIF uno de los incisos que llama la atención es el de Partidas a Reaplicar porque todos los años tiene crédito asignado pero no hay ejecución. En 2025, por ejemplo, tenía asignados unos US$ 230 millones y cero gasto afectado o comprometido. Y al mirar hacia atrás, eso se repite año tras año.
Legisladores conocedores de cómo funciona el Presupuesto explicaron que se trata de partidas que se le asigna a ese inciso pero que luego ejecutan otros y por eso no figura gasto allí.
