Casi 800 turistas varados aguardan ser evacuados de Machu Picchu por las protestas en Perú

La suspensión del servicio de trenes y el cierre de la misma ciudadela dispuesto por el ministerio de Cultura dejaron aislados en la localidad de Aguas Calientes, rebautizada Machu Picchu, a 779 turistas, según los registros oficiales.

Muchos de ellos se concentraron en la estación de trenes a la espera de novedades sobre una eventual reapertura de las vías hacia Cusco, donde también permanece cerrado el aeropuerto internacional que fue tomado por manifestantes el martes.

“Desde el día 14 de diciembre del año en curso hasta nuevo aviso, por el conflicto social que se está viviendo en el territorio peruano y por la seguridad de los turistas y población en general, se ha dispuesto el cierre de la Red de Caminos Inca y la llaqta (ciudadela) de Machu Picchu”, informó la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, citada por la agencia de noticias Sputnik.

"Estamos ahora en Aguas Calientes y no podemos volver a Cusco y salir para otro país por las protestas”, dijo a la AFP Gale Dut, una turista israelí. "Sólo quiero ir con seguridad para otro país. El tren de Perú Rail me envió información que no funciona", agregó.

El servicio de trenes que une la ciudadela de Piedra con Cusco, distantes a 11 kilómetros, es el único medio de locomoción masivo entre ambos puntos.

"Tenía que salir de Cusco ayer (martes) en tren y tomar un vuelo a Lima para volver a casa, pero ahora no es clara la situación", declaró a la agencia francesa otro turista belga.

El servicio de ferrocarriles entre Cusco y Machu Picchu, se suspendió desde el martes por las violentas protestas que se iniciaron en lunes en Cusco con marchas, ataques a locales públicos e intentos de tomar a la fuerza el aeropuerto internacional.

La compañía suspendió su servicio para priorizar la seguridad de los pasajeros, ante posibles bloqueos en la vía férrea. Las autoridades locales pidieron apoyo al gobierno nacional con helicópteros para trasladarlos a Cusco.

Desde el miércoles rige el estado de emergencia en todo el territorio peruano que no sólo implica la suspensión de las garantías personales sino el despliegue policial con apoyo militar en zonas convulsionadas. Esto ocurre en casi toda la zona andina donde la población protestas desde hace una semana reclamando la libertad del destituido presidente Pedro Castillo y la convocatoria a elecciones anticipadas.

Fuentes sanitarias dijeron que en la víspera murió un octavo manifestante baleado por la policía durante las protestas, tras permanecer internado desde el domingo.
La presidenta Dina Boluarte aceptó ya convocarlas para fines del 2023 tras su intención original de completar el mandato de Castillo en julio del 2026, que luego rebajó a 16 meses, una enormidad de tiempo a la luz de la conflictividad desatada.

El Frente Agrario y Rural del Perú declaró el martes un “paro por tiempo indefinido” hasta lograr la disolución del Congreso que destituyó Castillo luego de que este anunciara esa medida.

Los bloqueos de rutas esporádicos y ataque a empresas también comienzan a ocasionar grandes daños económicos. La presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Rosa Bueno, calculó en 1.728 millones de soles (equivalente a poco más de US$ 450 millones) las pérdidas diarias por las medidas de fuerza.

Sólo en Arequipa, una de las cuencas lecheras del país, se pierden a diario 700.000 litros de leche por imposibilidad de procesarlos y transportarlos, según fuentes empresarias.

El ex presidente, un sindicalista docente de 53 años despreciado por las élites blancas, afrontará en la mañana de este jueves una audiencia judicial crucial donde se debe decidir si sigue preso, tal como reclama la fiscalía, que lo acusa de rebelión, o si cesa la detención por siete días dictada por un juez, que concluyeron el miércoles.