Las medidas del gobierno ante la crisis: ni esperar demasiado ni desesperar

Los primeros impactos económicos no se dejaron esperar. El sector comercio y servicios, liderado por el turismo, fue el primero en recibir el golpe de una demanda interrumpida abruptamente por la toma de conciencia de los uruguayos de la gravedad del problema sanitario. Las ventas se desplomaron, varios locales cerraron sus puertas y las empresas comenzaron a enviar trabajadores al seguro de paro.

En un sector de la actividad, el problema fue aun mayor. En aquellos negocios donde el rol del empresario y el trabajador se confunde en una misma persona y los ingresos apenas alcanzan para llegar a fin de mes, cada día cuenta y dos semanas de ventas a cuentagotas peligra el sustento más básico. Ni hablar lo que ocurre en la economía informal, donde la red de contención del Estado no llega.

Las medidas en tres dimensiones

El gobierno respondió rápido. Las medidas económicas estuvieron dirigidas desde el principio a calmar la ansiedad y evitar que en las primeras etapas de esta crisis sanitaria, los efectos inevitables de corto plazo se traduzcan en daños de largo plazo.

Esas medidas buscaron atacar tres dimensiones del problema. La primera tiene que ver con las empresas. La crisis sanitaria y las medidas que se toman para mitigar el riesgo de contagio generan un fuerte impacto en la actividad económica. La buena noticia es que ese impacto es transitorio y por eso exige fuertemente la liquidez de corto plazo sobre las empresas, pero no pone en riesgo un modelo o la solvencia de los negocios.

Sin embargo, para sobrevivir a un período abrupto de inactividad las empresas deben tener espalda. En ese sentido, la crisis sanitaria no cae en el mejor momento, con un escenario previo de estancamiento de la expansión económica, rentabilidad en caída y destrucción de empleo. Si las empresas no pueden atravesar este período de caída abrupta de la demanda el tiempo que dure, la caída del empleo será definitiva, como también su impacto permanente en la calidad de vida de los uruguayos.

De ahí que el gobierno responda con una inyección de liquidez en la forma de préstamos laxos garantizados y postergación en el pago de impuestos y aportes para las empresas pequeñas y medianas, que son las más comprometidas en cuestiones de espalda.

Una segunda dimensión son los trabajadores. Ahí entra en juego el aparato de contención social que ya de por sí tiene el Estado uruguayo: el seguro de paro; un pilar del Estado de Bienestar que muchas veces se da por descontado, pero que implica una política social agresiva y automática ante shocks de estas características.

El seguro de paro es una doble política de contención: por un lado, al trabajador le da un sustento no menor en contraposición con una situación de desempleo abrupto, y por otro, a la empresa le permite evitar cargar con el peso salarial en una ecuación de costos sobredimensionada ante la caída de sus negocios.

La respuesta del gobierno fue flexibilizar aun más las condiciones de acceso al seguro de desempleo y crear la figura del seguro parcial, como también facilitar el ingreso a los mayores de 65 años. Sin embargo, el desafío es doble, porque implica además conseguir los fondos para cubrir el incremento del gasto que se da de forma automática, sin aplicar ninguna medida adicional, por la propia coyuntura. El seguro de desempleo es por definición contracíclico: en los peores momentos de la economía, requiere de mayor fondeo que en los momentos de prosperidad, cuando el desempleo se encuentra en sus niveles más bajos.

La tercera dimensión de contención está apuntada hacia los más vulnerables. El refuerzo de asignaciones y partidas alimenticias, como también el incremento de los fondos para programas asistenciales que atienden necesidades específicas de los sectores que están por fuera o en la periferia del mercado laboral, busca atender una emergencia social en ciernes.

El gobierno dejó en claro desde el primer momento que las medidas a adoptar desde la política pública serían focalizadas. Con recursos limitados por un déficit fiscal abultado no hay otro camino. Cada peso debe hacer al menos, una mínima diferencia. Además, dejaron en claro que la respuesta va a ser gradual. En un escenario de elevada incertidumbre, no es sensato ni esperar demasiado ni desesperar. Una respuesta apresurada o una que llega tarde, puede tener un costo financiero, social y político demasiado alto para el poco margen que tiene el gobierno. Por eso las autoridades deben reaccionar rápido, pero de forma gradual.

Y revisar constantemente las medidas para andar y desandar sobre el camino recorrido en pos de una mejor respuesta a un contexto cambiante. Pero sobre todo, anteponer a las necesidades económicas las necesidades sanitarias y garantizar las recursos que hagan falta para la primera línea de batalla de la pandemia.

Sería ingenuo pensar que las medidas planteadas por el gobierno permitirán neutralizar el costo económico y social de esta crisis sanitaria. Todos los sectores de la sociedad deberán realizar sacrificios. El gobierno debe velar porque ese sacrificio no recaiga en quienes menos están en condiciones de asumirlo y que la economía que quede una vez que termine la pandemia, esté en la mejor posición para un rápido repunte. Solo así se podrá reducir el impacto en la calidad de vida de los uruguayos. 

Al gobierno hay que exigirle responsabilidad y transparencia, trabajo, seriedad, solidaridad y empatía. No se le puede exigir milagros, por más necesitados que estemos de uno.