Aguas borrascosas

El agua es nuestra, según disposición de la reforma constitucional de 2004 que dejó establecido en el artículo 47, que “el agua es un recurso natural esencial para la vida, que su acceso así como al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales y que es competencia del Estado garantizar a la población dichos servicios”. Y que corresponde al estado, a través de OSE, gestionar su extracción y distribución a afectos de que llegue a toda la población.

Sin embargo, y pese a reiteradas advertencias de técnicos (entre ellas las del gerente general de OSE Ing. Arturo Castagnino) y de figuras políticas (entre las que realizó en 2010 el entonces senador y luego ministro de Defensa Nacional Eleuterio Fernández Huidobro) poco y nada se hizo para mejorar la distribución (desde hace décadas se pierde el 50% del agua que OSE bombea a los domicilios), para aumentar los lugares de reserva y para diversificar las fuentes de agua potable y no depender exclusivamente del Río Santa Lucía.

En el marco de nuestra constitución todo ello -invertir, gestionar y prever para el futuro- es tarea del estado. Y, para ser más precisos del gobierno de turno. Todo ello implica una política de estado toda vez que esas decisiones impactan más allá de una administración e, incluso, de un mismo partido de gobierno. Y el estado ha fallado estrepitosamente. Dejémoslo claro.

En este país se castiga más el hacer que el no hacer. Por no hacer es difícil que alguien sea penalizado a la hora de votar. Por intentar hacer es probable que puedan armarse plebiscitos, o llamados a sala o manifestaciones violentas o paros generales. Pero el que no hace, no recibe criticas o no las recibe hasta que es demasiado tarde. Nadie critica a un gobierno por no realizar inversiones en OSE, o en UTE o donde sea. A lo sumo vienen algunas críticas cuando la mayor sequía en un siglo nos deja tomando sal con agua.

Pero el problema no es de la sequía. La sequía sacó la luz la impericia, la desidia y la improvisación. El problema es de los que tenían el deber de gestionar la provisión de agua a los hogares del área metropolitana. Los tres gobiernos frenteamplistas posteriores a la reforma constitucional de 2005 y el actual por el tiempo que lleva.

Yendo incluso más allá de las responsabilidades concretas de cada uno de los gobiernos de turno, lo más grave es que nunca se vio el tema del agua potable como prioridad nacional. Y nunca se planteó la necesidad de realizar una política de estado al respecto. Siendo, además, el del agua potable, un tema muy técnico y con poca carga ideológica, toda vez que el agua pasó a ser del Estado, este debe garantizar a la población el acceso al agua y al saneamiento. Era cuestión de reunirse, gobierno y oposición, y buscar la forma de planificar a largo plazo para garantizar estos servicios.

Nada de esto se vio más allá de una carpeta sobre la represa de Casupá, con financiamiento supuestamente asegurado por vía de un préstamo de la CAF, que Tabaré Vázquez entregó a Lacalle Pou durante la transición gubernamental.

Nada de eso se está viendo en la crisis actual, donde además de buscar soluciones hasta que llueva, hay que ir pensando en soluciones a largo plazo que probablemente impliquen llevar adelante los proyectos Casupá, para aumentar reservas, y Arazatí, para diversificar fuentes de agua.

Sin embargo, estamos inmersos en mucha política chica. El episodio del préstamo no reintegrable del BID a la Intendencia de Montevideo por US$ 100.000 es quizá la muestra más clara. Para ayudar a las policlínicas la intendencia no necesita US$ 100.000 del BID. Los tiene en propia caja. Equivalen a un día de recaudación de multas de tránsito. Pero recurrir a caja propia no genera réditos políticos ni marketing electoral.

Y bien que estamos en tiempos electorales. Que son malos tiempos para armar políticas de estado ya que estas requieren pensar más allá de una elección. En Uruguay nos cuesta enormemente pensar más allá de la próxima elección, sea cuando empieza una nueva administración o cuando está llegando a su ocaso.

A veces, de carambola, lo logramos como con la ley forestal, o con la desmonopolización del puerto, o con la ley de zonas francas, o con la desregulación del marco energético de UTE, que comenzó con un fallido plebiscito para derogarlo y terminó con una diversificación de la matriz energética del país. Reformas con gran oposición pero que mostraron buenos resultados y que luego formaron parte del acervo de políticas públicas muy beneficiosas para el país.

Sin embargo, hay temas importantísimos como la reforma educativa, la apertura internacional, la reforma de las empresas públicas, la reforma de la seguridad social, donde no se logra un mínimo consenso porque intereses gremiales o sectoriales las atacan desde el inicio y no se puede avanzar.

Es bueno recordarlo, sin política de estado el agua podrá ser nuestra como quisieron los protagonistas del plebiscito de reforma constitucional de 2004. Pero no podrán asegurar que llegue en buenas condiciones a todos los hogares en tiempo y forma, salvo que llueva como nunca. Y confiar en las lluvias no es buena política. Es algo propio de gente que le gusta jugar a la lotería en lugar de organizar bien el gobierno.