Un informe del Mecanismo de Nacional de Prevención (MNP) de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) publicado recientemente da cuenta de todas las omisiones del Estado en el hogar femenino de adolescentes del INAU en Rivera, después de dos visitas realizadas el año pasado, y vuelve a recomendar su intervención.
El documento informa sobre la situación que viven las adolescentes en ese centro.
Parte lo que se denuncia fue relatado en una investigación de El Observador en julio del año pasado, en la que se evidenciaba las omisiones estatales en la atención de las adolescentes: más de nueve menores con indicios de haber sido explotadas sexualmente, falta de políticas de cuidado y prevención, y desatención en salud. En ese entonces, la Inddhh ya había pedido la intervención del centro. En el nuevo informe, la Institución habla de 14 adolescentes con indicios de estar expuestas a la explotación sexual de menores.
Según el documento de la Inddhh disponible en la web oficial, las niñas y adolescentes alojadas en este establecimiento del INAU están expuestas a “acciones, omisiones y obstáculos” por parte del Estado, que incumplen con su deber de protección. "En el monitoreo se relevó que se habían identificado indicadores de exposición a situaciones de explotación sexual, en catorce niñas y adolescentes que residían en el centro adolescente femenino de Rivera, en el período comprendido entre los años 2022 a 2024", dice el documento, lo que representa más de la mitad de las menores que viven ahí de forma permanente.
La institución insta a organismos como el Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio del Interior, ASSE e INAU a adoptar medidas inmediatas para revertir esta situación. Entre las principales recomendaciones, el MNP propone una intervención del centro con un equipo especializado externo, la realización de una auditoría interna en el plazo de un mes, y el diseño de un plan integral para cada adolescente que contemple su salud, educación, autonomía y acceso a derechos básicos como vivienda y trabajo.
También se hace foco en la salud mental y en el abordaje de la salud sexual y reproductiva desde una perspectiva de derechos.
Además, el informe subraya la necesidad de una reparación integral a las adolescentes que sufrieron vulneraciones, incluyendo medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y compensación. Para ello, se exhorta a realizar investigaciones administrativas que determinen responsabilidades entre funcionarios y autoridades.
El MNP también plantea un conjunto de acciones estructurales para evitar la repetición de estos hechos. Se recomienda la creación de campañas de prevención y sensibilización, capacitaciones para los funcionarios del sistema de protección, y la instalación de servicios especializados para atender casos de explotación sexual.
En el caso de las salidas no autorizadas del centro, el informe llama a crear una mesa de trabajo interinstitucional en seis meses, elaborar un mapa de ruta de actuación, y fortalecer los protocolos de búsqueda y valoración de riesgo, tanto en INAU como en el Ministerio del Interior, ASSE y Fiscalía.
“El Estado tiene el deber de reparar el daño causado” y de evitar que estas situaciones se repitan, advierte el MNP, que recuerda las obligaciones internacionales asumidas por Uruguay en materia de derechos humanos, incluyendo la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención contra la Tortura.
Según supo El Observador, el informe será presentado mañana, en donde estarán presentes autoridades del INAU. Antes de eso, no harán declaraciones.
