¿Qué es el documento que se debe firmar para vacunarse y qué se hace en otros países?

En la primera parte el documento establece que Uruguay ofrece un programa de vacunación voluntaria y gratuita y que todo aquel que quiera vacunarse lo podrá hacer respetando las prioridades. Pero el segundo pasaje es el que más llama la atención para este tipo de procedimientos. 

"En virtud de lo anterior, yo consiento que cualquier acción legal o procedimiento judicial o extrajudicial, por cualquier concepto y de cualquier naturaleza, a ser iniciado por mí, incluyendo (sin limitación) contra el fabricante de la vacuna o la República Oriental del Uruguay, que surja de, o se encuentre relacionado o en conexión (directa o indirectamente) con, la recepción de la o las vacunas, será presentado exclusivamente ante los tribunales competentes de la República Oriental del Uruguay, rigiéndose dicho eventual  reclamo exclusivamente por las leyes de la República Oriental del Uruguay", dice el documento difundido por Subrayado. 

Este documento debe ser firmado antes de recibir cualquiera de las vacunas que llegarán a Uruguay y no habrá documentos distintos dependiendo del laboratorio, según informaron a El Observador fuentes del Ministerio de Salud Pública. Además de las dosis del laboratorio chino Sinovac, que fueron las utilizadas en la primera tanda de vacunados, Uruguay ya tiene arreglo con Pfizer/BionTech (que comienzan a llegar el 8 de marzo) y con AstraZeneca a través del fondo Covax. 

Para el director de la cátedra de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Hugo Rodríguez, esto no se trata de un consentimiento informado porque no tiene información médica. “El consentimiento informado se refiere a información que el paciente debe recibir antes de someterse a determinado tratamiento”, explicó y agregó que el consentimiento es un derecho. 

En este caso se trata de un contrato entre el Estado y la persona que va a recibir la vacuna, según explicó el abogado socio de Bragard y Asociados, Jean Jacques Bragard. “La persona está aceptando la propuesta de aplicar nuestra ley y la competencia de los jueces locales en caso de un reclamo contra el Estado o contra el fabricante”, dijo en diálogo con El Observador. 

En el derecho uruguayo, según Bragard, los posibles reclamos que puedan surgir entre los receptores de la vacuna y el Estado se rigen “necesariamente” por la ley nacional porque se trata de un contrato interno. Si se entendiera que existe un contrato entre el fabricante y el vacunado, se trataría de un contrato internacional que también se regiría por las leyes locales, según la nueva ley de derecho internacional privado. 

En caso de que se plantee un reclamo al fabricante basado en una acción de naturaleza extracontractual las normas de derecho internacional privado también respaldan el documento. Hay dos posibles leyes aplicables según la normativa: la ley del lugar donde se produjo la vacuna y la ley del lugar donde es vacunada la persona. En cuanto al juez competente, estos serian los jueces de la ley aplicable y los jueces del domicilio del demandado. 

Sin embargo, la Convención de Roma II establece que si las partes no se ponen de acuerdo, el lugar para reclamar es donde se producen los daños. Por tanto, también terminaría en Uruguay. 

“La solución establecida en el documento que se está usando sería conforme a derecho”, aseguró Bragard. 

El abogado y profesor de derecho procesal, Santiago Pereira, apuntó en el mismo sentido. “Es un documento que deja bien parado al Estado uruguayo porque centraliza los reclamos”, aseguró el socio del estudio Rueda Abadí Pereira. 

Cuando una persona quiere presentar una demanda tiene varios caminos. Ir contra un tribunal extranjero, que también sería un tribunal nacional pero de otro país, un tribunal internacional que depende de los acuerdos que tenga firmado el país, o un tribunal de su propio país. 

En este caso, como el sistema de justicia uruguayo es independiente y tiene reconocimiento internacional, el Estado queda bien posicionado. 

"La firma supone la renuncia a una eventual reclamación ante el fabricante y/o del Estado ante Tribunales Internacionales, al amparo de leyes internacionales", escribió en Twitter el abogado, Pablo Schiavi

Hugo Rodríguez no recuerda otro caso en el que por una vacuna se pida este tipo de documentos. Sí existían otro tipo de prácticas que con el correr del tiempo se fueron quitando por “antiéticas y abusivas” pero que estaban vinculadas a eximir al médico de responsabilidades. 

¿Qué pasa en otros países?

La mayoría de los países de la región no piden firmar nada cuando se recibe la vacuna contra el coronavirus y aquellos que sí solicitan firmar un documento se trata del consentimiento informado. El caso de Uruguay es atípico. 

Argentina, Brasil, Bolivia y México no piden firmar nada para recibir la vacuna. España es otro de los países que tampoco pide. En Perú, en tanto, sí se pide firmar un consentimiento informado en el que se habla de posibles efectos adversos o secundarios al ser inmunizado. 

En Reino Unido, Puerto Rico y parte de Estados Unidos se pide que la persona complete un formulario. En el caso británico se pide la rubrica en un papel que establece que "como todo medicamento, las vacunas pueden traer efectos colaterales", aclarando que son casos raros y que si se dan, son cuadros leves de poca duración. Israel, donde la vacunación es voluntaria, no se requiere ninguna firma, salvando el caso de los menores de 18, donde se exige la aprobación de los padres.