Así será la hoja de ruta para definir el precio del gasoil y la nafta en Uruguay

Este comité de siete técnicos que designó el Poder Ejecutivo para realizar una revisión integral del mercado de combustibles, presentó sus conclusiones finales como parte del nuevo esquema que se impulsa desde el gobierno de coalición, que surgió tras la aprobación de la ley de urgente consideración (LUC) este año. 

El informe prevé un plazo de tres años para la implementación gradual del nuevo modelo y tiene dos objetivos: "crear las condiciones para un mercado transparente y competitivo", y "bajar los precios de los combustibles".

Foco en Ancap

Está previsto que a partir de 2021 el Poder Ejecutivo aprobará los precios de los combustibles a los que Ancap deberá vender en las plantas de distribución desde donde se abastecen las estaciones de servicio.

Para eso se utilizarán como base los Precios de Paridad de Importación (PPI), es decir, el precio (teórico) que asumiría un privado si importara y vendiera los mismos combustibles que vende Ancap. Esos valores serán calculados cada mes por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).

A manera de transición y para que Ancap se pueda adecuar a ese nuevo esquema sin comprometer sus números, se sugiere establecer un factor de ajuste diferenciado para cada producto, hasta converger a los valores de PPI en un plazo máximo de tres años, y cumpliendo hitos de avances mínimos anuales.

Si hoy se aprobaran los precios de venta en planta de distribución primaria como está previsto en el PPI, Ancap perdería alrededor de US$ 86 millones, como resultado de disminuir el precio de las naftas y el gasoil, y aumentar el precio del supergás (hoy subsidiado) en unos US$ 50 millones por año. 

El comité plantea que hay elementos que pueden ayudar a que Ancap pueda realizar los ajustes de eficiencia necesarios y acelerar la convergencia hacia los precios calculados por Ursea. Uno es que el ente deja de participar en la cadena de distribución secundaria y sus ingresos dejan de estar afectados por subas o bajas de márgenes e impuestos, se explicó.

Sobre los biocombustibles, se propone evaluar la eliminación de la mezcla obligatoria del 5% de biodiésel (utilizado en gasoil) o sustituirlo por importado. Según el informe, el Poder Ejecutivo debería considerar tres elementos antes de tomar una decisión: los 40 puestos de trabajo asociados a esa mezcla en la planta de Capurro, los compromisos asumidos de cambio climático que establecen los porcentajes de mezcla, y el contrato que existe con un operador privado (Cousa) para la molienda de grano y obtención del aceite.

Fideicomiso del boleto 

En relación al Fideicomiso de Administración del Boleto que en 2019 recaudó US$ 90 millones, se sugiere revisar ese instrumento desde diferentes ángulos, entre ellos su fondeo.  En ese sentido, el comité ve conveniente analizar una redistribución de parte de ese fideicomiso en las naftas. “Desde la perspectiva técnica no hay una conexión directa entre el gasoil y financiar el transporte colectivo”, apuntó Irrazabal en una presentación con periodistas. Actualmente el sobreprecio al gasoil asciende a $ 3,48 por litro vendido.

Competencia entre estaciones

El informe plantea ir hacia un nuevo modelo de distribución en un máximo de tres años, con foco en que exista competencia entre las estaciones. "Es cierto que hay estaciones que compiten en el gasoil, pero no se observa que exista competencia a nivel de las naftas. Y en el gasoil esa competencia tampoco es muy transparente a los ojos de los consumidores en general”, dijo Irrazabal.

Otro punto es que las distribuidoras absorban el costo del transporte y la logística (hoy en manos de Ancap). También se quiere intentar lograr elasticidad en la demanda con información de precios y servicios en las estaciones. 

“Que los consumidores sepan que pueden haber precios diferentes y que no pase que vamos a cualquier estación porque sabemos que el precio es el mismo”, afirmó el representante del Ministerio de Industria y Energía.

La hoja de ruta

El comité considera que cualquier cambio que se implemente debe ser “previsible”, “gradual” y “razonable”. Para esa transición plantea una hoja de ruta compuesta por varias etapas.

En la etapa cero –que tiene una duración de seis meses– se sugiere que la cadena de comercialización mantenga el esquema hoy vigente. Aquí empezaría a regir en las plantas de distribución de Ancap el Precio de Paridad de Importación (PPI) más un factor de ajuste diferenciado por producto (tomaría en cuenta resultados del ente o posibles impactos fiscales, por ejemplo).

Para esa etapa también se proponen considerar modificaciones en la ley de Biocombustibles y una redistribución del fideicomiso del gasoil. Además, se sugiera que la Ursea como organismo regulador realice un estudio de mercado. Por ejemplo, para ver qué impacto tiene la integración vertical de Ancap con Ducsa, cómo opera la integración vertical entre el ente y ALUR o en las distribuidoras que tienen estaciones (hoy son cuatro de Ducsa y tres de Petrobras (próximamente DISA).

En la etapa uno –que se extiende durante un año–, se suma un precio máximo intermedio de venta de los distribuidores a las estaciones de servicio que fijará Ursea. En esa etapa los distribuidores asumirían el costo y gestión del transporte, y deberían vender al mismo precio dentro de su red. Según Irrazabal, se busca “proteger” las estaciones, y que no haya diferencias por volúmenes o factores territoriales, por ejemplo.

En la etapa dos –que también dura un año–, se habilita a que existan cambios en las reglas de juego de la cadena de distribución. Por ejemplo, que los grandes consumidores puedan abastecerse a granel directamente con los distribuidores, que las estaciones puedan cambiar de sello o que pueda haber una habilitación de estaciones de marca blanca.

Cada una de estas etapas está sujeta a los resultados de la etapa anterior.

Finalmente, en la etapa tres, el comité de expertos considera que existe un “mercado maduro”, “más competitivo y dinámico” que podría funcionar solo, por lo que la regulación debería ser la mínima que asegure el menor costo de abastecimiento, que haya combustible en todo el país, y que no haya distorsiones en la cadena.

Se fija únicamente el precio PPI en planta de Ancap y no hay precios intermedios o máximos. Bajo el principio rector de “libertad vigilada”, el regulador podría eventualmente intervenir para fijar precios de venta máximos  tanto a las estaciones como al público, si constatara abusos. Esto requeriría un cambio legislativo porque la ley de Urgente Consideración dice que debe existir un precio máximo.

El informe del comité de expertos está ahora a consideración del Poder Ejecutivo que deberá elaborar una propuesta definitiva para presentar ante el Parlamento a fines de enero.