Combate a la delincuencia: la seguridad también entra por los ojos

Sin embargo, la seguridad pública es, tal vez antes que nada, una sensación térmica. Es decir, uno se puede sentir seguro aunque en realidad esa seguridad sea endeble. Y esa sensación no deja de ser cierta aunque no muy lejos de allí anden a los tiros.

Si usted está sentado en un restaurante o en una plaza con miedo a que en cualquier momento aparezca un delincuente con un arma, habrá pasado un mal momento aunque el atraco no se concrete. Si usted no tiene temor de que eso suceda -aunque los números fríos de las cifras de rapiñas y asaltos digan que estos permanecen incambiados-, nadie le podrá quitar lo bailado.

Por eso el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, le tomó la temperatura a las demandas populares y ordenó a la policía que salga a la calle a mostrar sus uniformes. Habrá que ver si el patrullaje intensivo y la actitud más decidida de los uniformados finalmente empuja a la baja las cifras de delitos (lo que se evita es difícil de mensurar). Pero aunque la violencia no mengue, si la mayor presencia policial genera más sosiego en la gente, parte de la tarea estará cumplida.

Además, difícilmente el gobierno de Luis Lacalle Pou pueda exhibir rápidamente algún logro de carácter económico, y como ya fue dicho al principio, en esos asuntos hay que mostrar plata constante y sonante para tranquilizar al auditorio. Por eso, los gestos de Lacalle y de Larrañaga en el ámbito de la seguridad son necesarios como el agua en este inicio de gestión.

Es verdad que, particularmente en las redes sociales, hay gente que dice temerle a la presencia de la policía y ya hay denuncias presentadas por supuestos desbordes en la acción de los uniformados.

Buena parte de las bases de aquella izquierda que ponía el énfasis en atacar las causas del delito mutó, -a caballo de un entendible temor ante la delincuencia desatada- hasta transformarse en defensores de la represión y de las penas más descarnadas.

Las advertencias sobre la posibilidad de que se desate una actividad represiva que se lleve por delante las garantías ciudadanas nacen mayormente de sectores del Frente Amplio vinculados con la promoción de la agenda de derechos. También desde las filas de la militancia feminista más radical se advierte una fuerte aprensión hacia las fuerzas de seguridad que toma forma en consignas en ocasiones un tanto naif como esa que dice “me cuidan mis amigas, no la policía”.

Sin embargo, los uruguayos fóbicos a los uniformes parecen ser franca minoría. El propio exministro del Interior, Eduardo Bonomi, ya había reconocido que en sus recorridas por los barrios de Montevideo muchos frenteamplistas le pedían más mano dura contra la delincuencia llegando al extremo de reclamar la pena de muerte. Incluso, dijo Bonomi en una entrevista con Brecha, los militantes “pedían derechos humanos para las víctimas pero no para los victimarios”.

Así que buena parte de las bases de aquella izquierda que ponía el énfasis en atacar las causas del delito mutó, -a caballo de un entendible temor ante la delincuencia desatada- hasta transformarse en defensores de la represión y de las penas más descarnadas.

Con esos antecedentes, Larrañaga tiene un largo paño para cortar antes de que la gente le pida que pare la mano, si es que en algún momento se le va, en su afán de mostrar que los delincuentes ya no la tienen tan fácil.

Las sórdidas noticias policiales, las balas, los asaltos, las muertes seguirán a la orden del día en una sociedad que se ha ido pudriendo desde sus márgenes.

Por eso, el nuevo gobierno se juega a convencer a la gente de que ante una misma realidad, otra será la actitud. Y se juega a multiplicar la presencia de uniformes en las calles y a amplificar las insistentes sirenas de los patrulleros como primer antídoto para intentar amansar el miedo colectivo.