Este martes comienzan las 72 horas claves para definir si la vacante en la Suprema Corte de Justicia la ocupará un magistrado electo por la Asamblea General o si será Doris Morales, la ministra del Tribunal de Apelaciones con más años en el cargo quien asuma el puesto. Según declaró a El Observador el senador nacionalista y representante de los blancos en la negociación, Gustavo Penadés, empezarán tres días de diálogo fluido con el Frente Amplio –cuya delegada es Lucía Topolansky– para intentar llegar a un acuerdo.
El Parlamento entra en receso este miércoles 15 de diciembre por lo que, de llegar a un acuerdo, deberán convocar una sesión extraordinaria. Para dar la venia se necesita el beneplácito de dos tercios de la Asamblea General.
De todas formas, ya ha habido intercambios de nombres en las últimas semanas, dijeron fuentes de la negociación a El Observador. Pero aún no hay favoritos claros.
¿Por qué a los legisladores les está tomando tanto ponerse de acuerdo sobre quién se sumará a la Suprema Corte de Justicia?
La vacante se abrió cuando el ministro Luis Tosi se jubiló en octubre por haber cumplido 70 años, evento que los representantes de los partidos –Penadés por el Partido Nacional, Ope Pasquet por el Partido Colorado, Guido Manini Ríos en nombre de Cabildo Abierto y Topolansky representando al Frente Amplio– ya tenían previsto. De allí hasta ahora se ha departido sobre una serie de nombres, entre ellos el de Graciela Gatti (ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1° turno), Eduardo Cavalli (ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia de 2° turno), Ángel Cal (Tribunal de Apelaciones en lo penal de 4° turno) y José Balcaldi (Tribunal de Apelaciones en lo penal de 2° turno).
Durante semanas de negociaciones truncas y cuando parecía que un acuerdo entre los partidos políticos era imposible, el peso caía sobre Doris Morales, ministra del Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1º Turno, la ministra con más años en el cargo. Esta alternativa a la elección de la Asamblea General está dispuesta en el artículo 236 de la Constitución. Si bien el nombre de Morales tiene posibilidades y no tienen mayores detractores, los legisladores harán un último intento porque las negociaciones lleguen a buen puerto.
La reñida negociación sobre quién ocupará la quinta silla en la Suprema Corte y acompañe a Tabaré Sosa (presidente), Elena Martínez Risso, Bernadette Minvielle y John Pérez en el Palacio Piria tiene especial relevancia para los jueces y para el sistema democrático.
Quien sea electo tendrá un lugar en el máximo tribunal de justicia del país que tiene la palabra final en los procesos y además lidera la gestión del Poder Judicial. Entre sus cometidos la Corte tiene por un lado, resolver en última instancia, o en casación, los juicios en todas las materias (penal, civil, laboral y de familia). Cuando un justiciable no queda conforme con el fallo de la Justicia puede apelar, con lo que el caso pasa a ser revisado por un tribunal de apelaciones. A su vez, en determinados casos, ese fallo admite ser revisado por la Suprema Corte “en casación”.
Además, tienen la potestad de revisar la constitucionalidad de las leyes votadas en el Parlamento, cuando lo plantea una de las partes afectadas. Por ejemplo, la Corte examinó la constitucionalidad de la ley de urgente consideración a raíz de un recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa de un joven que fue imputado por la muerte de dos mujeres en un accidente de tránsito en Florida, en febrero de 2020.
Finalmente entendió que la LUC es constitucional, pero si el resultado hubiera sido el contrario, podría haber desvirtuado el debate público del país. También dirimió sobre la constitucionalidad del Fondo Covid, herramienta insignia del gobierno para librar los efectos económicos de la pandemia.
Por último, los ministros tienen a su cargo la gestión administrativa del Poder judicial que implica, entre otras cosas, la potestad disciplinaria sobre jueces y funcionarios. El Poder Judicial está compuesto por unas 5.000 personas en total.
Tanta es su injerencia en la agenda pública que se ha llegado a bloquear el ingreso a la Suprema Corte de jueces que podrían haber ingresado, por su perfil político. Entre ellos está el caso del juez Víctor Hugo Bermúdez, un jurista que iba a ingresar a la Corte en 1998 pero fue derivado al TCA tras fracasar el acuerdo al que habían llegado colorados, blancos y el Nuevo Espacio. En cambio, ingresó a la Corte Gervasio Guillot, que estaba identificado con el Frente Amplio: había ido contra el régimen militar, había presidido la Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio y era asesor directo del general Líber Seregni.
Otro caso fue el de la ministra Mariela Sasson, quien iba a entrar a la Corte pero terminó en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en 2011. En ese entonces, estaba sobre la mesa la constitucionalidad del IRPF. Los ministros Daniel Gutiérrez y Leslie Van Rompaey habían fallado por la constitucionalidad, mientras que Sara Bossio, Hipólito Rodríguez Caorsi y Pablo Troise eran mayoría por la inconstitucionalidad. Ante la salida de Bossio, el nuevo ministro definiría la cuestión. Al gobierno del Frente Amplio le interesaba que se confirmara la constitucionalidad y pretendía por eso que entrara Sasson a la Corte ya que sabían que votaría en ese sentido, pero la oposición la bloqueó e impulsó en su lugar a Jorge Larrieux, a quien el senador Jorge Larrañaga presentó en el Parlamento como blanco. Aún así la jugada fue adversa para la oposición y Larrieux terminó formando mayoría con los otros dos ministros por la constitucionalidad.
En setiembre de 2015 Tabaré Vázquez intentó impedir que la ministra Martínez jurara ante la Asamblea General. Ya con ella en sala le pidió a los legisladores frenteamplistas que no ingresaran. El mandatario quería que ingresara Eduardo Vázquez, masón. Finalmente, tras un momento de tensión primó la idea del compromiso acordado y se votó la venia.
El último caso de intervención política fue el del juez Luis Simón, grado 4 de derecho procesal y considerado un referente por sus colegas que fue bloqueado por el FA para ingresar a la Corte por considerarlo alineado con el gobierno. En su lugar ingresó John Pérez.
