¿Una respuesta “contundente” a la crisis del covid? ¿O más bien discreta y mesurada?

Más allá de los calificativos y del juego político en que se enmarcan, el gobierno no está exento de méritos y hace bien en capitalizar –en la figura de la ministra–, el logro de haber casi alcanzado su primer año de mandato en las condiciones actuales, dado el contexto que le tocó atravesar. 

Con US$ 711 millones destinados al combate de la pandemia y sus efectos, equivalentes a 1,3% del Producto Interno Bruto (PIB), Uruguay queda en la mitad inferior de la tabla cuando se compara con países similares y ni que hablar con el primer mundo. Sin embargo, a la hora de evaluar el desempeño sanitario, económico y social, no parece estar condicionado por la exigua respuesta estatal. 

Esto es así si se mide con la misma vara que la del dinero invertido: en términos comparados. Es cierto que Uruguay inicia este año peor de lo que estaba en 2019, con una actividad disminuida, un mercado laboral apaleado, una crisis sanitaria aun en curso y emergentes sociales que requieren una mayor atención por parte de la política pública. Sin embargo, es muy difícil encontrar en el mundo países que no se ajusten a esa descripción, aun con paquetes de estímulos fiscales y monetarios desplegados mucho más ambiciosos que los de Uruguay. 

“Los uruguayos destinamos US$ 1.217 millones para hacer frente a esta pandemia”, dijo la ministra. Y de forma desacertada –e innecesaria, a mi juicio– incluyó los préstamos por US$ 506 millones concedidos con garantía del Estado principalmente a micro, pequeñas y medianas empresas (SIGA). Si bien fue uno de los estímulos de mayor impacto sobre la actividad privada, que ayudó a reforzar el colchón –en muchos casos enflaquecido y pidiendo cambio– de liquidez del grueso de las empresas, no puede atribuirse ese monto a las arcas del Estado, que en todo caso, responderá únicamente por la parte incobrable de esos préstamos.

Pero más allá de la discusión de si fue el 1,3% o el 2% del PIB, el aporte financiero de Uruguay a mitigar los efectos de la pandemia sobre la economía y la sociedad tiene gusto a poco. Y de eso se aferra la oposición y algunos miembros de la coalición, como Cabildo Abierto, a la hora de cuestionar las decisiones del gobierno y presentar batalla en la arena política.

A los ojos de las autoridades, haber llegado hasta acá con esa inversión magra, habla muy bien del país y de la propia administración. Para otros, representa un costo de oportunidad imperdonable: ¿dónde estaríamos si encima se hubiera ejecutado un plan de estímulos y prestaciones sociales de dos o tres puntos adicionales del PIB?

Si hay algo que dejó claro la ministra reforzando una percepción que salta a la vista en los números, es la importancia que le da el gobierno a la cuestión fiscal. Sin duda, se trata de una garantía contra los excesos que aporta tranquilidad en tiempos de incertidumbre. Sin embargo, no deja de llamar la atención que en tiempos de mayor desempleo, cierre de empresas y ollas populares, el gobierno quiera presentar como un logro un ahorro de US$ 660 millones y el cumplimiento –en algunos casos por encima de lo previsto– de los objetivos fiscales, fijados en un momento en el cual las proyecciones de crecimiento eran mucho más auspiciosas que las actuales.

No es un dato menor. Cuando la ministra dice que su equipo cumplió con “todas las estimaciones”, omite una que tiene un impacto significativo a la hora de evaluar el resto de los indicadores: la actividad económica. Al entregar el último día de agosto el proyecto de Ley de Presupuesto, el gobierno anticipaba una contracción de la economía en 2020 de 3,5% y un repunte que compensara con creces ese deterioro este año, con una expansión de 4,3%. El equipo económico corrigió ahora esas proyecciones: estima que la actividad se contrajo 5,8% en 2020 y recortó a 3,5% el crecimiento previsto para este año. 

En suma, el gobierno espera cerrar 2021 con una economía 3,1% más chica de lo que preveía en la Ley de Presupuesto hace apenas unos meses, y aun así cumplir –con muy leves desviaciones– su plan ambicioso de reducción del déficit fiscal. Esa caída adicional de la actividad implica no solo menor recaudación sino también mayores demandas desde el sector privado y de la sociedad por compensar un impacto más severo y permanente de lo que el gobierno esperaba en agosto, cuando eran varios los analistas que veían un exceso de optimismo en el escenario base oficial.

El riesgo que corre el gobierno es dejarse llevar por un enfoque dogmático que convierta la austeridad en un fin y no en un medio para recomponer la salud fiscal que Uruguay vio deteriorarse durante la última década. Debe evitar pagar un costo de oportunidad muy grande cuando no solo las demandas cambiaron respecto a 2019 sino también las condiciones impuestas por el sistema financiero: hoy Uruguay cuenta con una mayor tolerancia a su favor. La baja de tasas a nivel internacional, la fuerte liquidez por programas de estímulo históricos en el mundo desarrollado, el aumento del déficit fiscal a niveles muy por encima del uruguayo en países referentes, permiten que Uruguay pueda incurrir en excesos impensados hace apenas un año.

El gobierno tiene un mandato de austeridad, signado por sus promesas electorales y su resultado en las urnas. Pero debe ser consciente que el contexto cambió, como así también las prioridades de muchos uruguayos que no creen en la austeridad como un fin sino más bien en la responsabilidad como principio. Y a veces, las circunstancias sociales y económicas hacen del gasto excepcional la opción más responsable.

El plan de estímulos que prepara el gobierno –según publicó El País el martes y confirmó la ministra un día después de la conferencia, en entrevista con El Espectador–, es una buena noticia en ese sentido. En 2020, el gobierno generó una buena base de credibilidad ante los observadores externos. La estrategia de encapsular en el Fondo Coronavirus todos los gastos transitorios derivados del combate a la pandemia y poner el énfasis en el resultado fiscal estructural por sobre lo que muestran en frío los números, fueron acertadas y ayudan a construir confianza. 

“La certeza que tiene que tener la ciudadanía es que si se necesita más para atender lo social, lo económico, lo sanitario, ahí van a estar los recursos”, dijo Arbeleche el lunes. Es momento de valerse de la confianza generada y de forma discreta y mesurada –sin contundencias– , reducir a un mínimo el impacto económico y social de esta crisis sanitaria.