Cómo cayó el “fortín narco” de Jardines del Hipódromo

El padre de este último fue señalado como responsable de un delito de tráfico interno de armas y municiones y de usurpación.  Mientras que a los primeros dos se le aplicó la medida cautelar de prisión preventiva por 120 días, el tercero cumplirá 60 días de preventiva. La defensa de la mujer intentó que la prisión preventiva pudiera cumplirse en prisión, alegando que tenía siete hijos, uno de ellos de tres meses y que tendría que amamantarlo.

La fiscalía se opuso, y dijo que la mujer vendía droga mientras amamantaba a su bebé. El juez Gonzalo Arzuaga le dio la razón y la mujer fue a prisión. Asimismo, el abogado señaló que la mujer ya había sido declarada inimputable en las tres causas por narcotráfico por las que fue condenada anteriormente, sin embargo este argumento no convenció al juez.
  
Los otros tres acusados tramitaron un proceso abreviado, mediante el cual admitieron la participación en el delito del que se los acusaba a cambio de una pena menor. Una mujer que se encontraba ocupando una vivienda que no le pertenecía y que fue acusada de usurpación fue condenada a ocho meses de libertad vigilada al tiempo que deberá entregar la llave de la vivienda. 

Durante la audiencia la mujer dijo que ella había decidió mudarse al complejo Quevedo junto con su marido, luego que este, tras robarle a  varios vecinos del Complejo Pantaleón Pérez, fuera amenazado de muerte por gente de la zona. “Me fui porque lo iban a matar y yo lo amo”, se excusó la mujer. Al igual que el Complejo Quevedo, el Pantaleón Pérez  fue construido como parte del realojo del llamado asentamiento Siete Manzanas del barrio Ituzaingó. La mujer había sido beneficiada con la entrega de un apartamento en Pantaleón Pérez, donde todavía viven algunos de sus familiares. 

Asimismo, un hombre de unos 60 años fue acusado de un delito de tenencia no autorizada de armas de fuego y municiones. Como no tenía antecedentes penales, la fiscalía acordó con él una suspensión condicional del proceso, mediante la cual se compromete a cumplir una serie de medidas dispuestas por la fiscalía, que en caso de ser respetadas lleva a que se suspenda el proceso y que por tanto la persona no reciba ningún antecedente penal.   

El hombre, que se comprometió a entregar sus armas, un revolver calibre 38, cartuchos y una pistola calibre 22, y a presentarse en la comisaría una vez a la semana durante ocho meses, dijo que no recordaba tener el arma en casa y aseguró que nunca salía con ella porque no necesitaba protegerse en el barrio.
Por su parte, el hombre que trabajando para el grupo criminal se ocupó de construir el muro perimetral, así como instalar las puertas en los ductos por los que pasaban el agua potable hacia las viviendas, fue condenado a seis meses de prisión y diez de libertad vigilada luego de admitirse responsable de asistencia al tráfico de drogas. El ahora condenado fue clave para que el grupo criminal lograra el control del complejo. 

Bajo control

El clan Figueroa tomó el control del complejo Quevedo construyendo un verdadero “fortín narco”, como lo definió la fiscal durante la audiencia en la que imputó a sus líderes.  Los primeros Figueroa llegaron legalmente, como beneficiarios del realojo del asentamiento que era conocido como “Siete Manzanas, en el barrio Ituzaingó. Sin embargo, mediante la usurpación de nueve de las 48 viviendas, en la que se alojaron familiares y conocidos de la banda, lograron afianzar su poder en la zona.  La primera vivienda usurpada pertenecía a un hombre que quedó a cargo luego de que el titular falleciera.

Leonardo Carreño

Su hijo llegó después para habitar la propiedad, pero según dijo Ferrero, solo estuvo dos días ya que el clan Figueroa lo expulsó del lugar a la fuerza. Allí montaron un almacén, que servía de pantalla para el negocio de droga.  En la boca, ubicada en el centro de este complejo que fue inaugurado en mayo de 2018 por la Intendencia de Montevideo, la policía incautó  un ladrillo de 215 gramos de cocaína, 633 gramos de marihuana, 627 envoltorios de pasta base, 206 envoltorios de cocaína, 48 envoltorios de marihuana.

Pero a diferencia de otros grupos criminales como los Chingas, a este  no le bastó con expulsar vecinos para apoderarse de las viviendas. Además, construyeron un muro con dos cercos de alambres de púas e instalaron portones eléctricos que solo se podían abrir si los vecinos compraban los controles remotos que la familia vendía. Asimismo, colocaron un sistema de video vigilancia con el que se controlaba los accesos al complejo, los espacios comunes y en particular los alrededores a la boca de la familia. La líder del grupo, una mujer de 33 años con tres antecedentes penales, accedía a las imágenes desde su celular.  El control de la zona se completaba con la instalación de guardias armadas en los ingresos del complejo. 

En enero un adolescente fue herido de gravedad en el complejo. En lugar de llamar a la emergencia móvil para que lo asista, el hombre enviado a la cárcel con prisión preventiva por 60 días, decidió trasladarlo él mismo a un centro de salud. Sin embargo, cuando llegó fue demasiado tarde y falleció en el lugar. La fiscal Ferrero dijo en la audiencia que fue el grupo criminal quien impidió el ingreso de médicos al lugar, además de que no permitieron que policía científica recabara información para el caso, que igualmente terminó con una persona imputada.

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El control de la banda incluía hasta la instalación sanitaria de las propiedades. Los ductos del complejo fueron cerrados por puertas metálicas que se abrían con una llave que solo tenía la líder del grupo. De hecho, según se relató en la audiencia, al momento del operativo policial la mujer se abrazó a una cartera para impedir que sea incautada. Esto llamó la atención de los policías que inmediatamente le pidieron que la abriera.

En su interior se encontró un manojo de llaves, y una de ellas abrió uno de estos ductos en los que se encontró una mochila y una caja fuerte. En ellas se guardaban dos balanzas de precisión, $ 11 mil, así como marihuana y cocaína. En ese momento la mujer dijo que la llave la había encontrado en la calle, y negó cualquier relación con la droga hallada. 

El fin del silencio

Las investigaciones llevadas adelante en el complejo Quevedo se iniciaron a partir de la denuncia de la Intendencia de Montevideo. El Ministerio del Interior y la Fiscalía iniciaron un trabajo similar al desarrollado en Los Palomares, donde la banda de los Chingas expulsó a 110 personas de sus hogares en 2017, y que  llevó a el enjuiciamiento de los cabecillas del grupo criminal, así como la demolición de las viviendas que ocupaban y la construcción de una calle interna que permita mejorar el control policial.  Respecto al complejo Quevedo, el director de Convivencia del Ministerio del Interior, Gustavo Leal dijo que, tras la detención de los líderes, ahora se buscará poner fin a los posibles relevos del grupo. Asimismo, aseguró que esta acción se desplegará en otros barrios en la medida en que existan denuncias.