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Ciudadanos enojados por la corrupción presionan a gobiernos y partidos
¿Qué ha pasado desde que la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht saliera a la luz con toda la fuerza del escándalo a lo largo y ancho de América Latina?
Las crisis por los casos de corrupción provocan pérdida de legitimidad y credibilidad, y serios problemas de gobernabilidad, por lo que los gobiernos y los partidos políticos están buscando formas para recuperarlas promoviendo investigaciones, nuevas leyes y más transparencia. La gran pregunta es hasta qué punto esas iniciativas serán sostenibles en el tiempo y qué tan efectivas resultarán.
“El caso de la constructora brasileña, con sus sobornos millonarios a políticos y funcionarios de 12 países desde hace décadas, es un síntoma de cómo la corrupción está enraizada en la base misma de los sistemas políticos y empresariales de la región. Muchos otros casos de corrupción se suman en distintos países, en especial donde la democracia y las instituciones están debilitadas”, dijo a El Observador Rafael Piñeiro, profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica del Uruguay, especializado en temas de corrupción y transparencia en América Latina.
El fenómeno es de larga data, pero la diferencia radica en que esta vez la opinión pública está más activa que años atrás y exige más respuestas y justicia; un llamado que los gobiernos y políticos de la región están escuchando no solo por respeto a esos principios, sino seguramente para trenzar los lazos rotos con los electores.
Lo cierto es que en los últimos tiempos los ciudadanos están hartos de la corrupción y sobre todo por la impunidad. Y ese sentimiento se ha transformado en reacciones colectivas que ya no pueden pasar por debajo de la agenda política.
Medidas
Desde que se destapó el Lavo Jato, en Brasil se han tomado medidas contra políticos y funcionarios corruptos como quizá nunca antes en su historia, y el caso más emblemático es el del expresidente Lula da Silva, en prisión desde abril de este año. Los funcionarios investigados incluyen hasta al actual gobernante Michel Temer, denunciado el miércoles 19 por la fiscal general, Raquel Dodge, por corrupción y lavado de dinero por su supuesta participación en una trama que benefició al sector portuario a cambio de sobornos.
El mandatario electo de Brasil, Jair Bolsonaro, resultó electo precisamente por levantar bien en alto la bandera contra la corrupción. Según la más reciente encuesta encargada por la Confederación Nacional de Industria, 75% de los brasileños apoya los anuncios de Bolsonaro, entre ellos, los de la lucha anticorrupción.
En este mes, las autoridades brasileñas han firmado acuerdos de clemencia con más de 30 empresas de construcción a cambio de que colaboren en las investigaciones que involucrarían, para empezar, unas 100 empresas más. Hasta el momento han recaudado US$ 1.149 millones en multas, según informaron. La investigación estima delitos por US$ 1.647 millones y a la fecha ha derivado en 215 condenas a 140 personas.
En Perú, donde el Lava Jato alcanzó, entre numerosos funcionarios, a cuatro expresidentes (Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski), también se están tomando medidas visibles.
El mandatario Martín Vizcarra ha emprendido una reforma política que consiste en cambiar al organismo encargado de elegir a jueces y fiscales (los nombramientos se hacían según conveniencias e intereses), regular el financiamiento de los partidos políticos (sobre los que ha recaído una vorágine de denuncias por obtención ilegal de recursos) y prohibir la reelección inmediata de congresistas (todos los miembros del Congreso quedarán sin cargos en 2021). Estas medidas drásticas con el fin de “limpiar” el sistema, fueron sometidas y aprobadas en consulta popular el domingo 9.
El gobierno de México no se ha quedado atrás en la reacción contra la corrupción. El presidente Andrés López Obrador pisó el acelerador a fondo para cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional, alegando su sobrecosto (US$ 13.300 millones), opacidad y sospechas de corrupción, según señaló. Aunque esta decisión es cuestionada por las penalizaciones que la cancelación de contratos ya firmados traerá aparejadas para el país y otros fundamentos, igual pone en evidencia la intención del mandatario de “detener el derroche”.
