Cinco años después, el Frente Amplio repite varias recetas contra la inseguridad

Mientras que en la oposición –a sabiendas de que la inseguridad es el principal tema de preocupación de los uruguayos– centra su discurso en la “recuperación del control político” del Ministerio del Interior, la mejora de la eficiencia de la policía y el cabal cumplimiento de las penas, la coalición de gobierno aprobó este domingo un programa que le propone a la ciudadanía “un enfoque de derechos” para la gestión de la seguridad pública, con medidas como la derogación del registro de antecedentes penales para los menores que cometan delitos graves, así como la eliminación de la prisión preventiva para adolescentes en conflicto con la ley, y la “reestructuración” del sistema de penas.

El programa del Frente Amplio se compromete a “reducir la violencia” y “aumentar los niveles de convivencia”. Para ello, por un lado, retoma muchas de las propuestas incluidas en el programa que en 2014 llevó a Tabaré Vázquez a su segunda presidencia, como las intervenciones urbanas, la reforma carcelaria y el fomento de la convivencia ciudadana; por otra parte, también suma nuevos elementos a la oferta programática, como la regulación “estricta” de la tenencia y el uso de armas y la creación de una nueva unidad dependiente de Presidencia.

Tanto el diagnóstico como la definición política del Frente Amplio permanecen absolutamente incambiados desde que comenzó la campaña anterior. En el anterior programa, el Frente señalaba lo siguiente: “El problema no es solo el delito, sino también la cultura de intolerancia, crispación y violencia cotidiana que ha ganado espacios en la sociedad uruguaya en las últimas décadas. El pilar central es promover y desarrollar la cultura ciudadana entendida como el conjunto de los comportamientos, valores, actitudes y percepciones que comparten los miembros de la sociedad y que determinan las formas y la calidad de la convivencia, influyen sobre el respeto del patrimonio común y facilitan o dificultan el reconocimiento de los derechos y deberes de los ciudadanos”.

Cinco años después, la biblia frenteamplista repite esa frase palabra por palabra.

En la última campaña, cuando el Frente estaba comprometido en las encuestas de opinión pública, Vázquez apostó fuerte y prometió bajar las rapiñas en un 30% para el final de su administración. Hasta el momento, la realidad le ha golpeado en la cara al gobierno elevando en un 40% la cantidad de rapiñas, según los datos cerrados a mitad de año. Si bien las autoridades confían en que el segundo semestre permitirá amenizar las cifras, ya ninguno sueña siquiera con terminar el período con la misma cantidad de rapiñas que al principio.

El desafío del Frente Amplio, programa en mano, será convencer a la ciudadanía de que esta vez sus propuestas podrán dar en el clavo y mejorar los indicadores que más preocupan a los uruguayos.

Las propuestas

Intervención urbana

El Frente Amplio planteará en la campaña la “integración” de las políticas de seguridad con la “inversión en infraestructura”, prometiendo un “conjunto de intervenciones estratégicas tendientes al rediseño urbano”.

De esta forma, se propone “profundizar” la tarea encabezada en esta gestión por el sociólogo Gustavo Leal en el Ministerio del Interior, que estuvo al frente de las demoliciones en barrios de mayor vulnerabilidad social, como Los Palomares.

¿Qué decía el programa anterior? La intervención urbana ya constituía la principal estrategia del Frente Amplio para luchar contra la inseguridad.

En el programa que llevó a Tabaré Vázquez a su segunda presidencia, el Frente Amplio se planteaba como “objetivo principal vencer el miedo”, a través de un “rediseño del espacio público”, la “prevención como norte estratégico y filosófico”, y el “desarrollo de la convivencia como garantía de una sociedad más segura”.

“Superar el temor colectivo en el espacio público será la estrategia prioritaria para recuperar la ciudad como un escenario de tránsito, intercambio y generador de encuentros”, decía el programa de gobierno 2015-2020.

En ese sentido se planteaba una “estrategia de convivencia orientada a vencer el miedo y fortalecer el espacio público”, con intervenciones urbanas “integrales” para “la convivencia vecinal en territorios vulnerables”. Esas acciones, decía el texto, se orientarían a “construir ciudad y ciudadanía” a través de programas sociales e infraestructura.

La política de rediseño urbano de barrios de contexto crítico, como la implementada en Casavalle este año, se enmarcó en esa hoja de ruta.

Fortalecimiento institucional

El nuevo programa del FA señala como prioridad las acciones preventivas para eliminar las causas del delito y plantea acompañar las acciones disuasorias y represivas con “una potente articulación de las políticas públicas integrales enfocadas en la mejora de la calidad y la cobertura de los programas sociales”.

