¿Cómo actúa la Justicia cuando la policía mata a delincuentes?

Este hecho, que ocurrió a principios de julio de 2016, y que le costó poco más de dos años de cárcel al efectivo procesado, es uno de los ejemplos que utiliza la presidenta del Sindicato Policial de Montevideo, Patricia Rodríguez, para referirse al riesgo al que se someten los policías que disparan contra delincuentes. Este gremio ha reclamado en los últimos años la aprobación de un proyecto de ley que dé más garantías a los policías que disparan contra delincuentes, sin embargo Rodríguez reconoció que actualmente los fiscales están empezando a tener una “mayor comprensión del trabajo policial” y por tanto las sanciones penales contra los efectivos que durante un procedimiento acaban matando a delincuentes han ido disminuyendo.

En lo que va de 2019 son varios los episodios de delincuentes que acaban muertos por fuego policial. El primer episodio tuvo lugar el 5 de enero, cuando en un operativo en el que participaron once policías, un hombre que los atacó con una cadena y un machete, murió de varios disparos. El 10 de febrero un efectivo mató a dos delincuentes en el momento en que rapiñaban un supermercado en Las Piedras. Dos días después otro delincuente fue asesinado por policías en Suárez cuando intentaban rapiñar una agencia de quinielas, y el pasado lunes 18, la policía abatió a uno de los integrantes de una banda que pretendía rapiñar una remesa y que fueron detenidos en el barrio La Comercial.

En todos estos casos, la fiscalía investiga si los efectivos actuaron de acuerdo al reglamento o si por el contrario se excedieron en el uso de la fuerza.  En el caso de Suárez, como en el de Las Piedras, y el de La Comercial, los efectivos continúan siendo indagados, pero se encuentran libres a la espera del resultado de las pericias.

El caso donde los efectivos se encuentran más comprometidos es el de principios de enero. De los once policías que participaron del procedimiento y que estuvieron por algunas horas detenidos, cinco continúan siendo indagados. Es que el cuerpo del delincuente presentó diez orificios de bala, por lo que se analiza si aquella fue una respuesta proporcional o no. El fiscal de este caso es el especializado en Homicidios Juan Gómez, quien hasta el momento no tuvo oportunidad de analizar el caso.  

El límite de la fuerza

Según la ley de procedimiento policial, la policía podrá usar la fuerza solo si otros medios  “no violentos” son “ineficaces” o  incapaces de garantizar “el logro del resultado previsto”. La normativa establece que el efectivo debe buscar la forma de causar el menor daño posible al agresor, y que solo puede disparar en aquellas situaciones en la que esa persona ejerza violencia por la vía de los hechos o mediante amenaza con uso de arma contra el personal policial o terceras personas; se oponga resistencia al accionar policial en allanamientos; cuando no se pueda inmovilizar o detener de otra forma vehículos u otros medios de transporte cuyos conductores no obedecen la señal de alto; cuando no tenga otra opción para proteger las instalaciones que custodia; o para disolver reuniones o manifestaciones no pacificas. 

Hace casi tres años que el senador y precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou presentó con un proyecto de ley que habilitaría la legítima defensa presunta para los policías, de modo que estos no tengan que probar que actuaron en legítima defensa, como ocurre actualmente con todos los ciudadanos. Por el contrario, en el caso de los efectivos la normativa establecería que la primera hipótesis ante un caso de un policía que mató a un delincuente sea que la usaron para defenderse.

El sindicato de policías de Montevideo insiste en que esta normativa le daría respaldo a los funcionarios que representan, sin embargo el abogado penalista que trabaja para el gremio, Washington Abdala, asegura que la ley actual “si se aplica correctamente” es  “un marco jurídico de actuación policial bastante bueno”.

“Todo marco jurídico se puede mejorar, pero cuando un policía dispara, si lo hace bien, no tiene problema”, agregó Abdala, quien aseguró que hasta el momento no le ha tocado casos de policías condenados por usar incorrectamente la fuerza. 

El fiscal especializado en homicidios, Juan Gómez, dijo a El Observador que actualmente investiga ocho casos de policías que mataron a delincuentes y que en esos casos se tiene en cuenta el rol que los efectivos cumplen. “Uno tiene que tener en consideración las circunstancias excepcionales de un funcionario que tiene pone en riesgo su vida por la sociedad”.

Sin embargo, Abdala, cuestionó que el Ministerio del Interior en ocasiones sanciona a efectivos que en la Justicia fueron respaldados en su accionar. Tal es el caso de los efectivos que actuaron en Casarino (Canelones), cuando vecinos le dieron una paliza a un delincuente que había rapiñado una pollería, en julio de 2018. 

En aquella oportunidad, toda la escena quedó grabada en video y en ella se puede ver como un efectivo observa a los vecinos golpear y hundir en un arroyo al delincuente. Finalmente, los vecinos se lo entregan a la policía quienes se lo llevan detenido. 

La Justicia entendió entonces que el policía que actuó en ese operativo no pudo hacer más para evitar la golpiza a la que estaba siendo sometido el delincuente, porque se encontraba rodeado por una turba enfurecida, y que, por el contrario, con su presencia logró evitar que la situación pasara a mayores. Sin embargo, el Ministerio del Interior decidió suspenderlo, algo que para Abdala es una incongruencia.
Por esta razón, la presidenta del sindicato policial dijo que sus colegas no se sienten respaldados y señaló que solo un proyecto de ley el de la legítima defensa presunta podría reducir las inseguridades que siente un efectivo cuando su tarea lo obliga a gatillar.