Combustibles: la madeja sigue enredada

¿Sirvió para algo el (intento de) cambio?

A grandes rasgos la hoja de ruta que pretende instaurar el gobierno de Lacalle Pou es que las tarifas de los combustibles que comercializa Ancap estén alineadas a lo que ocurre en el mercado internacional. Eso buscaba un doble objetivo. Por un lado, que los precios que comercializa el ente petrolero local fueran competitivos (que no tuvieran sobrecostos por las ineficiencias de Ancap) y, por otro, que no se utilizara a las tarifas para “hacer caja” o ayudar a moderar subas puntuales del Índice de Precios al Consumo (IPC). Para aggiornar un esquema más transparente se actualizó una paramétrica de Precios de Paridad de Importación (PPI) de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea), y además se buscó darle mayor autonomía técnica para que efectivamente cumpla su rol. El plan original trazado indicaba que mes a mes el consumidor iba a tener claro qué iba a pasar con la tarifa en el surtidor en función de cómo se comportaba el precio (teórico) de importación en el mercado internacional de combustibles refinados en la Costa del Golfo de EEUU, que suele acompañar la tendencia que muestra el petróleo. 

Sin embargo, esa propia regla es la que hoy está acorralado al gobierno. Lo que emergió como un camino para darle mayor transparencia quedó empantanado y rehén de un contexto internacional que no ayudó porque el precio del petróleo se disparó y eso crispó aún más el malhumor de la población que interpretó que el nuevo esquema era más negativo que el anterior. 

Así, hoy las tarifas que el consumidor uruguayo está pagando en el surtidor están subsidiadas porque el costo político de trasladar el 100% de la foto del mercado internacional era muy alto. En el segundo semestre del año pasado el gobierno apeló al argumento de “ganancias extraordinarias de Ancap” por la venta de gasoil de UTE para no tomar lo que indicaba el PPI y este año el foco parece estar en no trasladar todo el aumento sugerido por el regulador para no presionar más el ritmo de suba del Índice de Precios al Consumo (IPC). 

Lejos de transmitir certezas a los agentes, el nuevo esquema de revisión de las tarifas mes a mes parece generar un mar de incertidumbre en el que prácticamente es imposible predecir cuánto puedan subir o bajar las tarifas de los combustibles cada mes. Esto porque la foto del PPI que publica mensualmente la Ursea puede ser utilizada o no por la mesa chica que toma la decisión (MIEM, MEF, OPP y el presidente Lacalle Pou). En la interna de Ancap consideran que el nuevo esquema de fijación de tarifas mantiene un elevado componente de discrecionalidad donde a veces la lupa está sobre las cuentas de la empresa y, en otras, que la inflación no se vaya de mambo. 

En definitiva, eso trae aparejados dolores de cabeza a la hora de realizar coberturas como las que solía hacer Ancap con contratos a futuro para la compra de dólares o de petróleo. La razón es muy sencilla: hoy la empresa no tiene ningún tipo de incentivo para contratar una cobertura porque las tarifas a las que vende sus productos se continúan fijando por criterios políticos o midiendo el impacto sobre los precios de la economía. En el esquema anterior que aplicó el Frente Amplio, donde la revisión de las tarifas se realizaba en ventanas de tiempo más largas como un semestre —y que también tenía un componente de discrecionalidad política— el ente podía tomar coberturas porque ya tenía “fijado” un precio techo para la venta de sus productos al mercado. 

Además, el tamaño de la reforma que pretende impulsar el gobierno desbordó a su regulador. La Ursea debió pedir un semestre más y contratar a un asesor externo para definir cómo se puede desregular el funcionamiento actual de la cadena de comercialización y distribución de combustibles. Los estacioneros ya se están moviendo para que algunos de los cambios que se proponen se hagan en forma progresiva y no mueva mayormente las reglas de juego. Habrá que ver hasta dónde llegan los cambios en ese eslabón de la cadena. Tampoco hoy hay avances sobre un potencial rediseño del subsidio que el consumo de gasoil transfiere con $ 3,48 por litro para el fideicomiso del boleto. 

El subsidio al supergás parece atornillado

Esta semana tuvimos otro anuncio de política sobre el mercado del supergás que tampoco fue en la dirección de corregir algunos errores de diseño en la política de subsidio al consumo de ese combustible, vital para las familias de menores ingresos. De hecho, fue por ello que la ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche anunció que su precio se congelará entre los meses de julio y setiembre, además de que se reducirá la recarga para la garrafa de 13 kg en un 50% para la población más vulnerable que recibe apoyo del Mides. 

El subsidio al supergás cuesta la friolera de US$ 100 millones por año, que luego Ancap lo traslada en las tarifas de otros combustibles como el gasoil o la nafta. De los $ 63,35 que se comercializa el precio del supergás por kg, a Ancap apenas le ingresan $ 17,44. La parte más gruesa de la torta se queda en la fase de comercialización y distribución ¿Cómo es posible que el Estado no pueda ser hoy capaz de redireccionar esa mochila únicamente sobre la población más vulnerable y no al barrer para toda la población?

El gasto en supergás está distribuido en porcentajes que rondan el 20% en todos los quintiles de ingresos, como te muestro en este gráfico de Exante. 

Es cierto que hay contratos con distribuidoras (Riogas, Acodike, Megal y Ducsa) que están vigentes hasta febrero de 2023 y que ya se comunicó que no serán renovados en las actuales condiciones, pero perfectamente se podría contar con dos precios de venta al público. Con un precio sensiblemente mayor, seguro que habría incentivos para que el supergás deje de ser el principal combustible para cocción o la segunda opción de calefacción de los uruguayos como ocurre hoy en día ¿Qué pasará cuando estas empresas de supergás y sus trabajadore alerten por la pérdida de cientos de empleos en la cadena? ¿Seguirá adelante el gobierno con su plan o buscará un camino del medio? 

El economista y experto en temas de competencia Sebastián Fleites posteó en su cuenta de Twitter algunas reflexiones sobre este anuncio que dejan en evidencia la debilidad de un problema que está lejos de atacarse por las principales autoridades del gobierno. Por ejemplo, la necesidad de que el mercado de microgarrafas de 3 kg tenga una reforma porque hoy las familias de menores ingresos abonan un precio de $ 113 por kg versus el $ 63,35 de una recarga para una garrafa de 13 kg. 

Hoy las chances de ver una reforma profunda en el mercado de combustibles lucen difusas. Hubo pocos avances y todo parece indicar que la discrecionalidad política y la regulación (con otro esquema) del mercado se mantendrá como su base principal.