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Acceso irregular a El Guardián: desprolijidades, demoras en informar y varios oficiales en la mira
Una cadena de omisiones y demoras en informar a los superiores y a la Justicia, entre otras irregularidades y sospechas, surgen de una investigación, a la que accedió El Observador, que hizo la jueza del caso de los vinos envenenados, Silvia Urioste. La magistrada que lleva avanzada la indagatoria del crimen de Cecilia Fontana, madre de Luis Alberto Heber, interrogó a los implicados luego de tomar conocimiento de que un oficial no autorizado había ingresado a El Guardián y había escuchado conversaciones telefónicas pinchadas con su autorización.
Esa investigación, que fue cuestionada por alguno de los defensores de los policías indagados que la consideró nula, detectó que los oficiales de policía que se enteraron de las irregularidades estuvieron omisos en elevar el caso rápidamente a sus superiores y tardaron varios días en actuar, como ellos mismos lo reconocieron.
Además, según dijo el policía a cargo del caso, había una orden expresa de no ingresar a esas escuchas, y aún así el oficial Silcar Lara, hijo del jefe de Inteligencia de la dictadura, ingresó con la clave de su superior, quien sí estaba autorizado, y escuchó varias veces conversaciones grabadas. Pero no fue el único. También ingresó otro oficial ayudante dos días después, cuando ya algunos policías estaban al tanto del ingreso de Lara.
A su vez, el subdirector de Inteligencia, Álvaro Trinidad, fue señalado por haberse demorado en informar y no haber iniciado una investigación urgente como indica el protocolo, según surge de los testimonios. Después de conocidas las irregularidades la directora de Inteligencia Mariana Moura fue relevada del carro y en su lugar el Ministerio del Interior designó transitoriamente a Trinidad.
Y para terminar con el corolario de irregularidades, dos cajas con documentación del caso de Fontana fueron encontradas en el Departamento de Archivo de Inteligencia cuando no deberían haber estado en esa oficina, ya que Inteligencia prestaba apoyo pero no era la unidad que llevaba adelante el caso de los vinos envenenados.
Un informe que pidió Urioste constató que hubo dos series de ingresos a El Guardián, el 5 de octubre y el lunes 9, y que en total hubo 26 ingresos a escuchas.
Negligencia, versiones contradictorias y dos cajas con pruebas
La jefa del Departamento de Inteligencia declaró que el lunes 9 de octubre se enteró del acceso irregular a El Guardián por el subjefe Trinidad, quien a su vez se enteró por el jefe de la sección Vigilancia. Según el testimonio de Moura, el policía con acceso al sistema había comunicado que no iba a ingresar porque estaría en el interior esos días por otro operativo y que “había orden expresa de que a esa operación no se entraba y sólo se iba a dar apoyo técnico”.
Según el testimonio de Moura, cuando consultaron al policía sobre el ingreso dijo que podría haber ingresado Lara por error. Pero como había otro ingreso posterior “se dieron cuenta que no era por error”.
Moura le pidió a Trinidad que le hiciera un informe por escrito y le adelantó que iba a iniciar un sumario e informar a su superior, el director de Investigaciones, Juan Rodríguez Reina. Consultada sobre por qué no se informó a la Justicia enseguida, dijo que “en el momento se pensó que aparentaba ser un error administrativo”.
Según el relato de Moura, al día siguiente el martes 10 le reclamó a Trinidad el informe escrito y le dijo que se estaban corrigiendo “unos números”. Relató que el miércoles no estuvo en la oficina y el jueves 12 cuando llegó, al no encontrarlo en su despacho, lo fue a buscar.
Moura cuestionó ante la jueza el proceder de su unidad y dijo que “el propio subdirector podría haber hecho una investigación de urgencia”. Ante la pregunta de por qué ordenó el sumario y no una investigación de urgencia al enterarse de la implicancia que podía tener Lara en el caso, Moura respondió: “Hoy yo comprendo la gravedad de la situación y se debió ser más diligente”. “Si yo hubiera actuado como correspondía y hubiera hecho lo que se dispone en estos casos era una investigación de urgencia en 48 horas se deben recabar todos los elementos probatorios y no lo hice. Esto pasó porque la operación estaba en la unidad y no era de la unidad. Más cosas que me entero, más me recrimino”, declaró.
El superior de Moura, Rodriguez Reina, dijo que la directora le informó sobre los detalles el jueves 12 y que antes, “el lunes o martes” le había hablado “de una situación administrativa irregular” sobre un oficial había prestado una clave de acceso pero que él no preguntó detalles.
“¿Puede ser que a ningún jerarca le haya interesado el hecho?”, preguntó la jueza sorprendida, ante lo cual Rodríguez Reina respondió: “Yo solo voy a hablar por la directora Moura, estoy convencido que ella no estaba bien informada de la situación”.
El jerarca policial admitió que hubo negligencia porque “no primó la comunicación inmediata de un hecho grave” pero dijo que las atribuía a conductas individuales y no al departamento de Inteligencia y reiteró que en su opinión “indujeron a error a la directora para que ella se demorara”.
