Comenzó la cuenta regresiva. Desde la partida, por jubilación, del ministro Luis Tosi de la Suprema Corte de Justicia el 27 de octubre, se abrió un período de 90 días en el que la Asamblea General puede designar –con el beneplácito de dos tercios de los miembros– a quien cubrirá la vacante. El 27 de enero sería el plazo límite, pero el Parlamento entra en receso el 15 de diciembre, el Día D para votar el nuevo nombre que acompañará a Tabaré Sosa (presidente), Elena Martínez Risso, Bernadette Minvielle y John Pérez en el Palacio Piria.
Los legisladores tienen una prolífica historia reciente en no ponerse de acuerdo y que, vencido el plazo, ocurra lo que dispone el artículo 236 de la Constitución: cubre la vacante el ministro del Tribunal de Apelaciones con más años en el cargo. Según supo El Observador, esta vez no será diferente. A menos de un mes de tener que tomar una decisión, las negociaciones entre los representantes de los partidos –Gustavo Penadés por el Partido Nacional, Ope Pasquet por el Partido Colorado, Guido Manini Ríos en nombre de Cabildo Abierto y Lucía Topolansky representando al Frente Amplio– no están llegando a buen puerto.
La candidata natural, de no haber acuerdo, es la ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno, Ana Maggi. Pero allí surge la segunda particularidad de este caso, Maggi deberá retirarse de su cargo el 9 de enero, puesto que cumple 70 años y no puede mantenerse en funciones, de acuerdo al artículo 250 de la Constitución.
Entonces, ¿quién se perfila a ser el nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia? Todo apunta a que será la ministra del Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1º Turno, Doris Morales. De amplia trayectoria tanto judicial como académica, Morales se transformó en jueza en 1989 e ingresó al Tribunal de Apelaciones en 2003.
Realizó todo el recorrido sin saltearse etapas. Fue jueza letrada de Primera Instancia en Paysandú, en 1993 ocupó el mismo cargo en Las Piedras, hasta que en 1995 fue ascendida a jueza letrada de Familia de Octavo Turno en Montevideo. En 1997 pasó a la materia laboral, en la que se desarrolla hasta ahora. De allí fue trasladada al Juzgado Letrado de Primera Instancia de 14º Turno, cargo que ocupó hasta que pasó al Tribunal de Apelaciones.
De los 18 años en el Tribunal de Apelaciones, los letrados que la han tratado destacan sus sentencias fundadas, prolijas y con especial atención en los detalles. Tanto, que su tribunal desestimó una apelación de ASSE por la excesiva cantidad de faltas de ortografía.
Tiene una vasta formación procesal –cuyos colegas destacan– y pone atención en los requisitos formales, que no es común en el derecho laboral. Dio clases de Derecho Procesal en la Universidad de la República y la Universidad de Montevideo hasta 2006.
En el ámbito de la justicia laboral, los magistrados tienden a ser tildados de “pro obreros” o “pro empresarios” –aquellos que tienden generalmente a favorecer al trabajador o aquellos que hacen lo mismo con los empleadores–. En el caso de Morales, eso no está tan claro.
Varios abogados consultados por El Observador la consideran ecuánime y, pese a no compartir sus sentencias, aceptan que son muy difíciles de revertir debido a la sus nutridas justificaciones, que las transforman en un texto generalmente muy extenso. Además, siempre se apega a las normas sobre el concepto general de equidad.
Morales comparte tribunal con Rosina Rossi, que en el ámbito tienden a posicionarla del lado del trabajador, fue uno de los nombres que manejó el Frente Amplio para cubrir la vacante, pero luego fue descartado por el oficialismo. Las dos se han desarrollado en el ámbito académico y han escrito artículos en conjunto. El tercer integrante del tribunal es Julio Posada.
Participa asiduamente de conferencias relativas al mundo laboral suele destacarse por la claridad de sus exposiciones. Lo ha hecho tanto dentro del país como en el exterior, en países como Brasil o España.
