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Asume el sustituto del gobernador Ricardo Roselló en un clima de inestabilidad por la recesión
Quienes piensan que la asunción de un nuevo gobernador sacará a Puerto Rico de su crisis están equivocados. La isla sufre una crisis económica y son muchos las autoridades y políticos acusados de corrupción. No será fácil sacar al país del pozo.
Puerto Rico depende totalmente de los fondos fiscales que Estados Unidos (EEUU) le envía por su estatus de Estado Libre Asociado (ELA) y gran parte de esos dineros han ido a las arcas de particulares, según explicó el cientista político Mauro Casas.
“Lamentablemente, la teoría económica indica que los países rentistas tienden a ser más corruptos. Es un mal endógeno. La situación de Puerto Rico es similar a lo que ocurre en países con alta renta petrolera, como Venezuela, que reciben flujos masivos de divisas del mercado internacional por un único producto, y esto genera una economía de botín. Es decir, las élites económico-políticas crean mecanismos para hacerse fácilmente de parte de esa riqueza. En el caso de Puerto Rico, si bien no tiene una gran riqueza, es receptor de cuantiosas divisas del Gobierno Federal de EEUU. Es una canilla abierta atractiva para el saqueo”, afirmó Casas, analista y profesor de la Universidad de la República (Udelar).
Casas se refiere a la complicidad existente entre las autoridades para la manipulación de contratos, fondos de inversión y proyectos de infraestructura, que ha sido puesto en evidencia por el Centro de Estudios Investigativos de la isla y la prensa.
EEUU nombró una Junta de Control Fiscal, que depende del Congreso estadounidense, pero igual el dinero siguió siendo utilizado para fines espurios, como campañas electorales en medio del caos financiero.
El resultado es que Puerto Rico está en recesión desde hace más de una década, su deuda pública superó los US$ 70.000 millones en 2016 y se declaró en bancarrota en mayo de 2017, sobre todo a partir del huracán María que devastó a la isla ese año, con pérdidas totales de US$ 50.000 millones y tres.000 muertos, según cifras oficiales (aunque se estima en 4.600 fallecidos, según un estudio de la Universidad de Harvard).
Los US$ 92.000 millones que asignó el gobierno federal para la emergencia del huracán no se vieron. Los puertorriqueños afirman que esa ayuda no fue enviada a tiempo ni fue bien administrada, y buena parte desapareció.
No falta quien señale, entre ellos la senadora puertorriqueña Zoé Laboy, que el trato del presidente de EEUU, Donald Trump, a los puertorriqueños les ha hecho la vida más difícil. Asimismo, afirman que la decisión del Congreso estadounidense de eliminar paulatinamente los principales incentivos fiscales a las compañías estadounidenses en Puerto Rico, conllevó a un éxodo de empresas y propició el inicio de la debacle económica actual.
A pesar de los problemas que ha traído la dependencia económica de Puerto Rico a EEUU, la población piensa que estarían peor si no fuera por EEUU. Desde 1967 los puertorriqueños han votado cinco veces para decidir si quieren separarse o no de EEUU, y no hay duda de que quieren el estatus actual.
La punta del iceberg
Las protestas populares por el chatgate del gobernador Ricardo Rosselló y 11 hombres de su entorno fueron más allá del rechazo por los comentarios ofensivos, misóginos y xenofóbicos que realizaron. Las conversaciones también dejaron al descubierto las malas prácticas del gobierno en materia de finanzas públicas.
Rosselló no solo renunció por la presión popular, sino porque vio todo lo que se venía encima, incluyendo una investigación y juicio político. El Colegio de Abogados de Puerto Rico analizó que se enfrentará a presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos, intervención indebida en las operaciones gubernamentales y amenaza o incitación a la violencia.
Lo cierto es que el desorden de la gobernación es evidente. Pocos días antes del chatgate, la fiscalía ordenó el arresto de seis funcionarios acusados de malversar más de US$ 15 millones de fondos federales. También se dio una sucesión increíble de renuncias. Christian Sobrino, uno de los participantes del chat, renunció a su cargo de director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). Anthony Maceira también dimitió como secretario de Asuntos Públicos. Gerardo Portela hizo lo propio con su puesto de presidente del Banco de Desarrollo Económico (argumentando que los comentarios en el chat “no coinciden con mis valores y principios”). Norma Burgos también renunció a Comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), el partido del gobierno. Rafael Rivera, por su parte, anunció que dejará el cargo de secretario general una vez se complete la transición.
Por si fuera poco, Rosselló anunció que Wanda Vázquez, actual secretaria de Justicia, lo sucedería en la gobernación dado que el secretario de Estado, Luis Rivera Marín (otro participante en el chat, y que le seguiría en la línea sucesoria) había dimitido. Pero Vázquez se adelantó aclarando que no tenía interés en la gobernación. Esto desembocó en una aparente acefalía de candidatos.
Recién el miércoles pasado, dos días antes de hacerse efectiva la renuncia de Rosselló, se conoció el nombre de su sustituto:
Pedro Pierluisi, un abogado corporativo que trabajó en un bufete de Washington, ex representante de Puerto Rico en el Congreso de EEUU y exsecretario de Justicia, pero requiere de la aprobación legislativa.
La cámara baja comenzó el viernes pasado la sesión para abordar su nombramiento y continúa el lunes 5 en el Senado.
La opinión pública celebra en las calles la caída de Roselló como si fuera suficiente. No lo es.
Ahora entrarán en escena investigaciones políticas, la reestructuración de la gobernación, las pugnas internas por el poder y cómo se recompondrá el vínculo con la Casa Blanca. Y, lo que no es menor, un plan de austeridad del que nadie parece poder escapar.
