Más allá de las manifestaciones y cortes de ruta de los bolsonaristas reclamando una “intervención militar” para impedir la asunción del presidente electo Luis Inácio Lula da Silva, los mecanismos de la transición, que en Brasil están reglamentados constitucionalmente, ya se pusieron en marcha.
Desde la misma noche del domingo, una vez conocidos los resultados definitivos, el equipo de la coalición triunfante que lidera el Partido de los Trabajadores, comenzó a dar los primeros pasos en ese sentido.
La transición, de acuerdo con la norma, comienza con la proclamación de los resultados electorales y finaliza con la toma de posesión del nuevo presidente.
Los preparativos ya estaban en marcha incluso antes de que el presidente saliente, Jair Bolsonaro, se pronunciara sobre los resultados del balotaje, cosa que recién hizo el martes, aunque sin nombrar a Lula ni reconocer abiertamente si derrota.
En ese breve discurso, al decir que seguirá “cumpliendo todos los mandatos” de la Constitución, dio por abierto, aunque de manera elíptica el proceso de transición.
El primer paso formal para el traspaso de administración se registró el martes, cuando Lula designó a su compañero de fórmula, el vicepresidente electo Geraldo Alckimin, para coordinar el equipo de transición.
Alckmin tiene a su cargo a 50 personas, entre cuadros técnicos y políticos, para dialogar con integrantes de la administración de Bolsonaro, revisar la situación de cada ministerio y facilitar el traspaso de los espacios de gestión.
Poco después de la designación de Alckmin, el gobierno anunció por boca del ministro de la Presidencia, Ciro Nogueira, que el mandatario lo había autorizado para iniciar el proceso de transición.
El actual vicepresidente, Hamilton Mourau, también afirmó que se buscaría llevar el proceso con normalidad, más allá de los disconformes y las protestas de quienes no reconocen el resultado electoral. “Nosotros estuvimos de acuerdo en participar en un juego con otro jugador que no debería de haber jugado. Si estuvimos de acuerdo no hay nada que reclamar. A partir de ahí no tiene sentido llorar más, perdimos el juego”, dijo en una entrevista con el diario O Globo.
Mientras tanto, la coalición encabezada por Lula comenzó las negociaciones con el resto de los partidos políticos que participaron de la primera vuelta electoral.
El objetivo es buscar el mayor grado de gobernabilidad posible, dado que la coalición que gobernará a partir del 1° de enero no tiene mayoría parlamentaria – más aún, ni siquiera tiene la primera minoría – y deberá tejer acuerdos y alianzas para poder avanzar con sus planes de gobierno.
El lunes mismo, por la tarde, la presidenta nacional del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, dijo que buscará a los presidentes del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), Baleia Rossi; del Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab; y de otras agrupaciones, para discutir sobre la transición de gobierno.
A esto se añade una reunión realizada el martes con los representantes de los espacios políticos que conformaron la coalición Brasil de la Esperanza, que apoyó a Lula en los comicios, entre ellos el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), el Partido Verde (PV), Solidariedade, el Partido Socialismo y Libertad PSOL), Rede Sustentabilidade (REDE), el Partido Socialista Brasileño (PSB), Agir, Avante y el Partido Republicano de Orden Social (PROS).
De acuerdo con la titular del PT, este encuentro también es "para comenzar a organizar la transición" y para tratar las agendas que se tramitan en el Congreso.
"Hay varias agendas que se están procesando en el Congreso Nacional que son importantes para Brasil y que tenemos que discutir, hablar con este Congreso todavía. No solo el que se eligió a partir de 2023", comentó.
También se refirió a la transición: “Tenemos legislación sobre la transición, tenemos instituciones sólidas en el país y esto garantizará que hagamos la transición de gobierno, independientemente del presidente Bolsonaro", sostuvo.
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