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Argentina apelará el fallo de EEUU contra la expropiación de YPF
El Gobierno ratificó este viernes que apelará el fallo dictado en el juicio por la expropiación de YPF por la jueza Loretta Preska, quien hoy ratificó que la Argentina deberá pagar a dos fondos buitre un resarcimiento de US$ 16.099 millones por la nacionalización de la empresa, ocurrida en 2012.
Así lo dispuso la jueza Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en beneficio de los demandantes Burford Capital (que adquirió los derechos de litigio al Grupo Petersen) y Eton Park.
La magistrada ordenó que Petersen reciba US$ 14.385.449,737, de los cuales US$ 7.533.269,948 corresponden a daños y US$ 6.852.179,789 al 8% de interés simple previo a la sentencia desde el 3 de mayo de 2012 hasta la fecha.
Y que Eton Park recupere US$ 1.714.338,556, que corresponden US$ 897.752,615 a daños; más US$ 816.585,941 por 81 intereses simples previos a la sentencia desde el 3 de mayo de 2012 hasta la fecha.
Además, dispuso que Petersen y Eton Park recuperen también los intereses posteriores a la sentencia, calculado a partir de la fecha de entrada de esta sentencia a una tasa del 5,42% anual, computada diariamente hasta el pago.
En el fallo, la magistrada ordenó que todos los demás reclamos de los demandantes contra la República Argentina, incluidos los vinculados con incumplimiento anticipado, incumplimiento del deber de buena fe y trato justo e impedimento promisorio, sean desestimados, así como todos los reclamos contra la empresa YPF.
Previo a darse a conocer la sentencia de primera instancia, la Argentina reafirmó su voluntad de cooperar de buena fe con los pedidos de la justicia de Estados Unidos y de trabajar sobre de monto de la fórmula determinada en el juicio por la nacionalización de YPF, al tiempo que reiteró que se reserva su derecho de presentar la apelación de la sentencia final en el caso.
Así lo indicó la defensa del Estado argentino a cargo del estudio de abogados Sullivan & Cromwell, en un carta enviada a la jueza de Nueva York a cargo del caso y a la que tuvo acceso Télam.
"La República respetuosamente discrepa de que estas cifras de daños sean correctas y además no está de acuerdo con las sentencias de responsabilidad del Tribunal y se reserva todos sus derechos de apelación", aclara la defensa, que tiene un período de 30 días para realizar el pedido formal.
La misiva es en realidad una respuesta a una carta enviada por los representantes del grupo Petersen y Eton Park, del estudio Kellog, Hansen y asociados, quienes acusaron al país de haberse "negado a conferir de buena fe con los demandantes para preparar un presentación conjunta", afirmó el abogado litigante Dereck Ho.