Para la “reducción de los niveles de violencia” se propone la creación de un “espacio institucional” bajo la órbita del Poder Ejecutivo para implementar políticas destinadas a “aumentar los niveles de convivencia”.

En ese sentido, se plantea la creación de una Secretaría de Prevención de la Violencia, dependiente de Presidencia, que tendrá como objetivos “el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas integrales que se articulen con todos los niveles de gobierno y la sociedad civil organizada”.

¿Qué decía el programa anterior? Se hacía hincapié en la necesidad de un abordaje desde un “ámbito multiagencial”.

Reestructura de cárceles

En su programa, el FA afirma que “las transformaciones en el sistema penitenciario que comenzaron en 2005 constituyen un aporte a la seguridad de toda la sociedad” y compromete a “implantar un efectivo sistema de rehabilitación y reinserción”.

Entre las políticas a aplicar en esa materia esta la promoción de “redes de protección y seguimiento” para los presos, pasando todo el sistema penitenciario a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). El Poder Ejecutivo envió este año un proyecto de ley al Parlamento para que esa reforma sea implementada a partir de 2021. Según el texto votado el domingo en el Congreso, el sistema penitenciario deberá “desarrollar un modelo de gestión de cárceles que cuente con autonomía en el diseño y ejecución presupuestal”, por lo que se propone “la creación de un servicio descentralizado” en la órbita del MEC.

La coalición de izquierda se compromete además a culminar, para el final del siguiente periodo, con la sustitución del personal policial por “operadores penitenciarios civiles” en todos los cargos de dirección del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Según la propuesta programática, las nuevas cárceles que se construyan “tendrán una concepción orientada al control y las actividades de rehabilitación” –como actividades laborales, productivas, educativas y recreativas–, mientras que se implementará un “plan  de reestructuración” de las cárceles existentes adecuándolas a ese modelo “orientado a la reinserción”.

Entre los compromisos está también la aprobación de estímulos fiscales a empresas que contraten presos “en diversas modalidades”.

¿Qué decía al respecto el programa anterior? La transformación del sistema penitenciario formaba parte del programa de 2015-2020, casi en los mismos términos que el aprobado este domingo. Allí se planteaba como línea estratégica la “consolidación de un nuevo modelo de gestión de prisiones y abordaje de las personas en conflicto con la ley”.

La principal línea estratégica era el “traspaso definitivo” del sistema de gestión de prisiones a la órbita civil, un objetivo que se vuelve a mencionar en el programa para la próxima campaña.

Por su parte, el “nuevo modelo de gestión” prometido para este período incluía muchas de las propuestas que formarán parte de los compromisos de la próxima campaña. Por ejemplo, se prometía la “mejora de las condiciones laborales de los funcionarios del sistema carcelario”, así como “la inclusión social” mediante “programas de formación, trabajo, empleo y educación”.

Revisión de las penas

El nuevo programa plantea una “reestructuración del sistema de penas”, para darle “coherencia y equilibrio”. Por ejemplo, se menciona la aprobación del nuevo Código Penal y se destaca que las penas “no debe establecerse como un sistema de venganza, sino como un camino para promover la rehabilitación”.

¿Qué decía el programa anterior? No planteaba revisar las penas.

Regulación “más estricta” de tenencia de armas

"Las armas de fuego existentes en nuestra sociedad constituyen un riesgo concreto que nos amenaza a todos, especialmente a las mujeres. Se evaluará y regulará bajo criterios más estrictos las armas de fuego y se promoverán modificaciones normativas sobre la tenencia y uso de armas por parte de los civiles y de los cuerpos de seguridad y su contralor. Se implementarán acciones para el efectivo desarme en el marco de las modificaciones normativas y de sus competencias", establece el programa del Frente Amplio.

¿Qué decía el programa anterior? No mencionaba el tema.

Profundizar las seccionales comunitarias

El Frente promete en su programa una “profundización” de la reforma policial “consolidando el cambio institucional hacia un nuevo paradigma de gestión proactivo basado en el conocimiento y la inteligencia aplicada".  

En ese marco, el oficialismo considera que se debe profundizar y vigorizar las seccionales comunitarias de policía a nivel territorial y local. Este punto es uno en el que la oposición ha acentuado mucho sus críticas, acusando a los gobiernos del Frente Amplio de haber “centralizado” la gestión de la seguridad, quitando relevancia a los referentes locales.

¿Qué decía el programa anterior? Entre los planteos programáticos de la pasada campaña, el Frente mencionaba la necesidad de “fortalecer” la Policía Comunitaria, al igual que otros programas como las Mesas Locales de Convivencia y el Centro de Asistencia a Víctimas del Delito.