El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, aseguró que "no hay marcha atrás" en la decisión de suspender 11 mil asignaciones familiares del Plan de Equidad para los niños que no concurren a un centro educativo tal como establece la ley. Esa decisión generó la preocupación de la vicepresidenta, Beatriz Argimón, que pidió una reunión con las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), pero Lema mantuvo su postura. "Es una decisión tomada (...) Estamos convencidos", dijo en rueda de prensa.
"El mensaje que damos, si hacemos la vista gorda, es hipotecar el futuro de esos menores", alegó el ministro. "Yo no estoy dispuesto a hipotecarlo. Prefiero adoptar una medida antipática, tomando acciones proactivas para que se regularice cuanto antes y se levante la suspensión que dar una señal de que no es lo mismo que vayan a los centros educativos de que no vayan", continuó.
La vicepresidenta de la República había solicitado —tras el anuncio de Lema el pasado miércoles— una reunión con el presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Alfredo Cabrera, y el titular del Consejo Directivo Central (Codicen) ANEP, Robert Silva, para interiorizarse sobre la suspensión.
"Este es un tema que nos tiene que preocupar", dijo a El País. La vicepresidenta insistió en que “hay que saber qué pasa después del corte".
"Me parece que está bueno dialogar con los responsables de los organismos para complementar la información que ha dado el Mides". Además, añadió que "la decisión está bien, pero quiero saber, con la información que se tenga, cuáles son los siguientes pasos", añadió.
Según el citado medio, Argimón buscará reunirse con Lema después de sus encuentros con los jerarcas del BPS y el Codicen.
Fuentes cercanas a la jerarca indicaron a El Observador que Argimón pidió esta reunión con la intención de "conocer qué medidas va a tomar ANEP con estos niños". En el caso de BPS, quiere reunirse con Cabrera porque su organismo es el que "realiza las asignaciones" y controla el cumplimiento de los requisitos, detallaron.
El ministro recordó que justamente el BPS "está trabajando en las notificaciones" a las familias "para buscar que cuanto antes se regularice" su situación. Además, informó que desde el Mides están "implementando un sistema de alertas (a través de oficinas, contactos telefónicos y demás) para justamente tomar contacto y buscar regularizar las situaciones".
Para Lema, las consecuencias de que los menores no concurran a centros educativos están claras. "Están a corto, mediano y largo plazo", aseguró.
Robert Silva señaló a La Diaria que distintas encuestas muestran que los jóvenes han abandonado las instituciones educativas “porque no encontraron lo que fueron a buscar en la educación, porque no los motiva, porque no los incluye”.
Sobre que de las 11 mil asignaciones suspendidas, el 77% corresponde a menores de 13 años o más, Silva dijo que "lo que revela es el problema que nosotros tenemos en la educación media, que no es de ahora, que puede haberse agudizado con la pandemia y que en definitiva nos pone en una situación de alerta para atender”.
Junto al Mides, sostuvo el presidente del Codicen, están haciendo "todo el esfuerzo para tratar de que se reintegren" a sus "propuestas educativas" y así "evitar el descuento".
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