Blancos y colorados calculan el engorde de las arcas partidarias

Entre esos alegres, que son cientos de miles, estaban los encargados de las finanzas de estos partidos tradicionales, que ya podían ver que los números internos comenzarían a crecer a través del aporte obligatorio de cada uno de los elegidos para integrar el gobierno.

Los dirigentes estaban empezando a sacarle punta al lápiz cuando la tormenta del coronavirus los revolcó y los obligó a poner en stand by la tarea, aunque ya tienen identificado dónde son necesarias reformas e inversiones.

Los blancos son los que tuvieron más votos y eso se tradujo en las designaciones.

Siete de los trece ministros del gabinete de Lacalle Pou tienen filiación nacionalista. Entre ministros, subsecretarios y directores generales, la cuenta da que de los 43 cargos de confianza, 29 pertenecen al Partido Nacional.

La cantidad aumenta si se toman en cuenta las direcciones nacionales de los ministerios y las presidencias de entes autónomos y servicios descentralizados. De los 128 cargos disponibles, a los blancos le correspondieron 68, mientras que a los colorados 30, a Cabildo Abierto 26 y a los partidos Independiente y De la Gente dos a cada uno. El número crecerá aún más cuando se terminen de definir los directorios de las empresas públicas y las embajadas políticas, que serán las “mínimas necesarias” (por ejemplo Argentina, adónde irá Carlos Enciso), ha dicho el canciller Ernesto Talvi.

A ellos se suman la vicepresidenta Beatriz Argimón, diez senadores y 29 diputados nacionalistas, electos por la ciudadanía en octubre. La cantidad, en este caso, es casi igual (un legislador menos) que en la legislatura anterior.

Entre los sectores, el mayoritario es Todos, un paraguas conformado bajo el liderazgo del presidente Lacalle Pou.

El presidente interino del Directorio blanco, Pablo Abdala, explicó a El Observador que la carta orgánica del Partido Nacional obliga en su artículo 46 a todos ellos a aportar mensualmente el 5% de su sueldo líquido (nominal menos los descuentos legales) al “tesoro partidario”.

El texto señala que la contribución mensual será realizada por el presidente de la República, vicepresidente, senadores, diputados, intendentes, ministros y subsecretarios, alcaldes, miembros de los directorios de entes autónomos y servicios descentralizados, Tribunal de Cuentas y Corte Electoral.

También deben aportar de forma obligatoria 5% de su sueldos los titulares de cargos políticos, ya sean de particular confianza u otros de designación directa, que hayan sido designados a propuesta del partido o de sus sectores, por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, gobiernos departamentales, municipales, u otros organismos del Estado o con participación estatal, ya sea que se trate de cargos en el país o en el extranjero.

Según los últimos datos disponibles en Presidencia, que son de 2018, el sueldo nominal del mandatario es de $ 586.969. La vicepresidenta, en tanto, cobra un salario nominal de $ 336.208, sin tener en cuenta los gastos de representación. De allí también se desprende que los senadores cobran un sueldo nominal de $ 201.749. De ese monto, estos últimos cobran unos $ 160 mil en la mano (sueldo líquido).

Desde el 1° de abril, todos ellos deberán realizar un aporte más, ya que el Poder Ejecutivo resolvió que los cargos de confianza política destinen el 20% de su salario al Fondo Coronavirus, creado para brindar recursos ante la emergencia sanitaria.
Abdala renunciará a la brevedad a la presidencia del Directorio blanco, debido a la incompatibilidad que supone ser presidente del INAU, donde asumirá el miércoles.

El dirigente considera que el desafío para la próxima administración partidaria de los nacionalistas será lograr que todos los que están obligados a pagar lo hagan, y no tengan que salir a perseguirlos para lograr el cobro.

Los blancos ya vivieron esta experiencia en 2018, antes de iniciarse el ciclo electoral, cuando el Directorio encabezado por Luis Alberto Heber debió notificar a la Corte Electoral que quienes tenían deudas, entre ellos el intendente de Artigas, Pablo Caram, no podían usar el lema si no regularizaban su situación. El asunto fue solucionado, pero generó pequeñas heridas: Caram trató de mentiroso a Heber y Sergio Botana (hoy senador, entonces intendente de Cerro Largo) señaló que se estaba dañando la unidad partidaria.

La situación de los blancos se contrapone con la que vive el Frente Amplio, que vive una delicada situación financiera, cuya fragilidad quedó aún más expuesta a raíz de la derrota en el balotaje.

El Observador informó en noviembre que la Presidencia del FA había ajustado los recursos en la segunda vuelta para evitar exponerse a deudas impagables en caso de perder.

Luego de confirmada la derrota, el semanario Búsqueda divulgó que el Secretariado Ejecutivo del FA había discutido la complicada situación financiera y que Miranda había planteado la posibilidad de despidos y seguros de paro para distintos funcionarios.
A partir de esa situación se conformó una comisión a la que se encomendó analizar las medidas de reestructura y ajuste en la organización.

Más allá del escenario agravado por la derrota, en el Frente Amplio cuestionan algunas contrataciones realizadas por el presidente de la fuerza política.

Lejos de la situación de finales del siglo anterior, cuando la bancada colorada oscilaba en los cuarenta legisladores y estaban en el gobierno, pero a una distancia prudencial de la de principios de siglo cuando el partido vivió su crisis más profunda, los fundados por Fructuoso Rivera también esperan aumentar sus ingresos.

El prosecretario general, Max Sapolinski, dijo a El Observador que están terminando un cálculo primario acerca de cuánto entrará en las arcas y destacó que el cambio principalmente se producirá por los cargos de confianza que ocuparán en el Poder Ejecutivo.

La bancada actual está compuesta por 17 miembros (13 diputados y 4 senadores). Los colorados tienen tres ministros y tres subsecretarios.

La carta orgánica también obliga a aportar a los representantes del partido en los cargos públicos rentados que ocupen, aunque en este caso el monto es entre 5% y 10% de las retribuciones nominales que perciban.

Sapolinski señaló que lo urgente está en refaccionar la Casa del Partido Colorado, ubicada en el centro de Montevideo, principalmente las alas que dan a las calles Soriano y San José, y comprar computadoras para los funcionarios que trabajan en las oficinas, ya que están viejas.

Además, empiezan a mirar hacia el 2024 cuando en una nueva campaña electoral buscarán mejorar su desempeño.