La jueza también le preguntó como era posible que las dos cajas con documentación del caso de Fontana que se encontraron en el Departamento de Archivo de Inteligencia el 18 de octubre. Rodríguez respondió que dispuso que un equipo hiciera un inventario con cámara de registro Go Pro y se entregara el reporte al oficial del caso el 19. Dijo que “no sabía” cómo habían llegado esas cajas a Inteligencia y que informó del hecho al director nacional de la Policía, José Azambuya.
El curioso pedido del subjefe de Inteligencia
El oficial que detectó el ingreso relató a la jueza que el lunes 9 enteró a Trinidad de todos los ingresos, el martes 10 él le pidió el informe que confeccionó en una hora pero según contó le pidió que le hiciera correcciones porque había puesto las siglas de las unidades, y le pidió que pusiera los nombres completos. “Cuando lo llamo para entregárselo, me dice que se lo entregue el miércoles con fecha de ese día”, contó.
Según declaró fue él quien se percató de que los ingresos del lunes 9 no habían sido por parte de Lara porque a la hora en que ocurrieron no estaba trabajando.
Ese policía es un oficial ayudante que tiene capacitación en El Guardián desde 2022 pero no tenía clave hasta los días previos a declarar ante la jueza. Según su relato, ingresó para corroborar que la otra operación en la que venían trabajando estuviera activa porque se lo pidió su superior.
Ante la pregunta de la jueza sobre por qué entró a la operación de los vinos, respondió que no utilizó ningún filtro para discriminar por operación y que nadie le había dado la orden de que no se podía entrar a esas escuchas. “Lo que yo escuché era una llamada que desestimé porque el contenido no tenía relevancia”.
La versión de Lara
Según el relato de Lara, el único al que la jueza interrogó en calidad de indagado, no conocía la existencia de la operación de los vinos "hasta cuando entro a El Guardián al segundo día". "Cuando filtré ví que había dos operaciones, ahí me cayeron las comunicaciones y como no entendía mucho el contenido de las escuchas, al final toque un botón para filtrar y ahí vi que eran dos".
Al igual que el otro policía dijo que nunca fue "alertado ni avisado que habían dos operaciones, así como tampoco que tenía acceso restringido a alguna de ellas".
Lara, un oficial principal de 51 años, hijo de Silcar Lara Borges que era jefe de Inteligencia en 1978 cuando ocurrió el crimen de Fontana, relató que tenía bloqueada su clave de El Guardián por desuso porque no la usaba casi nunca y que ingresó porque se le ordenó que monitoreara otra operación en la que estaban trabajando. Según su versión, su jefe que estaba en el interior le dijo que necesitaba saber si había quedado activa la interceptación y le pasó la clave por Whatsapp "sin mediar palabra".
El jueves 5 entró a varias grabaciones "asumiendo que había una sola investigación“. "Tenía que buscar información y la única que le comuniqué fue un sms que me pareció relevante".
Confirmó que tuvo acceso a dos llamadas y como "no encontraba coherencias entre algunas comunicaciones con la investigación" tuvo que "reproducirlas varias veces para tratar de entender y encontrar un sentido”.
Lara dijo que no tenía ningún interés en esa operación, que no conoce a Ricardo Zabala, uno de los indagados en el caso de los vinos, y que “nunca” se le “ocurriría entorpecer una investigación y menos una que atañe al señor ministro (Heber)”.
"Además de escuchar, ¿qué hizo?", le preguntó la jueza, a lo que respondió: "Nada, hasta el otro día que seguí interiorizándome con la investigación, esperé ordenes de mis superiores".
La jueza le preguntó por varios nombres de militares y policías que fueron contemporáneos de su padre y dijo que no los conocía.
Plantearon la nulidad de la investigación y la jueza lo rechazó
Al tomar conocimiento de las irregularidades en El Guardián, el Ministerio del Interior inició una investigación interna y dio cuenta a la Fiscalía, quién asignó el caso a la fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Silvia Porteiro. Sin embargo, la jueza que lleva el caso de los vinos envenenados decidió hacer una rápida indagatoria.
Esto llevó a que la defensa de uno de los oficiales indagados objetara la investigación realizada por la jueza Urioste, al considerar que no tiene validez y pidiera la nulidad. Según supo El Observador, se planteó que el nuevo proceso penal que rige desde 2017 establece que las investigaciones debe ser llevadas a cabo por Fiscalía y no por la Justicia, y esa disposición legal corre para todas las indagatorias de hechos con apariencia delictiva que ocurran desde esa fecha. Puesto que estos hechos ocurrieron ahora, a seis años de entrado en vigencia el nuevo CPP, consideraron que la jueza no es competente para iniciar una investigación en materia penal.
El 26 de octubre la jueza Urioste dispuso remitir las actuaciones a la fiscal Porteiro para que siga ella con el caso.