Siguiendo con los ejemplos de las reacciones ante la corrupción, Colombia acaba de sancionar a Odebrecht y no podrá firmar contratos con el Estado por 10 años. También le ordenó el pago de cerca de US$ 252 millones de indemnización. El fallo aplica a los socios de la constructora en el país, como Episol, del banquero Luis Carlos Sarmiento, el hombre más rico de Colombia. Lo interesante es que, una vez más, la decisión resulta de una acción popular, como en la mayor parte de las medidas en los distintos países mencionadas en esta nota.
En cuanto a Ecuador, estrenó su tercer vicepresidente en un año tras destaparse la corrupción que involucraba a los dos anteriores. Ahora la silla la ocupa el empresario de medios Otto Sonnenholzner, luego de que el mandatario Lenín Moreno declarara que evaluaba “el perfil de personas que realmente tengan un pasado claro” para la posición y tras una votación de legisladores. Según la fiscalía, en Ecuador hay 22 detenidos y 24 causas abiertas por asociación o enriquecimiento ilícito, captación ilegal de dinero y otros delitos.
La fuerza de la opinión pública
Los analistas consultados destacan que el problema de la corrupción es endémico en América Latina, asociado a sus características estructurales esencialmente vinculadas a las desigualdades en términos de riqueza y pobreza. Esto hace que el fenómeno sea complejo y de difícil solución.
En su libro La raíz de todos los males, el periodista argentino Hugo Alconada Mon detalla cómo funcionan las redes de poder corrupto y observa: “El sistema se mueve desde los sótanos del poder con operadores todoterreno, con jueces de “servilleta”, con espías expertos en escuchas ilegales, prostitutas VIP y otras prestaciones, más la ayuda de periodistas mercenarios (que hablan de libertad de prensa) y de empresarios prebendarios y evasores (que despotrican, eso sí, contra el populismo), además de políticos corruptos, sindicalistas millonarios y poli-ladrones”.
Pero el autor también señala que ese entramado puede comenzar a ser desmontado a partir de una ciudadanía comprometida, de una opinión pública fuerte y firme, que reclame y despierte a los políticos.
Como ejemplo del poder ciudadano, Alconada Mon recuerda cuando la sociedad italiana en 1992 ejerció la fuerza suficiente como para impulsar investigaciones penales contra la “tangentópolis” (la ciudad de los sobornos), que terminó provocando la caída de toda una clase política y empresaria corrupta en ese país. Otro caso que menciona como un “sí, se puede combatir” es la presión popular que se ejerció, precisamente, contra el Lava Jato brasileño, y se sigue ejerciendo hasta lograr respuestas en la práctica.
Según Piñeiro, la ciudadanía alcanzó su mayor protagonismo en América Latina a partir de la década de 2000 con el auge de la inclusión política. “La movilización de la ciudadanía tiene la capacidad para que los temas de corrupción sean llevados a la agenda política. Representa una ventana de oportunidad para la transformación de políticas públicas e institucionales, pero hay que tener en cuenta que los cambios, para que se concreten, dependen de más factores, de otros actores políticos y sociales”, advirtió. En otras palabras, una cosa es cómo el problema de la corrupción entra en la agenda y otra cuáles son las políticas y prácticas que se generan o no posteriormente.
Es por ello que muchos gobernantes o candidatos, una vez que recuperan la legitimidad por sus propuestas anticorrupción, dejan sus iniciativas en un segundo plano cuando cede la presión de la ciudadanía. Algo más que suele ocurrir es que, para intentar afrontar el flagelo, se aumenten las sanciones, cuando la problemática debería ser abordada en forma más integral con otras medidas, como la reducción de la desigualdad social, el fomento de la educación y los valores, y la prevención.
Cabe agregar que, cuando no se cae en la impunidad –como suele ocurrir en América Latina–, generalmente el combate a la corrupción se enfoca en la identificación y castigo de individuos, pero el sistema y redes del delito quedan incólumes.
¿Qué pasará desde ahora? Con ciudadanías más demandantes, es de esperar que el combate a la corrupción sea más efectivo. Sin embargo, toda reacción tiene su resistencia. Por otra parte, al decir de Piñeiro, “la región ha evolucionado en el aspecto de la reivindicación, pero viviremos más situaciones de crisis, más procesos sociales conflictivos, en tanto las ciudadanías son más exigentes y, por lo tanto, más difíciles de gobernar”.
