Blancos y colorados aceptan candidata predilecta del FA a la Corte a cambio de dos cargos en el TCA

El representante cabildante en las negociaciones, Raúl Lozano, no se mostró afín al nombre de Rosina Rossi, ministra del Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 2o Turno, informó días atrás Búsqueda. Rossi había sido propuesta inicialmente por el Frente Amplio y descartada por el resto de los partidos, que luego revisaron su decisión y dieron su beneplácito. Cabildo Abierto pretende que se designe la vacante por el mecanismo que prevé la Constitución en su artículo 236 de la Constitución: pasados los 90 días para negociar cubre la vacante el ministro del tribunal de apelaciones con más años en el cargo. En ese caso, el cargo lo ocuparía la ministra del Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1o Turno, Doris Morales. 

El Partido Nacional y el Partido Colorado habían descartado de plano el nombre de Rossi, no solo en esta oportunidad, sino la última vez que tuvo que votarse el ingreso de un ministro a la Corte, tras la salida de Jorge Chediak. A la magistrada en el ámbito del derecho laboral los abogados tienden a posicionarla como una ministra que suele pararse del lado del trabajador. 

Pero la reconsideración y el impulso de la candidatura de Rossi no fue en vano para los blancos y los colorados. Pidieron algo a cambio, confirmaron varias fuentes políticas a El Observador. En el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), tribunal que juzga procesos administrativos, ante el cual se plantean las nulidades contra el Estado, se librarán batallas importantes contra el gobierno a partir del año que viene. Por ejemplo, la demanda por el acuerdo con Katoen Natie por la administración del Puerto de Montevideo. Si se anulara el acuerdo, se desataría un escándalo legal y político. 

Por eso, para el gobierno es importante incorporar dos nombres de su agrado, que creen que pueden tener un perfil que, al menos, no es proclive a perjudicar sus intereses.

Allí surgieron los nombres de Beatriz Venturini y Ángel Cal para ocupar esas vacantes, informó El País. Consultado a propósito de esto, el senador Gustavo Penadés, representante del Partido Nacional en las negociaciones, dijo a El Observador: "No hay negociación porque no hay acuerdo. Por ahora está el nombre de la Dra. Rossi que es el que se está valorando para la Corte (...) Claro, me interesan (los nombres en debate para el TCA) porque son parte de la negociación, pero no hay nada más que declarar sobre este punto".

Los cabildantes fueron los que trajeron la discordia a una negociación que, para el resto de los partidos, cerraba perfectamente. Cabildo Abierto (CA) cree que la oferta frentista no es suficiente y que, para facilitarle el ingreso de su candidata a la Corte, además de los dos cargos en el TCA la oposición debería dejarle al gobierno decidir quién será el próximo fiscal de Corte. En determinado momento también se barajó la posibilidad de negociar quiénes ocuparán vacantes en otros organismos de contralor, pero esa negociación quedó postergada. 

Tras la salida del exfiscal Jorge Díaz, quedó a cargo de la institución el fiscal de Corte subrogante Juan Gómez y, si bien podría mantenerse en el cargo cerca de cinco años más (hasta que cumpla los 70 años) el mandato de Díaz hubiera terminado el próximo abril y allí el Parlamento ya podría designar a un sucesor. La elección del nuevo fiscal de Corte también necesita de una mayoría especial y Cabildo demanda que el FA la otorgue para algún candidato que impulse el oficialismo, también a cambio de permitir el ingreso de Rossi a la SCJ. 

A menos de un mes de que venza el plazo constitucional para designar al nuevo ministro en la Corte (y en ese caso se aplique el artículo 236 por el que se elige automáticamente a Morales) las negociaciones entre los partidos están prácticamente detenidas ante el silencio cabildante. La última jornada parlamentaria pactada se celebrará este miércoles y luego se reanudará el receso. De ponerse de acuerdo, los legisladores deberán convocar a una Asamblea General antes del 27 de enero. 

La importancia de los ministros de la Suprema Corte de Justicia

La reñida negociación sobre quién ocupará la quinta silla en la Suprema Corte y acompañe a Tabaré Sosa (presidente), Elena Martínez Risso, Bernadette Minvielle y John Pérez en el Palacio Piria tiene especial relevancia para los jueces y para el sistema democrático.

Quien sea electo tendrá un lugar en el máximo tribunal de justicia del país que tiene la palabra final en los procesos y además lidera la gestión del Poder Judicial. Entre sus cometidos, la Corte tiene por un lado, resolver en última instancia, o en casación, los juicios en todas las materias (penal, civil, laboral y de familia). Cuando un justiciable no queda conforme con el fallo de la Justicia puede apelar, con lo que el caso pasa a ser revisado por un tribunal de apelaciones. A su vez, en determinados casos, ese fallo admite ser revisado por la Suprema Corte “en casación”.

Además, tienen la potestad de revisar la constitucionalidad de las leyes votadas en el Parlamento, cuando lo plantea una de las partes afectadas. Por ejemplo, la Corte examinó la constitucionalidad de la ley de urgente consideración a raíz de un recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa de un joven que fue imputado por la muerte de dos mujeres en un accidente de tránsito en Florida, en febrero de 2020.

Finalmente entendió que la LUC es constitucional, pero si el resultado hubiera sido el contrario, podría haber desvirtuado el debate público del país. También dirimió sobre la constitucionalidad del Fondo Covid, herramienta insignia del gobierno para librar los efectos económicos de la pandemia.

Por último, los ministros tienen a su cargo la gestión administrativa del Poder judicial que implica, entre otras cosas, la potestad disciplinaria sobre jueces y funcionarios. El Poder Judicial está compuesto por unas 5.000 personas en total.

Tanta es su injerencia en la agenda pública que se ha llegado a bloquear el ingreso a la Suprema Corte de jueces por su perfil político. Entre ellos está el caso del juez Víctor Hugo Bermúdez, un jurista que iba a ingresar a la Corte en 1998 pero fue derivado al TCA tras fracasar el acuerdo al que habían llegado colorados, blancos y el Nuevo Espacio. En cambio, ingresó a la Corte Gervasio Guillot, que estaba identificado con el Frente Amplio: había ido contra el régimen militar, había presidido la Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio y era asesor directo del general Líber Seregni.

Otro caso fue el de la ministra Mariela Sasson, quien iba a entrar a la Corte pero terminó en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en 2011. En ese entonces, estaba sobre la mesa la constitucionalidad del IRPF. Los ministros Daniel Gutiérrez y Leslie Van Rompaey habían fallado por la constitucionalidad, mientras que Sara Bossio, Hipólito Rodríguez Caorsi y Pablo Troise eran mayoría por la inconstitucionalidad. Ante la salida de Bossio, el nuevo ministro definiría la cuestión. Al gobierno del Frente Amplio le interesaba que se confirmara la constitucionalidad y pretendía por eso que entrara Sasson a la Corte ya que sabían que votaría en ese sentido, pero la oposición la bloqueó e impulsó en su lugar a Jorge Larrieux, a quien el senador Jorge Larrañaga presentó en el Parlamento como blanco. Aún así la jugada fue adversa para la oposición y Larrieux terminó formando mayoría con los otros dos ministros por la constitucionalidad. 

En setiembre de 2015 Tabaré Vázquez intentó impedir que la ministra Martínez jurara ante la Asamblea General. Ya con ella en sala le pidió a los legisladores frenteamplistas que no ingresaran. El mandatario quería que ingresara Eduardo Vázquez, masón. Finalmente, tras un momento de tensión primó la idea del compromiso acordado y se votó la venia.

El último caso de intervención política fue el del juez Luis Simón, grado 4 de derecho procesal y considerado un referente por sus colegas que fue bloqueado por el FA para ingresar a la Corte por considerarlo alineado con el gobierno. En su lugar ingresó John Pérez, quien cosechó mayores acuerdos.