Ancap, una fábula tenaz

Pese al notorio empobrecimiento de los uruguayos debido al encierro, algo parecido a la normalidad se acentuará en junio, con el regreso gradual a los centros de enseñanza, el primer caso en América del Sur; y la aceleración del reacio sector público, incluido el Poder Judicial.

Las desventuras de los vecinos, Brasil y Argentina, pueden facilitar ciertas políticas al nuevo gobierno uruguayo, cuyo prestigio y credibilidad aún son elevados. Y el desastre económico podría no ser tan grave como el de otras regiones del mundo, gracias a la tempranera reapertura socioeconómica.

Pese a que los sindicatos anuncian un paro y movilización para el 4 de junio, es probable que terminen aceptando perder salario real a cambio de sostener puestos de trabajo. El desempleo, muy alto, es la acechanza más temible.

En las próximas semanas se finalizará y aprobará la “ley de urgente consideración” (LUC), la vía rápida que eligió la coalición de gobierno para imponer ciertas reformas: refuerzo de la autoridad policial; agravantes para ciertos delitos; extensión de la legítima defensa; prohibición de que minorías ocupen o establezcan piquetes en lugares de trabajo; reducción de la bancarización obligatoria; y muchos asuntos más.

Pero la LUC dejó de lado la propuesta de la mayoría del Partido Nacional de acabar con el monopolio de la producción e importación de combustibles, que la estatal Ancap tiene desde hace casi 90 años.

Es probable que el fin de ese monopolio, discutido durante décadas, se haya esquivado para impedir recursos contra la ley. Buena parte de los uruguayos, incluyendo sectores de la coalición de gobierno, cree que Ancap es sinónimo de soberanía y de beneficios para el país —como en un momento se creyó que lo eran el Frigorífico Nacional, Soyp o Subsistencias—; y así lo defendieron en un referéndum de diciembre de 2003, que derogó por amplia mayoría una ley de asociación con privados.

De nada sirvió que la desmonopolización fuera defendida por Líber Seregni, líder histórico del Frente Amplio, o por Danilo Astori. Todavía en enero de 2005, en vísperas del primer gobierno de Tabaré Vázquez, el ministro de Industria designado, Jorge Lepra, quien tenía una larga carrera en Texaco y conocía el paño, proponía que Ancap dejara de producir portland y se asociara con una multinacional, para ser más competitiva en caso de una integración en serio, aunque para ello hubiera que consultar de nuevo a la ciudadanía en referéndum. La idea fue dejada de lado por las diferencias en la izquierda, que también puede ser extraordinariamente mitómana y conservadora.

Ancap es un mito persistente, como lo fue Pluna, que comenzó a recibir asistencia del Estado ya en 1940, en nombre de la soberanía nacional, la conectividad y una serie de fábulas.

No es “estratégico” tener una refinería, como se dice con ligereza, sino combustibles abundantes y a buen precio, como cualquier otro bien. Los uruguayos han pagado mucho por combustibles caros, que han deprimido la producción. En última instancia, la empresa pública no cumple el objetivo por el que se creó en 1931, en pleno auge estatista: producir combustibles más baratos, además de cemento portland y alcoholes, incluyendo bebidas; y ahorrar dinero al país. Un productor rural piensa mucho tiempo antes de llenar el tanque del tractor para iniciar una pradera.

Es cierto que el 45% de lo que paga el consumidor uruguayo de naftas y gasoil corresponde a impuestos, costos de distribución o subsidios cruzados. Pero es así en buena parte del mundo. Casi todos los Estados recaudan con el combustible, porque es mucho dinero fácil. Pero, a igual presión impositiva, ofrecen combustibles más baratos.

De hecho, Uruguay siempre tiene uno de los combustibles más caros del mundo, salvo países europeos, con ingresos per capita muy superiores. Ocurre algo similar en ciertos mercados privados oligopólicos, fácilmente identificables por el tipo de bagayo que se vende en las ferias de barrio, o cuando se cruza la frontera, y que los sucesivos gobiernos uruguayos toleran de manera inexplicable.

A igual precio del petróleo, Ancap refina mucho más caro. Se debe a razones de escala, a la falta de competencia, a que emplea demasiadas personas, y a que se le han colgado adiposidades locas, como Alur en el norte, o la producción de cemento en Minas y Paysandú.

No es necesariamente malo realizar inversión pública en Bella Unión en procura de empleos. La industria forestal, creada desde 1989, es un ejemplo de subsidios temporales que erigieron un gran sector productivo desde la nada, y que alcanzó la madurez en menos de un cuarto de siglo. Pero sí es malo un proyecto monopólico que jamás será viable, e implicará una eterna transferencia de recursos desde el resto de la sociedad, y un empobrecimiento relativo, por el mero placer de pastorear vacas sagradas.

¿No hay mejores opciones para el extremo noroeste del país?

La fabricación estatal de portland es vergonzosa. Pierde dinero desde hace décadas (más de US$ 200 millones sólo en los últimos 12 años). Su principal competidora privada, que está hace un siglo en el país, al otro lado de la ruta 8, produce más cemento que Ancap con la tercera parte de personal, y gana dinero cada año.

En Nueva Zelanda, un país pequeño y rico, que produce casi las mismas cosas que Uruguay, se desreguló la importación, producción y venta de combustibles desde 1984, bajo gobierno laborista (socialdemócrata). Fue parte de un profundo proceso liberalizador, que incluyó la enseñanza pública, el mercado de cambios, el fin de los subsidios agrícolas, la privatización de empresas públicas y la apertura al comercio exterior.

La antigua refinería estatal, ahora privada, procesa más del doble que Ancap cada día, con una pequeña porción de sus empleados. Y la competencia importa combustible refinado, lo que azuza el ingenio.

El litro de nafta en Nueva Zelanda vale lo mismo que en Uruguay, el Estado neozelandés recauda más impuestos que el uruguayo por el mismo precio final, menos dinero “se va al exterior” sin necesidad de empresas públicas, y el combustible para la producción, empezando por el gasoil, es mucho más barato.

Los productores y transportistas uruguayos pueden descontar el IVA de los combustibles, y obtener rebajas por compras mayoristas, pero casi todos los países tienen políticas similares o más hondas.

En Brasil la estatal Petrobras perdió el monopolio en 1999, bajo gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Conserva una posición harto dominante —como podría hacer Ancap en Uruguay en caso de desregulación y en caso de trabajar bien—, pero debe cuidar los precios pues la competencia, que refina e importa, le roba mercado. Sus ineficiencias y el saqueo a que fue sometida le han costado muy caro.

En Salvador de Bahía hoy mismo, al tipo de cambio interbancario, el litro de nafta 95 octanos ronda los 32 pesos uruguayos (55 aquí), y el gasoil, antes de descontar impuestos, 24 pesos uruguayos (40,4 aquí).

Es así más o menos en todo el mundo, mientras los uruguayos caminamos para permanecer en el mismo sitio, pues, parafraseando al viejo poeta, desde la cuna nos han mecido con los mismos cuentos.