Cambios en inteligencia del Estado no son acompañados por toda la coalición

El coordinador de la Secretaría de Inteligencia, Álvaro Garcé, defendió ante los legisladores los cambios propuestos en el proyecto de ley de urgente consideración. 

No solo la oposición rechaza algunas de las modificaciones propuestas, sino que también el Partido Colorado y el Partido Independiente pusieron condiciones para votar ciertos artículos.  

La segunda sección del proyecto de ley está estructurada en nueve artículos que, de ser aprobados, modificarían la ley que regula el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado (2018) y la Ley Marco de Defensa Nacional (2010).

En concreto, la Secretaría de Inteligencia del Estado dejaría de ser un órgano desconcentrado dependiente del Poder Ejecutivo –del presidente de la República y los ministros de Defensa, Economía, Interior y Relaciones Exteriores– para estar exclusivamente en la órbita de Presidencia de la República. 

El proyecto de ley urgente también prevé crear la figura del subdirector de Inteligencia y dispone que el titular de la Secretaría, en este caso Garcé, se integre al Consejo de Defensa Nacional (Codena). Este es un órgano consultivo y asesor del presidente de la República, que está integrado por el mandatario y los ministros de Interior, Defensa, Economía y Relaciones Exteriores.

Si se aprueba sin modificaciones el proyecto de ley, el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado dejaría de "coordinar" las acciones de este organismo y empezaría a dirigirlas. Asimismo, dejaría de "proponer" la aplicación de medidas de inteligencia y contrainteligencia para empezar a "disponer" que se cumplan. 

Además de haber información reservada y restringida, se crearía la categoría de información secreta, dentro de la que entrarían "actos, documentos, registros, actividades y cualquier otro material o insumo de los órganos que integran el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado", cuya difusión podría dañar la soberanía e integridad del Estado. 

La única persona habilitada para catalogar como secreta la información sería el director de la Secretaría de Inteligencia del Estado, y a partir de entonces solo se podría acceder a estos datos mediante resolución fundada del presidente de la República en actuación con el Consejo de Ministros. 

Para votar estas propuestas, el Partido Colorado puso como condición que siga dependiendo del Poder Ejecutivo y no de Presidencia, porque en tal caso la actuación de la secretaría no podría estar sujeta a control parlamentario. 

En el mismo sentido se expresó el senador frenteamplista José Carlos Mahía, que en la sesión advirtió que si este cambio se concreta no va a haber ningún "responsable político" del gobierno ante el Poder Legislativo, lo que a su juicio es "un cambio sustancial". 

El partido de gobierno en principio está dispuesto a mantener la Secretaría de Inteligencia del Estado en la órbita del Poder Ejecutivo, dependiente de los cuatro ministerios, y no de Presidencia de la República. 

Garcé aseguró que el gobierno está "abierto" a reconsiderar este punto, basándose en lo que dijo el presidente Luis Lacalle Pou en la última reunión que tuvieron. Sin embargo, en la sesión del martes no dio margen a más modificaciones que esta. 

Los argumentos

Los senadores del Frente Amplio rechazaron en la sesión el nuevo sistema de clasificación de información. También señalaron que la ley que el Poder Ejecutivo quiere modificar nació del "acuerdo político" de todos los partidos con representación parlamentaria, a partir del trabajo de la Comisión Especial con fines de asesoramiento en Inteligencia de Estado, creada en 2011. 

Eduardo Bonomi, senador del Movimiento de Participación Popular, recordó que cuando era ministro del Interior una parte de la oposición pedía que la Secretaría de Inteligencia dependiera del Parlamento. Por eso consideró que sería un cambio "muy brusco" si ese organismo se trasladara a la órbita de Presidencia. 

El senador Charles Carrera (MPP) expresó que la existencia de este organismo no está en discusión, ya que es una herramienta necesaria para el gobierno, pero rechazó que se dejara de lado el rol inicial de "coordinación".

A su vez, valoró que la nueva clasificación jurídica en torno a la información es "muy cuestionable", porque supone que haya datos a los que ni siquiera se podrá acceder por orden judicial.

En gran medida, la posición de los legisladores del Frente Amplio quedó resumida en la exposición del senador Mario Bergara. "Se genera una figura de dirección en el sistema que en la interna del Poder Ejecutivo queda por encima de los ministerios, sin que se pueda acceder a un control parlamentario y en la que tampoco hay mayor involucramiento del Poder Judicial", aseguró. 

Garcé argumentó que los cambios propuestos van a fortalecer las facultades de dirección de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado. Aseguró que si las modificaciones se concretan, se equilibrarán las necesidades jurídicas de conducción del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado y el reconocimiento de las especialidades que lo integran, que tienen que ver con la inteligencia policial, militar, económica y de política internacional.

Sobre las disposiciones que refieren a información secreta, Garcé argumentó que las agencias de inteligencia de otros países difícilmente puedan proporcionar a Uruguay información clasificada si los estándares locales son "menos rigurosos" que los internacionales. 

Por otra parte, dijo que la sustitución del verbo "coordinar" por "dirigir" parte de la base de que en las comunidades de inteligencia hay "intereses contrapuestos" que no se pueden permitir en materia de inteligencia estratégica, que debe estar al servicio de los objetivos nacionales.

El senador Raúl Lozano, de Cabildo Abierto, también defendió que cierta información sea considerada secreta, ya que el proyecto de ley refiere a datos que puedan poner en peligro la soberanía o integridad del Estado y no a "una simple pesquisa".

Mahía sostuvo que este es una asunto como “del huevo o la gallina”, ya que si el sistema político y los legisladores no saben qué es esa información secreta, no tendrán elementos para discernir si correspondía o no catalogarla así.

A partir de la intervención de Lozano, quien dijo que el organismo funcionará como una "dirección técnica", el senador de Asamblea Uruguay pidió que ese término fuera contemplado por sus pares de la comisión especial. "De alguna manera suaviza lo que puede interpretarse como una dirección de carácter más político por encima de los ministerios", justificó.