Reservada y resiliente
Doris Morales es de Fray Marcos, un pueblo a 50 kilómetros de Florida. Pero vivió toda su niñez en Bolívar, Canelones.
Estudió abogacía en la Universidad de la República (UdelaR). Nunca ejerció la abogacía, realizó el curso en el Centro de Estudios Judiciales y se recibió de jueza. Sus colegas la describen como una persona reservada y extremadamente formal en el trato. De todas formas, siempre recibió a otros jueces o abogados para evacuar consultas.
Destacan su resiliencia: hace aproximadamente 10 años atravesó una dura enfermedad que la tuvo un tiempo fuera de la actividad, pero regresó apenas pudo. Incluso con alguna consecuencia que luego se revirtió.
Sentencias
La última sentencia resonante de la que participó Morales fue a mediados del 2020 cuando el Tribunal de Apelaciones condenó a la empresa Uber a pagarle salario vacacional y aguinaldo a un conductor de la aplicación, con el argumento de que el trabajador se encontraba en una relación de dependencia. En ese entonces la empresa “lamentó” que el tribunal no entendiera la “naturaleza comercial de la relación con el socio conductor”.
En 2017, su tribunal desestimó un recurso de apelación de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) porque el escrito presentado tenía más de 100 errores ortográficos en 11 páginas. Por eso, el Estado debió pagar $ 342.074 a una funcionaria que trabajaba en régimen de Comisión de Apoyo en un centro de tratamiento intensivo (CTI). La mujer había denunciado a la Comisión de Apoyo porque no le habían pagado la compensación del 20% por trabajar en un CTI. Tampoco había percibido el extra por presentismo ni le habían efectuado de forma correcta la liquidación cuando dejó de trabajar en un centro del organismo.
Su paso por el Juzgado de Trabajo
Los ministros del Tribunal de Apelaciones tienen escaso contacto con abogados o testigos. Generalmente analizan los fallos y valoran las evidencias en privado. No así los jueces letrados, que son quienes evalúan el caso en primera instancia y tienen los intercambios de primera mano.
Como jueza, era de trato cordial pero nada expresiva. A los abogados se les dificultaba saber qué posición iba a adoptar respecto de los casos. A la hora de tratar a los testigos, no realizaba preguntas punzantes ni invasivas. Prefería escuchar.
Por primera vez habría mayoría femenina en la Corte
Si Doris Morales entra en la Suprema Corte de Justicia, sería la primera vez en la historia del país que el máximo tribunal cuenta con mayoría femenina. Ella ya había estado en la SCJ por vacantes puntuales. En 2017, el ingreso de Bernadette Minvielle ya marcó un hito, puesto que nunca dos mujeres habían estado juntas en la Corte. En agosto, la penalista se sumó a Elena Martínez Risso.
Los cambios que se esperan para en la SCJ se dan en medio momentos tensos. El presidente Sosa actuó en solitario en varias oportunidades, lo que generó el descontento de otros ministros. La presidencia va rotando todos los años y es un cargo de índole protocolar, de representación o vocería. Los cinco tienen la misma importancia.
El último capítulo en la novela de desencuentros de los ministros con Sosa fue la semana pasada. Una asistente de él fue denunciada por filtrar información a su esposo acerca de un caso en que, como abogado, patrocinaba a una de las partes. El presidente de la SCJ se negó a apartarla del cargo mientras se desarrolla una investigación administrativa, informó Búsqueda. Todos debieron recusarse y el caso lo juzgará una nueva Corte que determinará si se debe anular la sentencia a la que habían llegado.
Dos semanas antes, Sosa se había reunido con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. No se informó al resto de los ministros ni antes ni después del encuentro.
Suele reunirse solo. En junio había convocado “con carácter urgente” a la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) para conocer la opinión de los jueces sobre la forma de instrumentar los concursos de oposición para el ingreso y el ascenso de jueces.
Sosa tampoco cuenta con la simpatía de la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU). Su secretario general, Pablo Elizalde, tuiteó esta semana que Sosa “no está a la altura" de las circunstancias.
