Bruselas corrige al Gobierno: El plan de recuperación prevé la incorporación de peajes en España en 2024

"El plan de recuperación español, tal y como fue propuesto por España y aprobado por la Comisión y después por el Consejo, incluye el compromiso de adoptar una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte para diciembre de 2023", explicó Veerle Nuyts, vocero de la Comisión Europea para Asuntos Económicos.

La utilización de un mecanismo para el pago por el uso de autovías generó un debate en medio de la campaña electoral española, cuando el presidente de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, dijo la semana pasada que la medida era una "imposición" de Bruselas. 

"Bruselas nos impone, nos exige, poner peajes. Nos dice que el dinero que nos están enviando no es para conservación y mantenimiento de carreteras, es para otras cosas, con lo cual, debemos poner peajes como una exigencia si queremos recibir más dinero", señaló Navarro. 

Pero el Ejecutivo de Sánchez desmintió sus declaraciones. "Quiero desmentir categóricamente que el Gobierno esté pensando en la imposición de peajes por el uso de carreteras", dijo la ministra de Transporte, Raquel Sánchez. 

Sin embargo, la introducción de algún tipo de peaje formaba parte del sexto tramo de fondos de recuperación acordado con Bruselas.

"Entendemos que el plan español se refiere a un mecanismo que entrará en vigor a lo largo del 2024 en línea con el principio de que el contaminante paga. Analizaremos esta medida cuando llegue la petición del quinto pago, esto no es una discusión para ahora", añadió este jueves Nuyys, aunque en realidad se trata de un compromiso del sexto tramo.

De hecho, en agosto de 2022 el ministerio había lanzado trabajos para estudiar la implementación de estos mecanismos de pago encargando nueve informes de impacto a la consultora pública Ineco, y por entonces justificaba la implementación de esta medida indicando que formaba parte de las Recomendaciones Específicas de País (CSR, por sus siglas en inglés) y subrayaba que consistía en tomar medidas similares a las de otros países europeos, como Italia, Francia o Portugal.

En un anexo de los documentos aprobados por la Comisión Europea y que forman parte del acuerdo entre el Gobierno y el Ejecutivo comunitario, en el que se recogen todos los hitos y objetivos, se señala que, "como mínimo", la nueva Ley de Movilidad Sostenible "contemplará la creación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que comenzará a funcionar a partir de 2024, con arreglo al principio de 'quien contamina paga'. El objetivo de esta medida es internalizar los costes externos del transporte por carretera, creando a tal fin incentivos para lograr una mayor eficiencia en este sector y propiciando una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero".