Qué dice el documento que deberán firmar quienes se vacunen contra el covid-19

"El Estado uruguayo está ofreciendo a la población la posibilidad de vacunarse contra la covid-19 para prevenir la enfermedad causada por el SARS-CoV-2. A tales efectos, se ha definido una política de vacunación voluntaria y gratuita", comienza el documento que lleva el membrete del Ministerio de Salud Pública (MSP).

En el documento, que compartió Subrayado y accedió El Observador, se aclara que cada persona que desee vacunarse puede hacerlo, sujeto al plan de vacunación diseñado priorizando los grupos de personas más expuestas y los que tienen mayor riesgo de afectación para su vida y salud en caso de contraer la enfermedad.

"En virtud de lo anterior, yo consiento que cualquier acción legal o procedimiento judicial o extrajudicial, por cualquier concepto y de cualquier naturaleza, a ser iniciado por mí, incluyendo (sin limitación) contra el fabricante de la vacuna o la República Oriental del Uruguay, que surja de, o se encuentre relacionado o en conexión (directa o indirectamente) con, la recepción de la o las vacunas, será presentado exclusivamente ante los tribunales competentes de la República Oriental del Uruguay, rigiéndose dicho eventual  reclamo exclusivamente por las leyes de la República Oriental del Uruguay", finaliza el documento.

La persona deberá colocar su nombre, fecha, cédula de identidad, lugar y firma.

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El abogado y profesor de Derecho a la Información de la Universidad de Montevideo, Pablo Schiavi, explicó en un hilo desde su cuenta de Twitter el alcance del acuerdo. "No existe exención de responsabilidad de los fabricantes de las vacunas ni del Estado uruguayo. La firma supone la renuncia a una eventual reclamación ante el fabricante y/o del Estado ante Tribunales Internacionales, al amparo de leyes internacionales", comentó.

Por otra lado, señaló que no es un consentimiento informado sino un "acuerdo" entre quien se vacuna y el Estado (MSP) previo a la vacunación.

A comienzos de febrero, el Poder Ejecutivo resolvió que exigiría la firma de un consentimiento informado a aquellos que se vacunen contra el covid-19, donde se dejaría constancia de que las vacunas podrían causar efectos adversos. 

Esto despertó un debate entre quienes sostienen que puede ser un obstáculo para la vacunación masiva y los que apoyan el proceso como una garantía para el usuario y para el proveedor de la vacuna. Así, la inclusión del documento es un tema de debate en ámbitos médicos y jurídicos.

A mediados del año pasado, los asesores en vacunas del gobierno habían recomendado que no se exigiera este requisito. De acuerdo a lo que informó El País, el argumento esgrimido por la comisión es que este proceso podría desestimular la vacunación masiva, principalmente entre la población que se manifiesta indecisa ante la inmunización. Otro argumento de los expertos es que el mero hecho de ir a vacunarse demostraría que la persona da su consentimiento. 

Sin embargo, según les comunicó Miguel Asqueta, director Nacional de Salud, la decisión del gobierno responde a una exigencia de los laboratorios establecida en los contratos firmados por el Poder Ejecutivo.