Chile suma proyectos para detener y expulsar a quienes ingresan en forma ilegal al país

La iniciativa, presentada como “Migración Ilegal Cero”, llega luego que Boric ordenara el despliegue de efectivos de las Fuerzas Armadas en el norte de Chile para reforzar el control fronterizo en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta, decisión cuestionada por los gobiernos de La Paz y Caracas.

“Queremos reeditar algo similar a lo que fueron las residencias sanitarias durante la pandemia, para tener lugares para llevar a quienes no cumplan con los requisitos de permanencia hasta que sean expulsados”, expresó Kast, quien consideró que el gobierno de Boric debe “exigirles” a Bolivia y Perú “un mayor control migratorio”.

La propuesta de endurecer la política migratoria no es patrimonio exclusivo de los partidos de derecha. La semana pasada, el abogado penalista y titular de la Fiscalía Nacional, Ángel Valencia, participó de una sesión de la Comisión Constitucional del Senado en la que propuso aplicar la “prisión preventiva” a todos los extranjeros que hayan ingresado en forma irregular, una idea que los medios locales denominan “criterio Valencia”.

La iniciativa fue bien recibida por senadores de diferentes partidos, algunos incluso del propio espacio político del presidente Boric, y derivó en la presentación de un proyecto de ley para incorporar el llamado “criterio Valencia” al Código Penal, hasta el momento un criterio impulsado por el Ministerio Público, pero que no es de aplicación obligatoria para los tribunales de garantía.

“El fiscal dio una señal clara de lo que se debe hacer, y esperamos que los tribunales acojan esa medida”, dijo Kast en referencia al marco normativo vigente que, según admite el propio gobierno, se vio desbordado por la ola de migrantes que ingresan por el norte del país, contexto en el que el Boric destacó la necesidad de abordar "los desafíos del crimen organizado que pretende instalarse en Chile y que en algunos casos tuvo algunos grados de inserción desde el exterior”.

La propuesta de Kast, que fundó en 2019 el Partido Republicano, incluye la creación de un ministerio con facultades especiales para identificar y expulsar a los indocumentados agrupando al “Registro Civil, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería, Aduanas y cualquier organismo que tenga alguna vinculación para poder identificar o acreditar que una persona no cuenta con los documentos necesarios para estar en Chile”.

La iniciativa también incluye la formación de una fuerza integrada por Carabineros, la Policía de Investigaciones y la Gendarmería para centralizar “todos los antecedentes y la información de cualquier persona” con el objetivo de materializar las detenciones y las posteriores expulsiones. Kast, además, consideró que “el resguardo de fronteras y la expulsión de extranjeros que estén en condición de ilegalidad” debe formar parte del nuevo texto constitucional, que deberá reemplazar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.

“Vinimos a solicitarle al presidente que ponga en discusión inmediata el proyecto de ley que tipifica el ingreso clandestino en nuestro país”, afirmó el diputado Diego Schalper, de Renovación Nacional. La iniciativa, que se suma a la de Kast, señala que si un migrante no reúne las condiciones para ser declarado como refugiado será sancionado con la pena de prisión y una multa de entre US$ 860 y US$ 1.570 dólares.

Boric, sin embargo, aunque admitió que el tema es “delicado porque se puede confundir migración con delincuencia”, aseguró que su gobierno “perseguirá de manera implacable” a quienes estén ingresando para cometer delitos. “Quiero que sean los delincuentes los que tengan miedo, no la ciudadanía”, dijo el mandatario, poco antes de que la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmara que Venezuela “no da las facilidades” para que se concreten las expulsiones de unos 20.000 inmigrantes irregulares.

Chile busca crear con Bolivia una estrategia para realizar controles más eficientes que impidan el paso de los migrantes por la frontera; mientras que, con Caracas, el gobierno de Boric pretende mejorar los trámites burocráticos que actualmente impiden realizar repatriaciones administrativas de quienes cometieron delitos en el país o bien entraron por pasos ilegales.

Boric, no obstante, intentó hasta el momento bajar la tensión señalando que su país “no quiere agravar los problemas con Bolivia y Venezuela por la migración irregular”. El mandatario reconoció que las relaciones entre Santiago y Caracas son difíciles, pero dijo que su gobierno tiene “la mejor voluntad para trabajar con todas las herramientas que otorga el derecho internacional para abordar el fenómeno, donde Venezuela también tiene un rol importante que jugar”.

Las declaraciones de Boric encontraron una inmediata respuesta del gobierno de Bolivia. Desde La Paz, le recriminaron sus palabras, y le recordaron que Chile y Bolivia no tienen en vigencia ningún acuerdo para la repatriación de migrantes de terceros países que sean detenidos cruzando la frontera común, esto último en referencia a los migrantes venezolanos. "El procedimiento de reconducción al que se refiere el presidente Boric es normativa chilena que no genera ningún tipo de obligación internacional", dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani.

Por su parte, el canciller venezolano Yván Gil respondió que “el gobierno de Venezuela aún no recibió solicitud de trabajo coordinado con el gobierno de Chile respecto a supuestas deportaciones de venezolanos". El funcionario agregó que “la coordinación en esta materia fue un clamor nuestro, así como la exigencia de respeto a los Derechos Humanos de nuestros compatriotas".

El conflicto hizo que Naciones Unidas (ONU) pidiera a Chile “detener inmediatamente” las expulsiones, argumentando que cada migrante “tiene derecho a una evaluación individual y permanecer en el país mientras se investiga cada caso en el marco de los estándares internacionales de Derechos Humanos y de consideraciones humanitarias”, como el arraigo y los vínculos familiares, entre otras cuestiones.