Caso Gavazzo: abogadas del Poder Ejecutivo dicen que tenían orden de enviar todo a la Justicia

En una declaración realizada ante la fiscalía el 12 de abril de 2019, Josefina Nogueira, adscripta a la dirección general de secretaría del Ministerio de Defensa Nacional, declaró que la decisión de pasar todo a la Justicia siempre estuvo clara.

“Eso nunca estuvo en duda. No, jamás. Y en la secretaría de Presidencia tampoco”, declaró ante el fiscal Morosoli según actas a las que El Observador tuvo acceso.

Nogueira, cuya función es leer todos los papeles que firma el ministro de Defensa, dijo que la denuncia se demoró porque se entendió que había que estudiar todo el expediente y separar lo que se dijo caso por caso, para derivar las declaraciones a los juzgados correspondientes.

Se pretendió hacer esa tarea en secreto. “Nuestro miedo era que se filtrara el contenido del expediente antes de que llegara a las determinadas causas que había”, declaró. “Lamentablemente se filtraron”, sostuvo en otro momento. El momento de la publicación del contenido de las actas por parte de El Observador lo definió como “el día del problema”.

Analizando el escándalo que estalló tras la divulgación del contenido de las actas el 31 de marzo de 2019, Nogueira dijo que se pudo haber actuado de otra manera: “Nos quedamos analizando el expediente y desagregando las distintas causas. Por supuesto que el expediente eran 800, más de 800 fojas. Hoy, con el diario del lunes, lo hemos discutido, hubiéramos hecho fotocopias de las 800 fojas y lo hubiéramos remitido a la fiscalía y nos despreocupábamos de este tema”.

Ella en persona estaba haciendo ese desglose de datos para “facilitarle a la justicia de la manera adecuada” el caso. De su declaración, no queda claro cuándo lo habría terminado. Su declaración ante el fiscal se produjo el 12 de abril de 2019 y sostuvo que aún estaba analizando el contenido del expediente.

Gavazzo había hecho las primeras confesiones, en las que admitió que tiró el cuerpo de Roberto Gomensoro al río Negro, en abril de 2018.

Camilo Dos Santos

Nogueira le dijo al fiscal Morosoli que ella entendía que el tribunal de Gavazzo y Silveira no debía ser homologado y que su opinión era que debía declararse la nulidad de sus actuaciones, o al menos no homologar sus actuaciones.

El tribunal de honor había sido convocado en 2017 para analizar las conductas de Gavazzo, Silveira y Luis Maurente en el caso del “segundo vuelo”, por el cual están condenados. Los tres militares negaron su participación en esa operación, a pesar de su condena judicial, pero en el caso de Gavazzo admitió su participación en otros crímenes, y Silveira conocer sobre ellos.

En el caso de Maurente el tribunal no halló mérito para sancionarlo. En los casos de Gavazzo y Silveira, sí fueron sancionados pero no por sus violaciones a los derechos humanos, sino por haber permitido que el coronel Juan Carlos Gómez permaneciera tres años preso por el asesinato de Roberto Gomensoro, a sabiendas de que era inocente.

El Poder Ejecutivo no homologó el tribunal a Maurente, pero sí los de Gavazzo y Silveira, haciendo constar su rechazo a los motivos impuestos para sancionarlos y la no consideración del fallo judicial en el caso del segundo vuelo. Sin embargo, la resolución de la Presidencia no hizo referencia a las confesiones respecto a los crímenes hechas por los militares en el tribunal.

Leé también

Member

Lo que debe probar el fiscal para imputar a Manini Ríos y el paso a paso del caso

Nogueira dijo a Morosoli que la decisión de homologar los tribunales a Gavazzo y Silveira, aunque con las reservas citadas, fue del “Poder Ejecutivo”. “Yo era de la opción de no homologar ninguno de los tres fallos o anular”, declaró la funcionaria.

Por su parte, la abogada Mariana Errazquin, directora del departamento jurídico de la Presidencia, también sostuvo que la decisión era denunciar todo ante la Justicia, y que esa tarea debía ser cumplida por el Ministerio de Defensa.

Relató que quien le indicó que se debía redactar las resoluciones para homologar los tribunales a Gavazzo y Silveira, no hacerlo en el caso de Maurente, y preparar todo para enviar a la Justicia fue el entonces secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma.

Ines Guimaraens

Sostuvo que ella tomó apuntes de esas indicaciones en una agenda, que aportó como prueba.

“Tengo una agendita (…) cuando me llama mi jefe subo con esa agenda y tomo nota de lo que me piden”, declaró.

En la agenda, en letra manuscrita con fecha 22 de febrero de 2019 y con el encabezado de “urgente”, se lee que las indicaciones recibidas de Toma fueron, entre otras: no homologar el tribunal de Maurente, homologar sí los de Gavazzo y Silveira pero en la parte expositiva “caer con todo” en cuanto al valor de la cosa juzgada en un estado de derecho e instruir al Ministerio de Defensa para que pasara todo a la Justicia.

Errazquin también relató que las resoluciones de Presidencia cuando se homologaron o no los tribunales, y se cesó al entonces comandante Guido Manini Ríos por sus comentarios criticando al Poder Judicial fueron algo suavizadas por el Ministerio de Defensa.

“Josefina Nogueira bajó a mi oficina, a mi máquina, para depurar, sacar cosas que ya estaban dentro del proyecto, porque el Ministerio de Defensa entendía que ellos iban a tener que seguir tratando con los militares y que quizás estaba muy fuerte el tenor de la resolución”.

Ni Nogueira ni Errazquin llegaron a la administración pública durante los gobiernos del Frente Amplio.

Nogueira ingresó al Ministerio de Defensa Nacional en 1998, y fue “siempre asesora de ministros y subsecretarios”.

Errazquin ingresó al Ministerio de Defensa en 1990 y luego pasó a Presidencia.

Por el ocultamiento de las confesiones de Gavazzo, que solo fueron enviadas a la Justicia luego de que El Observador informara de ellas, el fiscal Morosoli no encontró méritos para procesar al presidente Tabaré Vázquez ni a Toma, y solo pidió imputar al entonces comandante del Ejército, Manini Ríos por el delito indicado por el artículo 177 del Código Penal, que castiga al funcionario público que omitiera denunciar delitos de los que tuviera conocimiento por razón de sus funciones, y que se hubieran configurado en su repartición. 

El delito por el que la fiscalía pretenden imputar a Manini, tiene una pena de 3 a 18 meses de prisión.