A cuatro meses de la muerte de Mahsa Amini las protestas siguen y la represión cobró cientos de vidas

Amini fue detenida por la Gasht-e Ershad, que es la nueva versión de la Policía de la Moral, a cargo de hacer cumplir los códigos de conducta islamistas. Trasladada a una oficina pública por no tener su rostro tapado, cuatro días después murió en el Hospital Kasra de Teherán.

La versión del gobierno fue que “una enfermedad subyacente” produjo el deceso de la joven. La Organización Médica Legal de Irán, que depende del Poder Judicial del país, elaboró un informe en que indica que la “enfermedad subyacente”, relacionada con una cirugía de cuando Amini tenía ocho años, fue la causa de la muerte. En concreto, se trató de una excusa a la Policía de la Moral. 

La familia de Amini sostiene que fue golpeada por la Policía en el vehículo que la trasladaba al centro de detención. Su versión está apoyada por testigos oculares. Además, el padre de Amini declaró en su momento a la prensa que se le permitió ver a su hija en el hospital, aunque habría alcanzado a ver partes de su cuerpo violentado. Según la familia, y lo que fue aceptado por los miles y miles de manifestantes, es que se trató de un asesinato, causada por una fractura de cráneo por fuertes golpes en la cabeza.

Ambas versiones coinciden en que Mahsa Amini duró dos días en coma antes de morir.

Desde el 17 de setiembre, fecha en que tomó estado público el deceso de la joven, la protesta se generalizó, especialmente entre las mujeres, que desafiaron en las calles a la Policía quitándose el velo.

Hay claras restricciones a los derechos de las mujeres en Irán. No pueden acceder a un pasaporte sin la autorización de su esposo o padre, el aborto está castigado con prisión o flagelación, las relaciones sexuales extramatrimoniales también son motivo de flagelo y cárcel. Cuando las mujeres denuncian violaciones, los tribunales suelen condenarlas, en cambio de volcar el fallo contra los victimarios.

En los cuatro meses siguientes a la muerte de Amini, los manifestantes atacaron a las patrullas de la Gasht-e Ershad en varias ciudades del país. Cabe destacar que, en 2019, el país estuvo también convulsionado con fuertes manifestaciones. Sin embargo, en esa oportunidad, fue por el aumento de las naftas. Esta vez, no fue por motivos económicos, sino de derechos.

Los camioneros y transportistas llamaron a huelga nacional a finales del año pasado. Y en las calles se oían consignas que pedían el renunciamiento del ayatolá Alí Jameini, máxima autoridad de Irán.

Según la ONG Human Rights Activists in Iran, fundada por abogados, los muertos en estos cuatro meses aumentaron a 47. A dos meses de la muerte de Amini, ya investigaban las muertes de 341 manifestantes, incluidos 52 niños.

Human Rights Watch, por su parte, denunció el tipo de armamento que usa la Policía –escopetas, pistolas y fusiles de asalto– contra manifestantes desarmados y en grupos numerosos.

“Con la represión masiva, las elecciones sin libertad y la aparente corrupción y mala gestión, la autocracia de Irán gobierna con lo que le queda: la fuerza bruta”, dijo Tara Sepehri Far, investigadora sénior sobre Irán de Human Rights Watch.

Las detenciones en estos meses llegaron a más de 15.000 manifestantes, de acuerdo a Human Rights Activists in Iran. Muchos en prisiones superpobladas y sin derecho al debido proceso. Parte de los detenidos son dirigentes de los grupos de derechos humanos, así como periodistas y abogados detenidos por su apoyo a las protestas.

Otra manera de represión es el quite del pasaporte y la prohibición de hacer viajes al exterior. Eso afecta a artistas o deportistas que podrían hacer declaraciones a favor de las protestas. Narges Mohammadi es una mujer que fue condenada a seis años de prisión por “reunión y colusión para actuar contra la seguridad nacional”. Adicionalmente tuvo dos años más de condena y 74 latigazos por “actuar contra la seguridad nacional y alterar el orden público”. El juicio sumario se celebró a puerta cerrada y se le negó el acceso a un abogado.

El futbolista Amir Nasr-Azadani, quien solo unos días antes de su captura jugó con la selección iraní en el mundial de Qatar de 2022, fue condenado a 26 años de cárcel tras ser acusado de atentar contra tres funcionarios de seguridad durante las protestas en su país.

Por la participación en las protestas, ya había 17 condenados a la pena capital, cuatro de los cuales ya fueron ejecutados. Las acusaciones están en torno a un concepto del código iraní llamado "moharebeh" (librar una "guerra contra Dios").

Pero este martes, la agencia del poder judicial Mizan Online informó que se había dictado una nueva sentencia a muerte en relación a las protestas. Se trata de Javad Rouhi, sentenciado a la pena capital por el cargo de "corrupción en la tierra".

Con esta sentencia, que puede ser apelada, el balance de condenados a muerte en relación a las protestas subió a 18.

Rouhi fue condenado por "liderar un grupo de alborotadores, incitar a la gente a crear inseguridad y por apostasía y desacralización del Corán por su quema", informó Mizan Online.

La repercusión contra estas condenas no es sólo mediática, sino que varios países tomaron medidas. Tanto los Estados Unidos como la Unión Europea sancionaron a funcionarios iraníes acusados por graves violaciones de derechos humanos.

Como contrapartida, tanto Washington como Bruselas actualizaron las sanciones para que las empresas tecnológicas puedan brindan internet. Es una manera de favorecer las protestas en red.

La ONU celebró en noviembre una sesión especial en la que se discutió el uso de fuerza excesiva y letal por parte de las autoridades iraníes contra los manifestantes. A su vez, la Asamblea General de este organismo adoptó una resolución que condenaba los abusos de los derechos humanos por parte de Irán.