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¿Uruguay siempre renunció a participar de bloques sin institucionalidad como el Grupo de Lima?
El canciller Rodolfo Nin Novoa usó dos argumentos problemáticos para defender la posición del gobierno sobre Venezuela que distancia al estado uruguayo del comportamiento que asumió un conjunto importante de estados latinoamericanos.
Nin Novoa argumentó con dos concepciones de forma que, además de no ir al fondo de la cuestión, chocan con los principios básicos del derecho internacional público y de la historia diplomática de este país.
El canciller reiteró que el Uruguay “reconoce Estados y no gobiernos” para explicar porque el Ejecutivo uruguayo se sentía incapacitado para opinar sobre la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. “Los que reconocen gobiernos son los politólogos, que son los que definen e identifican qué es o qué no es. El Estado de Venezuela es un Estado con el que tenemos relaciones y nos parece que una política de confrontación y aislamiento no es la más beneficiosa”, dijo.
Este razonamiento tiene, en primer lugar, un error conceptual. Los Estados pueden no reconocer gobiernos sin que ello implique dejar de reconocer a los Estados. El gobierno de Jorge Batlle decidió romper relaciones con Cuba y, sin embargo, ello no significó que el estado uruguayo desconociera al cubano. De hecho, en ese momento los estados mantuvieron relaciones consulares a pesar de la ruptura.
En 1941 Uruguay rompió relaciones con la potencias del eje y a nadie se le podría ocurrir que el estado uruguayo dejó de considerar a Japón, Alemania e Italia como tres miembros de la sociedad internacional.
Si es como dice Nin que los gobiernos “no tienen competencia para tipificar gobiernos” ni para catalogarlos como “ilegítimos”, entonces no se entiende como en agosto de 2017 Uruguay brindó las condiciones necesarias para que en el Mercosur hubiera consenso para suspender a Venezuela por la “ruptura del orden democrático”, es decir por razones estrictamente políticas e institucionales. Para llegar a esa conclusión el gobierno uruguayo debió "tipificar" la salud de la democracia venezolana. Y, en este caso específico, eso se vinculaba con las acciones del gobierno de Maduro. De manera que, por lo menos en este punto, hay una contradicción entre lo que el canciller ahora dice y lo que él mismo hizo hace un año y medio.
El segundo argumento que la Cancillería usa y que el ministro volvió a recoger fue la falta de institucionalidad del Grupo de Lima. En un intento de deslegitimación, Nin comparó esta agrupación de catorce estados americanos –que incluye a todos los miembros del Mercosur a excepción de Bolivia- con el movimiento de los autoconvocados. La preocupación del canciller es la falta de estructura orgánica de este grupo de estados y el argumento de su Cancillería expresados en varios foros internacionales es que en el continente ya existen instituciones –como la OEA- que se encargan de estos asuntos.
Lo que quizás no recuerda el canciller es que cuando Enrique Iglesias –a quien homenajeó recientemente- estuvo en el Palacio Santos durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, Uruguay formó parte de un exitoso grupo de “autoconvocados” que construyeron institucionalidad de forma oportuna donde no la había.
El Grupo Contadora fue creado en la década de 1980 para promover la paz en Centroamérica, bajo el impulso de México, Colombia, Venezuela y Panamá. Este mecanismo de concertación política, inédito entonces en Latinoamérica, evolucionó años más tarde hasta el denominado Grupo de Río o Grupo de los ocho o Grupo de Lima (integrado por los cuatro países originales más Argentina, Brasil, Perú y Uruguay) y fue el germen de la actual Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), creada en 2010.
El Grupo Contadora y sus derivados no tenían institucionalidad ni un área de actuación formal. Pero su trabajo político fue valorado en el continente y fuera de él.
Uruguay fue uno de los estados que desde su lugar se esmeró en crear institucionalidad que, dicho sea de paso, no florece de la noche al día. Se construye.
Quién sabe qué es lo que se estará creando estos días con el Grupo de Lima.
Lo que resulta evidente es que Uruguay no está en esa conversación. El gobierno tiene la legitimidad y potestad de no formar parte. Pero lo que no debería es disfrazar esa decisión en una cuestión de forma. Desde hace demasiado tiempo que está claro que es un tema político.
