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Cómo mantener al elefante en marcha

El gobierno entrante se mueve con cautela, y hay fiebre en la definición de las candidaturas municipales 

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10 de enero de 2020 a las 22:10

El gobierno entrante  da señales de que no intentará grandes cambios en todas partes, sino ajustes en ciertas áreas que cree desajustadas, o fuera de rumbo.
“No se puede refundar el país cada cinco años”, gusta decir el presidente electo, Luis Lacalle Pou, quien prefiere hablar de evolución, no de revolución.

Para el nuevo gobierno se requieren ajustes en la seguridad pública, el gasto del Estado, el comercio exterior, la enseñanza pública, las tarifas y gestión de las empresas del Estado, la seguridad social y ciertos aspectos de las relaciones laborales.

El Frente Amplio, ahora desplazado, esbozó algunas reformas en esos frentes, pero al fin las descartó debido a las diferencias internas y los bloqueos de las corporaciones (particularmente en la enseñanza pública, un elefante que marcha por sí solo).

Hay crecientes problemas de empleo, sobre todo entre los más jóvenes, las mujeres y las personas mayores de 50 años. Existen unos 180.000 desocupados y otros tantos subempleados y “desalentados”. Buena parte de los desempleados de los últimos cinco años lo son de la industria, la construcción, las actividades primarias y el servicio doméstico. Es un tipo de mano de obra que difícilmente pueda aspirar a otro tipo de tareas. Los sectores más dinámicos de la economía uruguaya —agroindustrias, producción de energía, comunicaciones— son poco demandantes de mano de obra y prefieren incorporar tecnologías.

Lacalle Pou se reunió el martes con dos grupos de presión con ideas contrapuestas: la central sindical PIT-CNT, y los productores agropecuarios nucleados en Un Solo Uruguay.

Los sindicatos, en particular los de funcionarios públicos, temen a los recortes de gastos, que serán inevitables; en tanto los productores rurales desean menos impuestos y tarifas públicas, que sin embargo no bajarán fácilmente. Al medio está un Estado que recauda alrededor de US$ 2.000 millones menos de los que gasta cada año.

Hace mucho tiempo que el sector privado hizo su ajuste, pero el sector público aún no. Además, durante los gobiernos del Frente Amplio, entre 2005 y 2019, los funcionarios públicos pasaron del 6% del total de la población del país a casi 9%.

El gasto público crece más rápido que la economía debido a la creciente asistencia al BPS, el pago de capital e intereses de la deuda pública, las transferencias al sistema de salud y los salarios de funcionarios.

El gobierno entrante promete mantener las funciones de los Consejos de Salarios, aunque con ciertas flexibilizaciones. Reafirma que impedirá las ocupaciones de los lugares de trabajo por sectores militantes, que serán desalojados. El PIT-CNT insiste que casi no se ocupan empresas, y las patronales sostienen que la simple amenaza basta para intimidar y distorsionar. Tarde o temprano algunos sindicatos medirán la voluntad del gobierno en este plano apenas lo consideren oportuno. Los gremios han vaticinado años de conflictos, y se prepararon. De todos modos, será riesgoso para ellos, pues pueden perder la batalla por la opinión pública, decisiva en el largo plazo.

“Piquetes” y ocupaciones de lugares de trabajo fueron moneda corriente entre 2005 y 2008, al inicio del ciclo frenteamplista, con el sindicato de metalúrgicos (UTMRA) como punta de lanza. La justicia suele dar la razón a los propietarios, pero se toma su tiempo, lo que provoca grandes pérdidas. 

Ya en diciembre de 2010 el entonces presidente José Mujica aprobó un decreto que permite desocupar por la fuerza las oficinas del Estado.
El nuevo gobierno se propone ceder a las Intendencias una parte de los programas de asistencia social y empleo que realiza el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Este Ministerio, que transfiere pequeñas partidas de dinero a centenares de miles de personas, montó una gran estructura asistencialista en el interior, por fuera de las Intendencias, como un caballo de Troya en territorio adversario. 

Su base de datos y sus funciones son un botín político de primera importancia. Ahora, en pleno verano, los partidos también están en pugna por las candidaturas para las elecciones municipales del 10 de mayo.El Frente Amplio —aún confundido por la derrota nacional— trata de montar una oferta seductora y equilibrada para Montevideo y Canelones, que reúnen el 56% de la población del país, y que deberían ser sus principales posesiones políticas en los próximos cinco años. Yamandú Orsi, el intendente canario que va por la reelección, no tendrá rivales internos de cuidado. Pero Montevideo es un magma incandescente.

Algunos dirigentes, como José Mujica o Mario Bergara, parecen dispuestos a entregar la candidatura y el casi seguro gobierno en la capital, a cambio de una mejor posición para la candidatura presidencial de 2024. Aspiran a que el eventual ganador en Montevideo (Álvaro Villar, Carolina Cosse, Pablo Ferreri, Álvaro García o quien sea) no tenga suficiente estatura para pretender después el liderazgo del Frente Amplio, como ocurrió con Tabaré Vázquez desde 1989 (y Daniel Martínez intentó con menos fortuna).

Mientras tanto, un bloque liderado por el Partido Nacional trata de ofrecer alianzas para disputar Intendencias del interior del país que ahora controla el Frente Amplio. Candidatos blancos y de Cabildo Abierto podrían votar bajo el lema Partido Nacional. De hecho, tienen buenas chances de desplazar a la izquierda en Río Negro y Rocha (además de retener otras Intendencias muy significativas, como Maldonado, Colonia y San José). Pero le resultará mucho más difícil competir en Montevideo —una fortaleza inexpugnable del Frente Amplio desde 1989—, Canelones y, eventualmente, Paysandú. 

Los blancos no necesariamente contarán con la cooperación del Partido Colorado, o al menos del sector de Ernesto Talvi, que pretende conservar su perfil, lo que refuerza las chances de la izquierda en el sur y el litoral.

En Salto la situación es compleja, con muchas opciones abiertas. Fue un feudo del Partido Colorado durante un siglo, salvo tres administraciones blancas y dos del Frente Amplio (2005-2010 y 2015-2020). El Frente Amplio ahora es una minoría mayor en Salto (reunió el 45,4% de los sufragios en las elecciones municipales de 2015, y 46% en el último balotaje); en tanto colorados y blancos votaron casi igual en octubre de 2019, con un registro muy significativo de Cabildo Abierto.

Entre enero y febrero deberán estar trazados todos los planes de batalla —aunque sólo sirvan para los primeros 15 minutos de batalla.

 

 

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