Coalición camino a rechazar desafuero a Manini mientras busca pulir diferencias entre socios

El próximo 1º de setiembre llegará la primera hora de la verdad, cuando los integrantes de la comisión de Constitución del Senado deberán votar si hacen lugar o no al pedido del fiscal Rodrigo Morosoli, quien pretende imputar al excomandante en jefe del Ejército por no haber denunciado ante sus superiores que el represor José Nino Gavazzo admitió ante un Tribunal de Honor de la fuerza de tierra, en abril de 2018, que en 1973 había tirado al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro. Luego pasará al pleno del Senado, donde se requieren al menos 21 votos para que prospere.

A casi diez días de esa instancia en comisión, en la coalición de gobierno prima una postura contraria al desafuero de Manini Ríos pero con matices entre los sectores. Mientras que en el Partido Nacional y en el sector colorado Batllistas –liderado por Julio María Sanguinetti– consideran que no hay méritos suficientes como para aprobar el desafuero, en Ciudadanos –sector de Ernesto Talvi hoy liderado por Adrián Peña– manejan la posibilidad de dar sus votos para que Manini sea indagado por la Justicia, según fuentes políticas. 

El propio Peña, que participó de la comisión pero ya no estará en el Senado al momento de votar el desafuero, se encuentra trabajando en un informe sobre el tema y tiene previsto comunicar su posición en la coordinadora nacional del sector, el próximo 31 de agosto.

En Cabildo Abierto, pese a que Manini Ríos ha insistido públicamente en que no pretende ampararse en ningún “privilegio”, los otros dos senadores –Guillermo Domenech y Raúl Lozano– han manifestado en diversos ámbitos su postura contraria al desafuero de su líder, aunque en los últimos días se llamaron a silencio sobre el tema.

Las diferencias o posibles “perfilismos”, según dirigentes del oficialismo consultados por El Observador, son motivo de alerta en la coalición y hacen que todos estén “orejeando” el próximo paso de sus correligionarios antes de asumir una postura definitiva.

La vicepresidenta Beatriz Argimón, por ejemplo, es partidaria de buscar –en la medida de lo posible– una posición en bloque de la coalición para evitar rispideces que puedan surgir de votos discordes, según contaron fuentes nacionalistas. La intención de la presidenta de la Asamblea General, compartida por muchos de sus compañeros de partido, es transitar la votación “sin dejar heridas” en el relacionamiento entre los miembros de la coalición.

La bancada del Partido Nacional discutirá su postura el próximo miércoles por la tarde, horas después de la reunión en Suárez y Reyes con el presidente Luis Lacalle Pou por el tema presupuesto. 

En esa instancia, los senadores recibirán los informes de los integrantes de la comisión (Carmen Asiaín, Graciela Bianchi y Carlos Camy), que debieron revisar la prueba presentada por Fiscalía, repasar los testimonios –incluyendo el de Manini Ríos, el expresidente Tabaré Vázquez y el exsecretario de Presidencia Miguel Ángel Toma– y ahora analizan si hay lugar a la "formación de causa", tal como establece la Constitución.

“Mi informe va a ser netamente jurídico. Hay que dejar por fuera el análisis político”, dijo Bianchi a El Observador. La senadora, que prefirió no adelantar su conclusión, sí cuestionó que el Frente Amplio haya tomado y anunciado su postura “antes de tener todos los elementos” arriba de la mesa. 

En el Partido Nacional, al igual que en Batllistas, entienden que la acusación de Morosoli contra Manini tiene fundamentos “poco sólidos” y que si el excomandante en Jefe del Ejército fuera pasible de sanción penal, también deberían serlo Vázquez y Toma. 

El expresidente Julio María Sanguinetti lo escribió explícitamente el pasado 24 de abril en su columna de El correo de los viernes. “De confirmarse el relato que se ha hecho público, es evidente que si el general Manini tuvo responsabilidades, mucho más las tuvieron el Secretario de la Presidencia y el propio Presidente de la República”, argumentó en ese entonces.

Otro elemento esgrimido por los blancos –al igual que el sector de Sanguinetti– es que el asunto no puede reducirse al “cálculo político” y las conveniencias coyunturales, sino que debe priorizarse el cuidado de las instituciones, en este caso el Poder Legislativo. 

Como antecedentes, los blancos que se oponen al desafuero traen a colación los casos de Enrique Erro y Rodolfo Nin Novoa, dos legisladores del Frente Amplio a los que el Partido Nacional rechazó levantar los fueros.

Sobre el desafuero

El artículo 114 de la Constitución dice que "ningún Senador o Representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aun por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93, sino ante su respectiva Cámara, la cual, por dos tercios de votos del total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa, y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente".

Según el politólogo Óscar Bottinelli, "lo que la cámara hace no es dar un permiso o autorización para que actúe el Poder Judicial" sino algo análogo al procesamiento en el viejo código de procedimiento penal: "considerar que existe prima facie prueba de elementos delictivos como para que se forme causa". 

"Resultan impropias las afirmaciones que el Senado no debe entrar al análisis de la sustancia del tema. Todo lo contrario, no se puede hacer lugar a la formación de causa si no se examina detenidamente el expediente judicial y se valora el mismo de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Y el análisis no debe ser político, es un acto de juzgamiento, es un acto de carácter jurisdiccional cumplido por un cuerpo político. Ningún legislador puede resolver en base a sus convicciones políticas sino en base a consideraciones jurídicas. Para analizar todo ello, el legislador debe revestirse de la calidad de magistrado, internalizar la conducta de un magistrado y desterrar de su decisión la conducta de un político", escribió en una columna el pasado 21 de junio.