La senadora del Frente Amplio, Bettiana Díaz, defendió la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de reforzar el patrullaje en los barrios más peligrosos con vehículos del Ejército Nacional, que cumplirán órdenes de la Policía.
Díaz, senadora por el Movimiento de Participación Popular (MPP), descartó que la medida se trate de "militarizar a la Policía", porque se trata de un "apoyo logístico" en operativos en los que los vehículos policiales terminan sumamente dañados.
El uso de estos vehículos del Ejército para realizar determinados operativos fue anunciado por el ministro del Interior, Carlos Negro, la semana pasada en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Allí, Negro sostuvo que se está trabajando en un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional para contar con 12 vehículos Mamba blindados que darán apoyo a la Policía.
Los vehículos estarán conducidos por personal militar.
Sobre esto, Díaz señaló que su manejo requiere de "determinado nivel de especialización" que hace necesario que sean conducidos por militares.
"Nos preguntan si estamos conjuntando fuerzas. Y eso es una mentira grande como una casa. Es intencional, además de que en realidad no es así", señaló la senadora.
La noticia fue celebrada por algunos dirigentes de la oposición, como los senadores Sebastián Da Silva y Andrés Ojeda del Partido Nacional y Colorado, respectivamente.
Ambos señalaron que la oposición venía pidiendo medidas de este tipo desde hace mucho tiempo. "Es un giro de 180 grados", dijo Ojeda. Y agregó: "Tenemos que saludar el cambio de talante del gobierno, están haciendo lo que les estamos pidiendo".
Por su parte, el diputado blanco Pablo Abdala consideró que una medida de este tipo "requiere ley", para respetar las "garantías constitucionales".
"Pero acá me da la impresión que estamos hablando de algo más complejo. La mera circunstancia de que un vehículo militar sea conducido por un funcionario militar, eso ya requiere ley, porque eso ya implica intervenir en la gestión policial", opinó Abdala en rueda de prensa.
Díaz, sin embargo, respondió que la medida no requiere un pasaje parlamentario porque la represión y la prevención del delito seguirá estando en manos de la Policía. "Eso sí es un límite constitucional", dijo.
