Apartheid en Medio Oriente: el caso palestino

La declaración es inusual, no sólo por la jerarquía de los enunciantes sino, particularmente, por la descripción de la violencia como “terror nacionalista” y la presentación de las víctimas palestinas como “inocentes”. Por lo general, los funcionarios de alto rango del gobierno israelí describen estos ataques como represalias aceptables de la población israelí por los ataques terroristas de los palestinos, según escribió para Tricontinental el historiador y periodista Vijay Prashad.

Tres días antes de esta declaración, el gobierno de los Estados Unidos había dicho que “escucharon informes preocupantes sobre la violencia de los colonos extremistas contra los civiles palestinos”.

Los grupos de colonos realizaron numerosos ataques en Cisjordania con la colaboración o la inacción de las fuerzas armadas israelíes, agrediendo palestinos y destruyendo sus propiedades como instrumento de una agresiva “ingeniería demográfica”.

Los distintos tipos de violencia contra los palestinos no son nuevos, pero se intensificaron rápidamente. De enero a mayo de este año, la ONU calculó que las fuerzas israelíes mataron a 143 palestinos (112 en Cisjordania y 31 en Gaza), más del doble de la cantidad de palestinos muertos en el mismo período del año pasado. En 2022, 181 palestinos en total murieron por acción de las fuerzas israelíes (151 en Cisjordania y 30 en Gaza).

La ONU también reveló que 2022 fue el sexto año de aumentos anuales consecutivos en los ataques de los colonos, que fueron en aumento desde 2006, después de que Israel aplastara la Segunda Intifada.

En 2009, la ONU había advertido que 250.000 palestinos en 83 comunidades de Cisjordania corrían “el riesgo de una mayor violencia” por parte de los colonos israelíes. Llamaron a estos ataques como “de etiqueta de precio”, porque los colonos querían exigir un alto precio a los palestinos por su existencia en tierras que los israelíes llaman Judea y Samaria.

El pasado 25 de junio, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo a sus colegas que él también consideraba “inaceptables” los “llamados a apropiarse ilegalmente de tierras y las acciones de apropiación ilegal de tierras”.

Las acciones violentas de los colonos, dijo, “no fortalecen el asentamiento, al contrario, lo dañan. Digo esto como alguien que duplicó los asentamientos en Judea y Samaria a pesar de una gran presión internacional sin precedentes para llevar a cabo retiros que no realicé ni realizaré”.

Estos asentamientos, que Netanyahu ensalza, son ilegales según el derecho internacional. En 2016, el Consejo de Seguridad de la ONU votó a favor de la resolución 2334, que “condena todas las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatus del Territorio Palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Este”. Entre esas medidas, resaltaba “la construcción y expansión de asentamientos, el traslado de colonos israelíes, la confiscación de tierras, la demolición de viviendas y el desplazamiento de civiles palestinos”.

Según Prashad, en los últimos años, un conjunto de políticas y acciones del gobierno israelí despertó el espectro del apartheid, la palabra afrikáans que significa “el estado de estar apartado”. Este término se utilizó cada vez más para describir la discriminación institucionalizada de los palestinos por parte de Israel en el Territorio Palestino Ocupado (los TPO, que se componen de Jerusalén Este, Gaza y Cisjordania) desde 1967 y la diáspora.

En 2017, la Comisión Económica y Social de Asia Occidental (CESPAO) de la ONU publicó un sólido informe, “Prácticas israelíes hacia el pueblo palestino y la cuestión del apartheid”. La entonces líder de la CESPAO, Rima Khalaf, dijo que el régimen de apartheid de Israel funciona en dos niveles.

Primero, fragmenta al pueblo palestino (dentro de Israel, los TPO y la diáspora). En segundo lugar, oprime a los palestinos a través de “una serie de leyes, políticas y prácticas que aseguran su dominación por parte de un grupo racial y sirven para mantener el régimen”.

Amnistía Internacional, por su parte, publicó un informe de 2022 llamado “El apartheid de Israel contra los palestinos: sistema cruel de dominación y crimen contra la humanidad”. En el texto, Amnistía afirmaba que “Israel perpetró el mal internacional del apartheid, como una violación de los Derechos Humanos y una violación del derecho internacional público dondequiera que impone este sistema. Casi todas las autoridades civiles y militares de Israel, así como las instituciones gubernamentales y cuasi gubernamentales, están involucradas en la aplicación del sistema de apartheid contra los palestinos en todo Israel y los TPO y contra los refugiados palestinos y sus descendientes fuera del territorio”.

En 2010, el ex primer ministro israelí Ehud Barak dijo: “Mientras en este territorio al oeste del río Jordán sólo haya una entidad política llamada Israel, será no judía o no democrática. Si este bloque de millones de palestinos no puede votar, será un estado de apartheid”.

Antes, en 2007, el ex primer ministro israelí Ehud Olmert había afirmado: “Si llega el día en que la solución de dos estados se derrumba y nos enfrentamos a una lucha al estilo sudafricano por la igualdad de derechos de voto, entonces, tan pronto como eso suceda, el Estado de Israel estará acabado”.

Prashad destaca también que, recientemente, en junio, dos ex altos funcionarios de la ONU, Ban Ki-moon (ex secretario general de la ONU) y Mary Robinson (presidenta de Irlanda y ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos), visitaron Palestina e Israel. Fueron a la región en nombre de The Elders, un grupo formado por Nelson Mandela en 2007 para reunir a ex funcionarios del gobierno y altos funcionarios de instituciones multilaterales para abordar los dilemas de la humanidad.

Cuando regresaron de su visita, publicaron un informe basado en sus conversaciones con organizaciones de Derechos Humanos y sus propias investigaciones. En el documento, Ban Ki-moon y Robinson señalaron “evidencia cada vez mayor de que la situación cumple con la definición legal internacional de apartheid”.

Cuando discutieron esta evidencia con los funcionarios israelíes, “no escucharon una refutación detallada de la evidencia del apartheid”.

Según Ban Ki-moon y Robinson, la política del gobierno israelí “muestra claramente una intención de buscar la anexión permanente en lugar de la ocupación temporal, basada en la supremacía judía. Las medidas incluyen la transferencia de poderes administrativos sobre Cisjordania ocupada de las autoridades militares a las civiles, la aceleración de los procesos de aprobación para la construcción de asentamientos y la construcción de nuevas infraestructuras que harían inviable un futuro Estado palestino”.