Un hogar que no es un hogar. Colchones en el piso, puertas que no existen ni dan intimidad. Hermanos que son separados según su sexo y edad. Educadores desbordados por la demanda. Adolescentes o niñas que son la “presa fácil” para la explotación sexual. Y las ganas de salir de ahí, de eso que “se parece a una cárcel”, cuanto antes.
El nuevo informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre el sistema de protección de niños y adolescente en Uruguay muestra lo que, a veces, se dice pero no se ve. Aquello que una chica que está en un hogar del INAU, y cuyo único pecado es haber nacido en una familia que no la cuidó, resumió en una frase: “Si vieran cómo es vivir acá, lo único que queda es fugarte”.
Por “vivir acá” refiere a los centros de “protección” que da el Estado a quienes tiene bajo su amparo. Una medida que debería ser excepcional y transitoria, pero que, según el informe, evidencia que, en promedio, los niños y adolescentes pasan siete años. Toda una infancia.
En Uruguay nacen cada vez menos niños. Muchos menos niños. Pero el ingreso al sistema de protección especial no cede. Creció 67% en 15 años y a la fecha atiende a 321 personas cada 100.000 habitantes de esas edades. Es la tercera tasa de institucionalización más alta de América Latina.
“Es como caer presa. Caés con la muda de ropa si, con suerte, te traen”, cuenta otra niña después de que la Institución de Derechos Humanos hiciera visita a siete de cada diez hogares y sumara otros tantos por vía digital.
No son menores infractores. No están en prisión. Pero viven una condena de facto. El propio informe lo reconoce: “quienes ingresan al sistema de protección especial dan cuenta de mayores niveles de daño (físico y emocional), debido a la exposición a reiteradas o permanentes situaciones de vulneración de derechos”.
La investigación periodística de El Observador (La muerte de una adolescente en Uruguay que desnudó historias de explotación sexual de niñas, embarazos y un aborto), fue solo una pincelada en un lienzo de vulneraciones que exceden a localidades y barrios.
"En el 39% de los centros reportaron sospecha de que las niñas, niños y adolescentes del centro se habían vinculado a situaciones de explotación sexual". Y hay más vulneraciones.
Son captados por bandas criminales o abusados. Viven hacinados (40% de los centros dice que atendió más demanda que su capacidad). Más de la mitad de los centros había tenido en el último mes que hospitalizar a un niño o adolescente (muchas veces por razones de salud mental). Solo en el último año hubo 190 intentos de suicidio. Hubo caso de más de ocho meses de espera para una consulta médica.
Los números con esa frialdad que traen los datos a veces no toman la dimensión del daño en cada caso.
Una adolescente lo dice con sus palabras: “No me gusta quedarme en el liceo, me siento que soy burra”. Es la señalada de la clase. La pobre. La que no tiene familia.
En otro caso, cuenta una directora de un centro para adolescentes al hablar de una joven: “La UTU no quiere que vaya y la sancionan con tres meses sin clase. Eso es vulnerar su derecho a la educación”.
Eso sin contar el desarraigo. Martín Fierro hablaba de que “los hermanos sean unidos”. A veces los hermanos son la única familia de esos niños o adolescentes. Pero los separan. Por cómo se asignan los cupos, por la capacidad, por el sexo, por la edad.
Incluso el hogar no llega a convertirse jamás en el hogar porque, en promedio, cada chico pasa por unos tres centros diferentes (y hubo caso de más de diez). Por lo cual la Institución Nacional de Derechos Humanos alerta sobre “el estrés” que eso genera.
Es tal esa falta de pertenencia que, según el informe, "en el 73 % de los centros se reportaron salidas no acordadas en los últimos seis meses" (los menores se van sin permiso). Y una chica lo cuenta a su manera: "Yo me fui unos días porque no bancaba más y no quería romper todo acá"
La injusta Justicia
Después de la investigación que había hecho El Observador en Rivera, la Suprema Corte de Justicia les insistió a los jueces que vayan a los hogares a ver de primera mano cómo eran las condiciones de vida de esos niños y adolescentes a quienes pusieron al amparo del Estado.
En el informe de la INDDHH, se cuenta que en casi un tercio de los centros hay casos de menores que ingresaron por haber sido víctimas de explotación sexual. Pero que, en muchos casos, no se investiga ni se persigue a los explotadores para acabar con ese riesgo constante al que quedan sometidas las víctimas.
A su vez, constataron casos en que algunos jueces deciden que el niño vuelva con su familia sin antes haber escuchado la voz genuina del pequeño o haber hecho un análisis en profundidad del riesgo de regresar a ese hogar. O se los escucha bajo la presión de una audiencia sin tener en cuenta cómo se pregunta ni cuánto se presiona al menor en la inducción de la respuesta.
O bien hay adolescentes que dicen estar de novias con personas mucho mayores (con ocho o bastante más años de diferencia) y el juez entiende que es una relación afectiva y no existe un ejercicio del poder y explotación.
Esa falta de acceso a la Justicia va de la mano en cómo muchos equipos técnicos del Estado tratan de culpabilizar a las adolescentes (sobre todo explotadas) y tratarlas como si fueran adultas.
“El Mecanismo Nacional de Prevención observa con preocupación las visiones que surgen desde algunos equipos del sistema de protección respecto a este tema y, en particular, cómo se ubica a las adolescentes que son captadas por las redes de explotación”.
La conclusión del informe habla por sí misma: “Es urgente realizar un análisis de los niveles de riesgo al que están expuestas las infancias y adolescencias” en Uruguay.
